En la Transición se inició un lento proceso de degradación de las iniciales comisiones obreras, que ha terminado haciendo de CC.OO. -junto a UGT- unas de las piezas claves para el mantenimiento de la estructura de poder de la burguesía. Su apuesta -compartida por el PCE- por la integración del Estado español en la CEE, […]
En la Transición se inició un lento proceso de degradación de las iniciales comisiones obreras, que ha terminado haciendo de CC.OO. -junto a UGT- unas de las piezas claves para el mantenimiento de la estructura de poder de la burguesía.
Su apuesta -compartida por el PCE- por la integración del Estado español en la CEE, asumiendo íntegramente el mito de que «Europa» era sinónimo de riqueza, democracia y derechos sociales y laborales, fue clave para bloquear cualquier posicionamiento de clase mínima mente riguroso.
En los años 80 se estaban implementando ya en los países europeos las políticas neoliberales, estrenadas a sangre y fuego en el Cono Sur de América Latina. Era pues evidente que lo esperable en los estados capitalistas centrales, en cuanto a políticas sociales se refiere, era exactamente lo contrario de lo que se vendía: la ampliación de los servicios públicos y de la protección social y laboral.
La integración del Estado español en la CEE primero y en la UE después supuso la destrucción del importante tejido industrial público y la privatización de las grandes empresas a precio de saldo1. En el duro proceso cínicamente llamado reconversión industrial, que implicó las destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo, la colaboración sindical fue clave para que las luchas obreras -duras muchas veces- no se unificaran. No hubo así posibilidad alguna de alterar el guión estratégico de las fracciones dominantes del capital europeo que -con la colaboración del PSOE- pretendían eliminar la competencia y ganar mercados.
Otro tanto ocurrió con las privatizaciones de las grandes empresas públicas realizadas por gobiernos PSOE y rematadas por el PP. Se transfirieron a precio de saldo monopolios que se hacían con el negocio asegurado de vender productos de primera necesidad a una clientela cautiva. La corrupción inherente llevó a una legión de exministros y ministras2 a sus consejos de administración en pago a los servicios prestados. Ex cargos públicos que sirvieron para seguir utilizando los mecanismos de coerción y corrupción del Estado para forzar la privatización de las correspondientes empresas de países latinoamericanos, como se ha visto con el escándalo del Canal de Isabel II. Todo ésto sucedió sin que, salvo en casos puntuales y por sindicatos minoritarios, se pusieran en funcionamiento -¡en la época de la globalización de las comunicaciones!- los más elementales mecanismos de solidaridad obrera internacional.
La garantía del negocio pasó sobre todo por liquidar masivamente y cuanto antes las antiguas plantillas con salarios relativamente altos y con más derechos de los que implantaba la precariedad reinante. Uno de los instrumentos ha sido el brutal mecanismo de presión para llevar a cabo el proceso de «auto-despido» que ha conllevado el aniquilamiento personal de miles de trabajadores, incluido el suicidio3. Otro ha sido la doble escala salarial que, rompiendo la unidad de clase, ha permitido la instauración generalizada de la precariedad en las grandes multinacionales procedentes de empresas públicas.
Ninguno de los dos procedimientos ha sido confrontado por los dos grandes sindicatos.
La crisis capitalista ha venido a sumarse a este tsunami destructivo de empleo y de derechos instalando una jungla de explotación salvaje y de «ejército de reserva» desesperado dispuesto a trabajar como sea.
Tras el 15 M y frente a la Cumbre Social, las Marchas de la Dignidad.
En este marco caracterizado desde el punto de vista sindical por el gran desprestigio de CC.OO. y UGT, la debilidad y la fragmentación del sindicalismo alternativo, y en un escenario de auge de la movilización popular contra la crisis, surgen las Marchas de la Dignidad.
Se construyen tras comprobar el cenagal de impotencia y engaño a que pretendía abocar al movimiento popular surgido en torno al 15M, una «Cumbre Social» que bajo el disfraz de multitud de ONG,s y «movimientos sociales» apenas encubría a los artífices del montaje: CC.OO., UGT, PSOE e IU.
Tras haber jugado el indigno papel de facilitadores y legitimadores del programa del capital, encubierto por enésima vez de la justificación de «es lo que hay y no es posible impedirlo» y arropado por quienes se encargan de hacer realidad la profecía, los hacedores de la Cumbre Social reclamaban en 2012, «la vuelta de la Europa Social», de «los aspectos progresistas de la Constitución de 1978″ y del Estado del Bienestar»4.
