El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid ha fallado a favor de las Marchas de la Dignidad en el contencioso que estas mantenían con la Ex Delegada del Gobierno en esas fechas y hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Además de condenar en costas, el juzgado considera «contraria a […]
El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 21 de Madrid ha fallado a favor de las Marchas de la Dignidad en el contencioso que estas mantenían con la Ex Delegada del Gobierno en esas fechas y hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Además de condenar en costas, el juzgado considera «contraria a derecho» la apertura del expediente por parte de la delegada del gobierno, al no contemplar la presunción de inocencia y por falta de «elementos probatorios».
Para las Marchas de la Dignidad el fallo de la sentencia prueba que en ningún momento los sucesos ocurridos en la multitudinaria manifestación del 22 de marzo del 2014 fueron originados por los participantes en la misma y que desde la organización de las Marchas se cumplió en todo momento con lo acordado para garantizar la seguridad de las personas que se manifestaron pidiendo una vida digna y contra los recortes del gobierno del PP con el lema «Pan, Trabajo y Techo»
Las Marchas de la Dignidad consideran que la apertura del expediente obedece a dos cuestiones, por un lado, continuar con la criminalización de las movilizaciones por las políticas del gobierno del Partido Popular y tapar la acción violenta de las fuerzas de orden público contra los pacíficos participantes en concentración del final de la manifestación en la Plaza de Colón y, por otro, la proyección notoria de la carrera política de Cristina Cifuentes.
En la sentencia queda probado lo insustancial del expediente, la falta de pruebas y las incoherencias de las declaraciones de los policías, todo ello desmontado por el propio informe de la policía que declara que la manifestación se desarrolló con normalidad y por las consistentes declaraciones de los testigos que aportan luz a lo sucedido. Para las Marchas, como dijimos en su momento, fue una acción del Partido Popular para desacreditar al movimiento que ha realizado la mayor movilización en las últimas décadas y planteado un programa para la dignidad del pueblo incompatible con los dictados de la Troika.
Por último, consideramos que el Presidente del Gobierno, Cristina Cifuentes, el Ministro del Interior y los mandos policiales que ejecutaron la violencia contra el pueblo son culpables de actuar contra los derechos fundamentales, el derecho democrático de reunión y manifestación y contra la integridad física de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos mencionados, por lo que solicitamos la asunción de responsabilidades, sus dimisiones e inhabilitaciónes para el ejercicio de cargo público.