Junts, PP y Vox se resisten a la reforma de la Ley de Extranjería que propone el gobierno para regular el “reparto” territorial de las personas menores no acompañadas que llegan a Canarias.
Por si no fuera suficiente duro pasar por un proceso migratorio cuando ni siquiera se ha alcanzado la edad adulta, los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a territorio europeo se convierten con frecuencia en el centro de un debate político deshumanizante, con formaciones políticas que los instrumentalizan para sus fines partidistas.
Ante la situación de desborde a la que apunta el gobierno canario frente a un incremento de menores que arriban sin compañía de adultos al archipiélago, el gobierno ha requerido de la solidaridad del resto del estado para recibir a este grupo. Para ello, ha trabajado en una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de permitir que, una vez los recursos de acogida de una comunidad autónoma estén comprometidos más allá del 150 %, niños, niñas y adolescentes puedan ser derivados a otros territorios del estado. Los criterios para este “reparto”, tendrían que ver con factores como el PIB y la población ya residente en estos territorios, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2022.
No parece que la modificación vaya a ser fácil ante las reticencias enarboladas por algunos partidos. El sábado 6 de julio era la propia vicepresidenta, la socialista María Jesús Montero, quien en un vídeo enviado a los medios de comunicación instaba al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a decirle “a las comunidades autónomas donde gobiernan que sean solidarias con Canarias, donde ellos también gobiernan, es lo único que tiene que hacer el PP”.
Se calcula que 5.645 de niñas, niños y adolescentes habrían llegado a las costas Canarias en los primeros seis meses del año, frente a los 5.868 para los que se dictaron medidas de protección durante todo el 2022. Así, el ejecutivo autonómico, con Coalición Canaria a la cabeza y el Partido Popular en la vicepresidencia, lleva tiempo reivindicando apoyo para afrontar una situación que su actual sistema protección no tendría medios suficientes para atender.
Del mismo modo que los países del bloque de extrema derecha de la Unión Europa se han mostrado reacios a admitir las llamadas “medidas solidarias” para “repartir” a las personas que llegan a territorio europeo, algunas comunidades autónomas, pronunciándose desde el marco que identifica la presencia de personas migrantes, y en particular menores no acompañados como un problema, se resisten a asumir su parte.
El gobierno plantea introducir de manera vinculante la obligación de las comunidades autónomas de recibir menores provenientes de la frontera sur con su reforma del Reglamento de Extranjería, una modificación que aún no estaría cerrada y cuyo contenido debería trabajarse el próximo 10 de julio, en una nueva Conferencia Sectorial a la que están invitadas todas las comunidades.
El primero en desmarcarse de la llamada del gobierno central a establecer un mecanismo de reparto fue Junts, el pasado 27 de junio, pidiendo que se exima a Catalunya de un hipotético reparto obligatorio, pues aducen que esto choca con las negociaciones actuales con el ejecutivo para traspasar a esta comunidad autónoma las competencias de migraciones.
La derecha no se quedaba atrás, Alberto Núñez Feijóo afirmaba el pasado martes 2 de julio en una entrevista —en la que usaba el acrónimo MENA, que ha sido señalado como estigmatizante por su carga negativa— que el gobierno trasladaría niños, niñas y adolescentes en avión a península para después dejarles pululando por las ciudades, reproduciendo un bulo que conecta con los estereotipos que identifican a este colectivo como una amenaza para la seguridad.
A la derecha del PP, Vox, hacía valer el pasado viernes su experiencia en la instrumentalización de la infancia y adolescencia migradas para perseguir sus fines, anunciando que rompería todo pacto de gobierno con sus socios en caso de que aceptaran coordinarse con el ejecutivo en la recepción de estos menores.
El Observatorio contra el Racismo muestra el auge de discursos de odio contra los niños, niñas y adolescentes no acompañados, siendo el principal colectivo objeto de esta violencia simbólica en redes
Discurso político y racismo
A finales de junio se aprobaba la memoria anual sobre discursos de odio del OBERAXE, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. El 2 de julio, en nota de prensa, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alertaba del auge de discursos de odio contra los niños, niñas y adolescentes no acompañados, siendo principal colectivo objeto de esta violencia simbólica, según revela el monitoreo del Observatorio, que señala la deshumanización a la que se ven sometidas estas personas en las plataformas online.
