Organizaciones y colectivos antirracistas de Madrid convocaron, el pasado 31 de marzo, una movilización para denunciar la violencia policial y el racismo institucional en la plaza de Lavapiés (Madrid); dos días antes, el activista Serigne Mbaye –entre otras fuentes- difundió el vídeo con un policía nacional que inmovilizaba en el suelo -de modo violento- a una persona de origen africano.
El audiovisual mostraba, a continuación, cómo otro agente golpeaba con la porra a la citada víctima, que permanecía tendida en la acera; el mismo policía agredió a un ciudadano negro que presenciaba los hechos.
En abril de 2023, la plataforma Es Racismo denunció, también en la plaza de Lavapiés, un episodio de abusos y violencia policial contra personas migrantes; dos de ellas resultaron finalmente detenidas por la policía municipal (alcaldía de José Luis Martínez-Almeida, del derechista PP).
El Centre per la Defensa dels Drets Humans-Irídia y Rights International Spain (RIS) han publicado en diciembre el informe Racismo Policial en el estado español. Un análisis cualitativo del sesgo racial en la práctica de parada, identificación y registro policial.
“La perfilación racial por parte de la policía es un primer contacto que puede derivar en vulneraciones de derechos más graves, como actuaciones desproporcionadas, malos tratos y/o torturas”, destacaron Irídia y RIS.
Los dos autores del informe, Youssef M. Ouled y Siham Jessica Korrife, añaden que las instituciones niegan la existencia de estas prácticas, a lo que se agrega la creación de una cultura de la impunidad; ello hace más difícil la denuncia de los abusos por parte de las víctimas (sobre todo las personas en situación oficialmente considerada irregular).
El reporte pone como ejemplo unas declaraciones del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en junio de 2020; preguntado por el racismo policial/institucional, el político y magistrado, electo por las filas del PSOE, negó su existencia; pidió que se evitaran las generalizaciones y calificó como “anecdóticos” los episodios de discriminación.
Se da la circunstancia que, también en junio de 2020, el periódico La Directa difundió un audio que recogía la agresión, por parte de los Mossos d’Esquadra, a un joven migrante ocurrida un año antes en Manresa; tras solicitarle la documentación, los policías vejaron al muchacho negro, de 20 años, en los siguientes términos:
“Delante de la policía no se corre, siéntese en el suelo; como vuelvas a correr te rompo la cabeza; tú eres un mono, hijo de puta, negro de mierda; pues venga al coche (…)”; además la grabación se hacía eco del llanto y los gritos de la víctima, al sentir el dolor y los efectos del ahogamiento.
Irídia y RIS recuerdan que ya en 2021, un centenar de organizaciones sociales remitieron una carta a Grande-Marlaska para que los cuerpos policiales dejaran de usar perfiles raciales.
En la misiva, de la que dio cuenta Europa Press el 18 de marzo, las ONG exponían que las citadas prácticas dan lugar a “situaciones traumatizantes y humillantes que generan indefensión, inseguridad, impunidad y afectan a personas que prefieren no transitar determinadas zonas, ni salir de sus barrios e incluso, no salir de su casa por miedo”.
Las identificaciones por perfilamiento racial se producen en todos los países de la UE, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).
Numerosos organismos se han pronunciado contra estas actuaciones; así lo hizo, en abril de 2021, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; en 2018, respecto al estado español, un informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, siglas en inglés); asimismo en 2018, el Grupo de Trabajo de Expertos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y un año después el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo.
El documento de RIS e Irídia incluye un recuadro con fuentes y datos de interés sobre las paradas; Ser negro en la UE, publicado en 2018 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, revela que el 24% de las personas encuestadas fueron detenidas en los cinco años anteriores; entre el colectivo de entrevistados, “el 41% consideró que la parada fue por perfilamiento racial”.
Sobre las posibles comparativas en el estado español, un trabajo de referencia es el editado en 2013 por la Universitat de València; así, las personas gitanas fueron identificadas por la policía hasta 10 veces más que las personas blancas; 7,5 en el caso de las personas magrebíes, y hasta 6,5 veces más en las afrolatinoamericanas.
De modo similar, un informe de 2020 sobre La crisis sanitaria del COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España, de RIS y el Equipo de Implementación Afrodescendientes de Naciones Unidas, remarcó: 33 de las 47 personas entrevistadas –más del 70%- denunciaron identificaciones por perfil racial.
Un caso concreto, entre la pluralidad de ejemplos, es el de un joven procedente de Estados Unidos, C.I., quien señaló –en junio de 2020- maltrato y torturas por parte de la Policía Nacional en el distrito madrileño de Carabanchel; las ONG dieron cuenta de la agresión -“humillarle por su color de piel y su nacionalidad, empleando el terror, la violencia y penas corporales (…)”- al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).
“Hay una población a la que se continúa criminalizando”, afirmó –en marzo de 2022- la coordinadora de la iniciativa Pareu de parar-me de SOS Racisme-Catalunya, Kaire Ba Dejuan; la conclusión se basaba en los resultados del estudio realizado por la ONG a partir de las identificaciones de los Mossos d’Esquadra (Pareu de parar-me. Vigilància 2.0): por cada ciudadano español identificado en 2021, se requerían los datos personales a 3,48 de origen extranjero.
Asimismo en Cataluña, el Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) de Irídia actuó -durante 2023- en 56 litigios como acusación, de los que 49 continuaban abiertos (la estadística fue presentada en abril de 2024); en 20 de los 49 casos citados se constató un elemento racista, por las expresiones vertidas, por el tipo de acción policial o por el contexto de racismo institucional de los hechos.
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