Hoy España, incluyendo Catalunya, vive un momento histórico de gran agitación social. Nunca desde el inicio de la democracia se vio tanta gente (en su gran mayoría procedente de las clases populares, es decir, de las clases trabajadoras y de las clases medias) en la calle protestando por las políticas impuestas por unos gobiernos que […]
Hoy España, incluyendo Catalunya, vive un momento histórico de gran agitación social. Nunca desde el inicio de la democracia se vio tanta gente (en su gran mayoría procedente de las clases populares, es decir, de las clases trabajadoras y de las clases medias) en la calle protestando por las políticas impuestas por unos gobiernos que no tienen mandato popular (pues no estaban en sus programas electorales) para realizarlas. Tales políticas son un ataque frontal -con sus recortes de derechos laborales y sociales- al Estado del Bienestar en España, incluyendo Catalunya. Existe hoy un sentimiento generalizado de hartazgo hacia los establishments políticos y mediáticos que han estado gobernando este país y que han perdido toda la legitimidad (los primeros) y credibilidad (los segundos) debido a su aprobación y promoción de tales políticas.
El grado de desaprobación de estas políticas es enorme, la impopularidad de la clase política gobernante es elevadísima y el desapego hacia las instituciones mal llamadas representativas es generalizado. Nunca antes, desde que se estableció la democracia en España, tales instituciones habían sido tan cuestionadas. Y este cuestionamiento deriva de una preocupación ampliamente compartida entre las clases populares de que estas instituciones llamadas representativas no están en realidad representando sus intereses. El famoso eslogan del movimiento 15-M «No nos representan» tiene gran resonancia entre las clases populares. La distancia entre lo que la población desea y lo que sus representantes en las Cortes Generales o en el Parlament aprueban ha alcanzado unas dimensiones más que preocupantes. De ahí que la protesta de los gobernados frente a los gobernantes surja de un compromiso profundamente democrático. La mayoría de la población cree que las instituciones representativas no son ni suficientemente representativas ni democráticas. Y la evidencia que avala tal preocupación es sólida y robusta. No hay ninguna duda de que la población lleva razón. De ahí que la gente esté en la calle. La agitación social es la respuesta diaria a esta situación.
Este hartazgo se ha presentado no sólo a nivel social, sino también, en el caso de Catalunya, nacional. Una parte creciente de la población, incluyendo sectores importantes de las clases populares, ha expresado su hartazgo hacia el establishment español, basado en Madrid, que, a través de varias intervenciones (tales como la nefasta decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya), ha fomentado una protesta que demanda que sea la nación catalana la que decida sobre su futuro, cansada ya de la insensibilidad del Estado central español, basado en Madrid, hacia la realidad de que España es una entidad plurinacional.
El porqué de esta agitación social y nacional
Un análisis no idealizado de nuestra historia señala claramente las raíces de estos problemas. Una de ellas ocurrió en los años treinta. Fue durante la II República cuando hubo un intento serio de hacer las reformas sociales y del carácter del Estado español para iniciar las transformaciones profundas que España requería. El dirigente obrero catalán el Noi del Sucre, en un discurso en Madrid, lo dijo claramente cuando acentuó que la lucha social y la nacional están entrelazadas, exigiendo reformas en ambos frentes. El golpe fascista de 1936 tenía como objetivo, precisamente, parar y retroceder en estas reformas, lo cual hizo con una brutalidad sin precedentes en la historia de Europa de aquel periodo. Incluso los agentes de represión nazi se sorprendieron de tanta crueldad. Era el intento de los poderes económicos, financieros, religiosos y militares que siempre han dominado la historia de España, incluyendo Catalunya, de no perder sus privilegios. Fue una lucha de clases, realizada primordialmente por la burguesía en contra de la clase obrera, encaminada a eliminar físicamente a toda voz crítica y a sembrar el miedo (que, por cierto, todavía continúa) entre las clases populares.
Pero, además de una guerra de clases, fue una lucha para eliminar las naciones catalana y vasca, realidad que no se reconoce todavía hoy. El sueño de aquel régimen fue eliminar tales naciones, convirtiéndolas en regiones de España. Recordaré siempre cuando las tropas fascistas (que para mayor ofensa se autodefinían como nacionales) entraron en el pueblo donde mis hermanos y yo estábamos con mi madre (mi padre estaba en el frente, defendiendo la República española) y mataron a diestro y siniestro, con un odio hacia lo catalán. Esto no se conoce o entiende y, todavía menos, se siente, en la mayor parte de España.
