En el segundo semestre de 2016 se han iniciado en los registros de la propiedad del estado español 6.398 ejecuciones hipotecarias -paso previo al desahucio- en viviendas habituales, lo que supone un 4,6% más que en el primer trimestre y un 26,2% menos que en el segundo trimestre de 2015. Pocas fechas antes que el […]
En el segundo semestre de 2016 se han iniciado en los registros de la propiedad del estado español 6.398 ejecuciones hipotecarias -paso previo al desahucio- en viviendas habituales, lo que supone un 4,6% más que en el primer trimestre y un 26,2% menos que en el segundo trimestre de 2015. Pocas fechas antes que el INE hiciera públicas estas cifras, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Cataluña anunciaron una ruptura de las negociaciones con el fondo de inversión Blackstone, uno de los principales del mundo. Los grupos antidesahucios sostienen que, tras más de un año de negociaciones, Blackstone continúa sin dar respuesta favorable a ninguna de las reivindicaciones de la PAH; No sólo decenas de casos permanecen bloqueados, sino que el fondo estadounidense desarrolla «prácticas mafiosas», hasta el punto que las familias han sido «extorsionadas», «amenazadas», «engañadas» y «ninguneadas» de manera sistemática, asegura la plataforma.
En abril de 2015 Blackstone adquirió la cartera hipotecaria con los activos considerados «dudosos» de CatalunyaCaixa, por 4.123 millones de euros, según informó la Agencia Efe. El mecanismo utilizado consistió en transferir las hipotecas a un fondo de titulización de activos. En la operación el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tenía la propiedad de Catalunya Banc, aportó 524,9 millones de euros. De ese modo, Blackstone asumió una «cartera» de hipotecas «problemáticas» valoradas en unos 6.400 millones de euros, por la que también se interesaron al menos una docena de grupos inversores. La gestión y administración de estos préstamos correría a cargo de Anticipa, filial del fondo norteamericano. CatalunyaCaixa fue una entidad recapitalizada y saneada con más de 13.000 millones de euros de ayudas públicas, antes de ser adquirida por el BBVA en julio de 2014 por 1.130 millones de euros. Sin embargo, según Expansión, que citaba a fuentes del sector financiero, el coste final de la operación para el BBVA podría rondar los 600 millones de euros.
Las PAH de Cataluña aseguran que Blackstone ha contratado a una empresa externa, que visita los domicilios de las personas hipotecadas y a las que amenaza con el desahucio si éstas no abandonan la vivienda. También «chantajean a las familias con un remanente en su deuda si solicitan un alquiler», aseguran los grupos antidesahucios. El fondo de capital, añaden, prefiere el acoso telefónico a las ofertas por escrito, a las que sólo acceden tras una presión continuada. Otra de las denuncias tiene relación con las «daciones» en pago: no son reales, ya que la deuda se cancelaría -según denuncia la PAH- sólo en caso de abonarse todos los meses el alquiler de la vivienda y si el afectado la abandona al finalizar el contrato. De lo contrario, la deuda vuelve a activarse. Además, se presiona a las familias con la amenaza de embargo de las cuentas y desahucios, sin que se haya activado siquiera el proceso de ejecución hipotecaria.
Las plataformas califican de «vejatorio» y «humillante» el trato de los denominados ‘gestores’ a las personas; en algunos casos el fondo inversor «se aprovecha de la angustia» de los afectados, a quienes ofrece dinero para que abandonen las viviendas. En cuanto a los alquileres, se señala la inclusión de cláusulas abusivas que abren la posibilidad a futuros incrementos; y se asegura que las personas se ven forzadas a aceptar arrendamientos por encima de su capacidad de pago, para lo que han de solicitar las ayudas necesarias («obligándoles por contrato» a ello). Por último, «tienen el cinismo de obligarnos a atender un programa de reinserción laboral, al tiempo que nos dejan deudas de por vida». Tras la ristra de denuncias, las PAH de Cataluña y las familias afectadas resolvieron el seis de septiembre dejar de reunirse y responder a las llamadas o correos electrónicos de Anticipa/Blackstone hasta que esta sociedad atendiera las reivindicaciones de las plataformas. Estas pueden resumirse en la dación en pago «a cero», sin condicionantes ni remanentes; el alquiler social sin «chantajes» ni cláusulas abusivas; la mejora en los protocolos de atención telefónica de Anticipa/Blackstone, es decir, sin amenazas ni trato vejatorio; y la constitución de oficinas de la empresa en cada capital de provincia, en las que los afectados puedan exponer sus casos. El último de los puntos consiste en satisfacer las demandas en todo el estado español. «No cederemos ante las prácticas mafiosas de Anticipa/Blackstone», concluyen.