Para dar idea de la envergadura del montaje y de su papel distorsionador de la realidad, baste recordar que acababa de producirse la reforma del artículo 135 de la Constitución (2011), el Tratado de la Zona Euro (2012) y la Ley Orgánica 2/2012 imponiendo férreamente a todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, los objetivos del pago de la Deuda y de la reducción del Déficit5.
En este contexto se empiezan a construir en el otoño de 2013 las Marchas de la Dignidad como espacio de confluencia de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas en torno a un programa político de ruptura cuyo primer punto es: No al Pago de la Deuda, y que identifica a los gobiernos de la Troika como agentes de las políticas que asolan las condiciones de vida de la clase obrera y sectores populares.
La movilización más grande desde la Transición cerró la boca de quienes encubrían su connivencia con el poder arguyendo que «para que las movilizaciones sean masivas hay que rebajar contenidos políticos» o que «la gente no entiende lo de la Deuda y la UE».
El tiempo transcurrido no ha hecho más que reforzar la validez de los planteamientos de las Marchas. Cada vez es más evidente que la Deuda y el cumplimiento del Déficit, y en definitiva la pertenencia a la YE y al Euro, actúan como tenaza que imposibilita cualquier política alternativa. Desde los estibadores, a la lucha de los pensionistas o las políticas de gasto social de cada una de las administraciones públicas, chocan una y otra vez contra el mismo muro.
A todo ello se une la evidencia incontestable del escarnio que el gobierno de Satiriza protagonizó en 2015 y que se agiganta cada día. No sólo traicionó todos sus compromisos políticos -incluyendo el respeto al resultado del Referéndum que le exigía no acatar los designios de la Troika- sino que demostró a todos los pueblos de Europa que no hay posibilidad alguna de alternativa política en el marco de la UE y del Euro. Lo que ocurrió en Grecia no hace aún dos años, y de lo que ninguna organización de la izquierda institucional habla, sitúa al programa de las Marchas de la Dignidad como la única plataforma política del movimiento popular que hace del cuestionamiento de la UE el centro de su discurso político.
Por eso precisamente, porque ese programa político deja en evidencia los nuevos-viejos señuelos de la impotencia reformista -hoy menos creíble que nunca- las Marchas de la Dignidad están plagadas desde sus comienzos de tensiones internas. Quienes pretenden reconducirlas a lo políticamente correcto, sueñan estar en el gobierno en fecha no lejana y quisieran no encontrarse con una clase obrera y unos pueblos que van aprendiendo lo inútil y peligroso que es darse una y otra vez con el mismo muro. Y que al mismo tiempo van viendo cómo, frente a una izquierda débil y sin política alternativa, se alzan cada vez con más fuerza opciones electorales de extrema derecha.
Por ello, la reconstrucción del movimiento obrero inevitablemente debe realizarse confrontando radicalmente las políticas de colaboración de clase, entre las que la defensa de la UE y el Euro ocupa un lugar central. Líneas de demarcación como el No Pago de la Deuda (que curiosamente fue una de las primeras decisiones del Soviet de Petrogrado frente a un empréstito multimillonario suscrito por el Zar con la banca francesa), junto a la unificación de las luchas obreras y movimientos sociales son elementos clave.
Tal y como recoge el Manifiesto-llamamiento de las Marchas para el 27 de mayo6: «En la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no un simple cambio de gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear nos unamos. La construcción de poder popular exige pasos pacientes y firmes que no se dejen seducir por los cantos de sirena de falsas soluciones institucionales que tan caro pagamos en la Transición y que hoy, en el marco de la Unión Europea, son más engañosos que nunca».
Mayo de 2017
Notas:
1 http://informes.seminaritaifa.org/el-impacto-de-la-ue-en-la-industria-espan%CC%83ola/
2 http://canarias-semanal.org/not/10499/la_increible_bicoca_de_los_ex_ministros__del_ppsoe__listado_de_sus_suculentos_salarios_y_ocupaciones_/
3 Este asunto ha sido analizado recientemente por mi en un capítulo titulado «El grito», integrado en el libro colectivo Capitalismo y salud mental (2017) . http://www.cismaeditorial.esy.es/saludmental.html
4 Un lúcido análisis sobre ese proceso puede encontrarse aquí: http://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-mito-de-la-vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible
5 Un riguroso análisis de los mecanismos de coerción de la Euro-zona para imponer recortes del gasto público y privatizaciones puede encontrarse aquí: http://www.redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos
6 El Manifiesto-llamaiento completo para el 27 de mayo se puede consultar aquí: http://marchasdeladignidad.org/el-27-de-mayo-volvemos-a-madrid/
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