La dictadura fue una dictadura sobre todo de clase, pero también de nación. En Catalunya, la burguesía, incluida la nacionalista, apoyó el golpe fascista, tal como el Noi del Sucre había profetizado, y la clase burguesa catalana, incluyendo la nacionalista, se benefició de la dictadura. Los sectores realmente dañados por tal dictadura fueron las clases populares.
La transición inmodélica
El segundo momento histórico fue la transición que se hizo en condiciones muy favorables a la Nomenclatura del Estado dictatorial y de las fuerzas conservadoras que controlaban, además del Estado, los instrumentos de formación ideológica, desde las escuelas y universidades a los medios de mayor difusión. Las izquierdas, sin embargo, que lideraron a las fuerzas democráticas, acababan de salir de la cárcel, de la clandestinidad o del exilio. No era una situación equilibrada ni de lejos. Era profundamente desigual. Y aún cuando la dictadura murió, como resultado de una enorme agitación social (España vio en aquel periodo el mayor número de huelgas existente en Europa), esta agitación liderada por el movimiento obrero no tuvo la suficiente fuerza como para romper con el Estado anterior. Su dimensión política -los partidos políticos de izquierda- tenía muy poco poder.
Fue, pues, una transición que reflejaba un enorme desequilibrio de fuerzas. El producto final (desde la Constitución a las leyes electorales) refleja este desequilibrio, pues la democracia que la transición estableció es una democracia enormemente sesgada, insuficiente y de baja calidad. Desde la elevada corrupción («no hay pan para tanto chorizo») hasta la limitadísima diversidad ideológica de los medios (con clara discriminación a las izquierdas) muestran esta realidad.
Es profundamente erróneo, por lo tanto, mantener el respeto a la Constitución que detecto en amplios sectores, incluso de las izquierdas. Tal Constitución tiene un escasísimo contenido social y participativo. Y no reconoce (por mucho que se diga) la plurinacionalidad de España. No permite una plena participación de la ciudadanía en la gobernanza del país, ni permite tampoco el derecho a la autodeterminación de las naciones catalana y vasca. Hoy los referéndums de todo tipo (a nivel autonómico y local) ni existen ni se les espera. Y la legítima demanda de Catalunya de autodeterminación ha causado una gran hostilidad (como era predecible) en el establishment español (centrado en Madrid). Las izquierdas en Catalunya y en España (incluyendo, por cierto, el PSOE) siempre reconocieron el derecho de autodeterminación de Catalunya. ¿Dónde está hoy esa izquierda?
Autodeterminación no es independencia
Autodeterminación es la potestad de la población en una nación de determinar su propio presente y futuro. Tal derecho es inherente en la cultura democrática de un país y nación. Y en esta decisión puede incluirse, entre otras alternativas, el derecho de independizarse y escindirse, si así se desea, del resto de España, realidad que hoy, constitucionalmente, no puede ocurrir. De ahí que recurrir a la legalidad como condición indispensable para que pueda llevarse a cabo una reforma que permita esta alternativa sea imposible con la presente Constitución, resultado de la transición inmodélica.
Por otra parte, las propuestas iniciales de CiU y ERC, hechas hace unas semanas, llamando a la autodeterminación eran claramente una llamada a la independencia, lo cual disminuye la posibilidad de conseguir una amplia mayoría en Catalunya a favor de la autodeterminación, que es el principio fundamental para que Catalunya pueda afianzarse como nación. Tal autodeterminación es clave para conseguir la identificación como nación. De ahí que deba realizarse, ya sea legal o ilegalmente. La desobediencia civil, por cierto, es parte del proceso democrático. Los negros de EEUU irían, todavía hoy, en el fondo del autobús si no hubiera habido una campaña masiva de desobediencia civil.