Otra de las entidades señaladas por las plataformas antidesahucios de Cataluña es el BBVA. A finales de julio, las plataformas ocuparon una oficina de la entidad financiera en la Plaça Catalunya de Barcelona, con el fin de forzar una solución a la situación de ocho familias. Un mes antes comenzaron las concentraciones diarias frente a diferentes oficinas del banco. Además de lanzar un videoclip de denuncia (rodado durante la ocupación de una sucursal), los activistas calificaron de «criminales» las políticas del banco, «preocupado sólo por amasar beneficios millonarios». La acción se conectaba con otra que tuvo lugar el pasado 16 de marzo, cuando investigadores y activistas de la campaña «BBVA sin armas» del Centre Delàs d’Estudis per a la Pau y Setem intervinieron en la Junta General de Accionistas de la entidad, celebrada en Bilbao. Allí recordaron que el BBVA financia a ocho compañías fabricantes de armas nucleares y a siete de las empresas de armas españolas más destacadas. El banco es también líder respecto a inversiones en armamento en el estado español, con más de 3.000 millones de euros entre 2011 y 2015.
Se apuntó también la responsabilidad del BBVA en el freno a algunas iniciativas que representan avances sociales. En concreto, las presiones del banco para que el gobierno central presentara un recurso contra la Ley 24/2015 sobre desahucios y la pobreza energética, aprobada por el parlamento catalán tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH y otros movimientos sociales. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso, y suspendió de manera cautelar una parte de la ley. El pasado 29 de abril el periódico digital Vozpópuli aportó algunas claves. Durante varios meses, el BBVA mantuvo negociaciones para la venta de una «cartera» hipotecaria valorada en 1.500 millones de euros. Según estas informaciones (desmentidas por el banco), grandes fondos de inversión internacionales se hallaban sentados en la mesa de negociación. Los contactos se habrían ralentizado a la espera de que el gobierno de Rajoy interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, como finalmente ocurrió. «BBVA se encomienda a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones», tituló Vozpópuli.
Ante tales maniobras, los activistas que ocuparon la sucursal bancaria en Barcelona fijaron sus prioridades. Demandas de mínimos, ante las vidas que estaban en juego. La dación en pago y el alquiler social para Liliana y Mercedes, que se hallaban en paro y sin recursos para afrontar la hipoteca; quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania, con el fin de que pudieran conservar sus viviendas; nulidad del Índice de Referencias de Precios Hipotecarios (IRPH) de Ana, Goyo y Sergio, por «opaco», «manipulable» y porque podría conducir al desahucio. Y la condonación de la deuda de Anna, como avalista. El BBVA ha respondido a estas situaciones con lo que las PAH llaman «lavado de imagen». El cuatro de julio el banco firmó con la Generalitat un acuerdo que consistía en la cesión de 1.800 viviendas para familias con escasos recursos de Cataluña, con alquileres por un máximo de cinco años a precios entre 150 y 300 euros. La directora de BBVA-España, Cristina de Parias, afirmó que el acuerdo es «un ejemplo de respuesta integral y ambiciosa». El presidente Carles Puigdemont se felicitó porque las entidades financieras «han entendido que deben corresponsabilizarse». Y la PAH, ante la profusión de titulares y fotografías, recordó que según el informe de «Emergencia Habitacional» realizado por la plataforma en 2013, el BBVA era la entidad que, tras Bankia, más desahucios practicaba.
El tres de agosto Mireia, vecina de Vilagrassa (Lleida) de 34 años, en paro y con tres hijos de 7, 10 y 15 años tuvo que declarar ante el juez de primera instancia de lo penal de Cervera (Lleida), por un delito de usurpación. La acusación fue planteada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o «banco malo». Su pareja, José Manuel, ha estado siete años en el desempleo antes de trabajar seis meses para los ayuntamientos de la zona. «Les quisieron desahuciar por no poder pagar el alquiler», explica la PAH de Urgell-Segarra, plataforma de la que la Mireia y José Manuel son activistas. Ambos decidieron rehabilitar una casa, deshabitada desde hace ocho años y en grave deterioro, que en primera instancia pertenecía al Banco Santander y en 2009 pasó a manos de la SAREB. «No vamos a permitir que se acuse a un ciudadano por un delito que implica años de cárcel, sólo por el hecho de recuperar una vivienda del total abandono», concluye la PAH de Urgell-Segarra. «Para la banca no tiene ningún valor económico».