El desembarco de las empresas españolas en América Latina se inició en la segunda mitad de la década de los años noventa, coincidiendo con un momento de privatización de las grandes corporaciones nacionales que gestionaban los recursos naturales y los servicios públicos en el subcontinente americano. Gracias a esta expansión, empresas como Telefónica, BBVA, Repsol […]
El desembarco de las empresas españolas en América Latina se inició en la segunda mitad de la década de los años noventa, coincidiendo con un momento de privatización de las grandes corporaciones nacionales que gestionaban los recursos naturales y los servicios públicos en el subcontinente americano.
Gracias a esta expansión, empresas como Telefónica, BBVA, Repsol YPF o Endesa se han convertido en multinacionales y tienen hoy una posición privilegiada en América Latina, especialmente en el sector de los servicios (banca, telefonía, energía, etc). Posición que no han conseguido sólo por sus éxitos empresariales, sino que desde el principio han contado con la ayuda de los diferentes gobiernos españoles y, sobre todo al principio, con la de los gobiernos de los países en los que se instalaban, que les ofrecían unas condiciones preferentes.
Con la lógica del mercado capitalista y neoliberal como bandera, han conseguido grandes beneficios para su accionariado, pero no para la población de estos países. La internacionalización de las empresas españolas, que muchos han denominado como «reconquista de América», ha dejado tras de sí una amplia lista de consecuencias sociales, ambientales y culturales, siendo la población indígena una de las más afectadas al verse desplazada de sus territorios originales.
Los grandes dividendos obtenidos por las grandes transnacionales no han repercutido en un aumento del desarrollo en estos países, sino todo lo contrario, ya que su actividad y sus políticas vulneran los derechos fundamentales de las poblaciones y no han contribuido a solucionar las graves desigualdades que allí existen.
Frente a este hecho, en los últimos años hemos visto renacer también un espíritu de resistencia, de lucha contra el «conquistador». Resistencia desde la sociedad civil, a través de la organización y unión de las poblaciones afectadas; y resistencia desde algunos gobiernos, como los de Bolivia, Venezuela y Ecuador, que han iniciado procesos de recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales.
Pero las transnacionales no se han quedado paradas ante estas luchas, sino que han creado herramientas para combatirlas, como la de la Responsabilidad Social Corporativa. Instrumento con el que pretenden revestir sus acciones de un cierto carácter «ético». Pero, ¿realmente tienen como nuevo objetivo respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo? O, por el contrario, ¿siguen teniendo como fin ampliar sus beneficios llegando a mayores segmentos del mercado aunque sea a costa de los derechos de las mayorías sociales de la región?
El reto sigue siendo someter la actividad de las multinacionales a los derechos humanos, que éstos estén en la cúspide normativa del Derecho Internacional. Por el momento es una meta que parece lejana, pero instrumentos como el del Tribunal Permanente de los Pueblos y sus sentencias contra las prácticas de las transnacionales; la organización de los afectados para una lucha común; y la acción de una sociedad civil cada vez más concienciada (como se pudo ver en la IV Cumbre de los Pueblos – «Enlazando Alternativas» celebrada el pasado mes de mayo en Madrid) pueden terminar imponiendo una lógica diferente a la del mercado, una lógica que priorice el respeto a los derechos humanos y contribuya a desmantelar el poder de las transnacionales como forma de proteger a los pueblos y al planeta en el que vivimos.