Como ejercicio del derecho a la autodeterminación, hay que incluir la selección de varias alternativas, siendo una de ellas la independencia. Y hasta que no se permita el ejercicio de la autodeterminación, no se sabrá si la población catalana desea o no la independencia. El hecho de que se diga que un millón y medio de catalanes salieron a la calle no puede considerarse que sea la prueba de que el pueblo catalán quiera la independencia, por mucho que la televisión pública de la Generalitat, instrumentalizada por CiU, lo afirmara antes, durante y después de la manifestación del 11 de septiembre. Sin ninguna promoción en tales medios (en realidad, con su gran hostilidad), hubo meses antes una manifestación organizada por el movimiento 15-M, que también llenó las calles de Barcelona. Catalunya y Barcelona, como rasgo de su carácter nacional, siempre han salido a la calle siguiendo su conciencia cívica y democrática, de una forma pacífica y con ánimo festivo.
No trivializo la marcha del 11 de septiembre, ni idealizo la marcha del 15-M. Pero la mejor expresión de lo que la ciudadanía desea es a través de las urnas y en un proceso competitivo que debe incluir una exposición abierta y plural por parte de los medios. La democracia no funciona sin pluralidad mediática. Y hay muy poca pluralidad mediática en Catalunya y en España hoy. Y hasta ahora nadie sabe qué es lo que la ciudadanía desea. Las encuestas (del signo que sean), como los medios, están claramente instrumentalizadas en nuestro país. Es el voto, lo que cuenta.
No se acepta la plurinacionalidad del Estado español
Muchas voces en España han indicado que la independencia debe ser votada por todos los españoles. Me sorprende que voces de izquierda se hayan añadido a esta petición. Será el pueblo catalán, si se le permite que se exprese, el que tendrá que opinar. Y si opina que quiere escindirse, tendrá que negociar con el Estado español las condiciones de su salida, teniéndose que refrendar estas condiciones a nivel de España. Pero me parece una negación del carácter plurinacional que a una nación se le prohíba, por la entidad a la que hasta ahora pertenece, que pueda ejercer su derecho de autodeterminación. Ni que decir tiene que si Catalunya, en el ejercicio libre de su voluntad, deseara separarse de España, ello ocurriría tras una previa negociación. Pero supeditar a la aprobación de toda España el derecho a decidir y, si se escoge, a escindirse, es llevar a un conflicto eterno pues, si España decidiese en contra y Catalunya a favor, se crearían las bases para un conflicto civil de gran hostilidad de amplia envergadura que se resolvería por las fuerzas armadas del Estado español, como siempre ha ocurrido.
Escribo estas líneas desde el punto de vista favorable a la autodeterminación tal como las izquierdas, tanto catalanas como españolas, siempre han favorecido. Y por mera coherencia democrática, exigiría que la independencia fuera una de las alternativas, sin necesidad de aclarar o supeditar tal independencia a su permanencia en la Eurozona, Unión Europea o lo que fuera. Yo no votaría por la independencia, pues me siento, además de catalán, español. Y he dado amplia prueba de ello a lo largo de mi existencia. Pero que el voto independentista crezca, depende primordialmente del resto de España. La negación de la autodeterminación llevará sin ninguna duda al deseo de independencia. Cuantas más voces se opongan a la autodeterminación y cuantas más voces insistan en que tiene que ser toda España la que vote sobre si Catalunya puede o no ser independiente, más amplio será el apoyo al independentismo. La falta de aceptación de la plurinacionalidad de España es la mayor causa del independentismo.
El error de las izquierdas (incluidas las catalanas)
En un momento único de la historia de España en que hay una gran agitación en la calle a lo largo de todo el territorio español en contra del establishment español centrado en Madrid existe un gran peligro de que existan estas divisiones entre las fuerzas democráticas anti-establishment. Las existentes en Catalunya deberían concienciarse de que, sin la complicidad de las fuerzas españolas alternativas a las del establishment español, les será más difícil poder alcanzar la autodeterminación, y todavía más, la independencia. Ahora, más que nunca, es importante descubrir los muchos elementos de comunalidad entre los movimientos anti-establishment, tanto de carácter social como nacional. Fue el Noi del Sucre el que llamó a todos los pueblos y naciones de España a rebelarse frente a las alianzas de las clases dominantes a los dos lados del Ebro. No establecer lazos de complicidad, e incluso fraternidad, en los movimientos antiestablishment a los dos lados del Ebro en este periodo, es un error histórico que dificultará la realización de la democracia también a los dos lados del Ebro.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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