En este sentido, la ministra Elma Saiz expresaba en la presentación de resultados del informe: “además de lo que supone el discurso racista y de odio contra la población migrante, a estos casos se les añade el plus de que se trata de niños y niñas sin la tutela de sus progenitores o familiares, en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Los datos, que se han recabado de X/Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, mostrarían que sobre todo (en un 45,5% de los casos) se relaciona a este colectivo con la inseguridad, y en más de la mitad de las ocasiones se usa un discurso agresivo explícito. Discursos que además se expanden en impunidad, pues menos de la mitad de los casos identificados fueron retirados de las redes tras haber sido señalados. Las denuncias de la ciudadanía en general tienen poca repercusión para eliminar este tipo de contenidos.
La memoria demuestra que la estigmatización de las personas que proceden del Norte de áfrica, junto a quienes practican el Islam, son los dos rasgos más prevalentes en dichos discursos de odio, que confluyen justamente en la segunda población extranjera residente en el país, con cerca de 800.000 personas, la marroquí. El OBERAXE apunta a una mezcla de estereotipos históricos y contemporáneos prejuicios —que relacionan a las personas musulmanas con el terrorismo yihadista— como sustento de estos discursos.
En total, el Observatorio parte de 2.655 casos detectados de contenido de odio, el 53,7% es deshumanizante, y el 21,6% incita directamente a la expulsión de las personas señaladas. El mecanismo sobre el que se articulan estos discursos es sencillo: se señala un incidente de inseguridad (da lo mismo que sea real o ficticio) y a partir de ahí se generaliza. Así pasa en cuatro de cada diez casos. Este tipo de asociación habilita los discursos agresivos señalados.
Piden garantías para la infancia y adolescencia migrada
Por su parte, el pasado 5 de julio la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) expresaba su preocupación ante esta creciente estigmatización de los menores que viajan solos. En total son 70 organizaciones las que integran esta entidad, y reclaman garantías para este colectivo en la Reforma de la ley de extranjería que se está preparando por parte del Gobierno.
La Plataforma señala que “la saturación del sistema de protección de Canarias (…) no permite garantizar los derechos de la infancia no acompañada” y agradece que se estén dando pasos para afrontar el problema, sin embargo, recuerda que, más allá del marco de la urgencia y la necesidad de dar soluciones a corto plazo “la respuesta ha de ir de la mano de un fortalecimiento de los sistemas de protección de manera estructural, trabajando en la prevención y en la capacidad de responder con celeridad ante situaciones de emergencia, garantizando la calidad de los recursos en todo el territorio de manera equitativa y corresponsable”.
Y es que, recuerda la Plataforma, entre estos niños y niñas hay numerosos casos susceptibles de recibir protección internacional al proceder de zonas de conflicto como Mali, o haber sufrido situaciones como violencia de género o vulneraciones de derechos humanos, casos en los que podrían acogerse a asilo. Respecto a la mirada estructural y a largo plazo la POI pide que las soluciones se puedan aplicar en cualquier territorio receptor, instando a una homogeneización del trato entre las distintas autonomías, así como solicita que se incluyan medidas de contingencia que puedas servir para responder a momentos de mayor llegada de personas migrantes.
La Plataforma de Organizaciones de Infancia exige que la administración que gestione los traslados de niñas, niños y adolescentes migrantes tenga por misión la protección de la infancia, y no el control de fronteras
Por ello insta a que la reforma de la Ley de Extranjería que se debatirá en la conferencia sectorial de infancia, combine la agilidad con la garantía de la no discriminación de estos niños, niñas y adolescentes. Esperan asimismo que la reforma diluya ambigüedades y concrete en su articulado los protocolos a seguir, en lugar de apelar a otros procedimientos.
Para fortalecer las garantías jurídicas la POI ofrece una batería de propuestas para la fase previa a los traslados, la primera de ella es “la presunción de minoría de edad y el beneficio de duda a favor del niño o la niña en todo momento”. Aconseja así mismo otorgar la guarda provisional para todos los niños y niñas, permitiendo el ingreso inmediato a recursos residenciales del sistema de protección en igualdad de condiciones que el resto de niños y niñas tutelados.
Consideran también fundamental una pronta asistencia letrada, que garantice el derecho de la infancia a ser escuchada en todas las decisiones, incluida aquella relativa a qué Comunidad Autónoma serían trasladados los menores. Además apuestan por una evaluación preliminar para identificar qué necesidades pueden tener, especialmente en el caso de esos niños que necesitan protección internacional. Destacan sobre todo la importancia de que la Administración pública que gestione los traslados tenga por misión la protección de la infancia, frente a otros intereses como el control de fronteras.