Según las estadísticas el salario medio de los españoles ronda los 1.500 euros al mes, aunque una media más realista, sin embargo, sería la que marca el llamado «mileurismo», es decir, 1000 euros al mes (lo que gana la mitad de los trabajadores y trabajadoras según datos de la Agencia Tributaria). No se nos debe […]
Según las estadísticas el salario medio de los españoles ronda los 1.500 euros al mes, aunque una media más realista, sin embargo, sería la que marca el llamado «mileurismo», es decir, 1000 euros al mes (lo que gana la mitad de los trabajadores y trabajadoras según datos de la Agencia Tributaria). No se nos debe escapar la nada desdeñable cantidad de trabajadores cuyo sueldo ronda los 800 o 900 euros mensuales, trabajadores de empresas de telecomunicaciones y telemarketing, comercio, contratas de servicios públicos privatizados (aguas, obras, parques y jardines, …) etc. Aún por debajo de éstos se encuentran alrededor de un millón de inmigrantes «con papeles», trabajadores del campo, de los servicios domésticos, etc; que ni siquiera alcanzan esa cantidad. También los hay por arriba, así un importante número de trabajadores ronda los 2.000 ó 3.000 euros al mes, y de ahí hacia arriba hasta llegar al millón de euros anual y en algunos casos más, que de media vienen a cobrar los miembros ejecutivos de los consejos de administración de las grandes empresas. Para finalizar, los futbolistas y otros deportistas de élite que perfectamente pueden cobrar dos o tres millones de euros al mes.
Pues bien, para que nadie diga que el gobierno Zapatero no hace políticas de igualdad, hace algún tiempo decidió considerar a todos los españoles iguales a la hora de repartir ayudas económicas; de esta manera el conjunto de los ciudadanos-as españoles pasaba a ser IGUALES independientemente de su raza, religión y credo, pero también de su situación económica. Es decir, da igual el dinero que cada uno gane, porque a la hora de repartir ayudas daremos a todo el mundo lo mismo. ¿Insólito? Pues real, porque así es como se hizo, si bien en algunos casos la realidad supera a la ficción, porque se acaba dando más a quien más tiene, y nada a quien menos tiene. Inaudito… pero real.
El cheque bebé
Para ayudar al gasto que supone para las familias la crianza de los hijos, y así de paso no desanimar a que sigan naciendo, se establece una ayuda de 2.500 euros por nacimiento para todos por igual. Es decir, lo mismo para la familia inmigrante que con su sueldo no tiene ni para pañales, que para los hijos y nietos de las familias Botín, del Pino o Amancio Ortega por citar algún ejemplo, con fortunas que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 millones de euros (billón y medio de pesetas) cada uno, según los casos.
Gran parte de ese dinero acabará en guarderías privadas ante la evidente falta de guarderías públicas. Por ejemplo, con el dinero invertido en el cheque bebé, se podría crear una red completa de guarderías públicas para todos y para siempre, en un año; sin embargo con esta medida se ha optado por financiar a entidades privadas en lugar de crear infraestructuras de servicios públicos y gratuitos.
Es evidente que hay familias que necesitarán una ayuda no de 2.500 sino de 5.000 euros, si quieren sacar adelante y con tranquilidad a sus hijos pero, no podrán obtenerla porque los otros 2.500 ya se los dieron a una familia que en absoluto los necesitaba, y que seguro que se mueren de risa por recibir para pañales lo que se gastan en puros, en zapatos o en chanel, día sí y día también. ¿Inaudito? No, real.
Ayudas a la vivienda o la perversión máxima
De nuestros impuestos nos dan un poquito para que se lo entreguemos a quienes nos roban todos los días.
En los últimos años y merced a las políticas urbanísticas generadas y la falta de control público, los precios de viviendas para compra y alquiler se han disparado hasta límites insultantes. Constructores y arrendadores se han forrado literalmente especulando con los precios de la vivienda ante la mirada impasiva o cómplice y colaboradora de nuestros gobernantes. La vivienda, que es un derecho reconocido en la Constitución y por tanto debiera ser un bien de uso, se ha convertido en un bien de intercambio con el que especular hasta límites insospechados. En países como Cuba la vivienda es un bien protegido que pertenece a sus dueños en calidad de usufructuarios de la misma. Es decir, la vivienda la proporciona el Estado a las familias de manera que, pasa a ser una propiedad familiar que se hereda de padres a hijos con la limitación de no poder venderla a terceros. De esta manera se evita la posibilidad de especular con su precio, y por lo tanto se convierte en un bien de uso y no en una mercancía de intercambio. Dentro del sistema capitalista y las leyes del mercado, se ha desprotegido el derecho a la vivienda y su valor como bien de uso, transformándolo en una mercancía de intercambio con la que especular a marchas forzadas.
Pues bien, llegado un punto de inflexión en el que constructores y arrendadores han ganado más de lo que nunca hubieran podido imaginar, y miles de familias de trabajadores no pueden pagar el coste de sus viviendas ante los precios abusivos de éstas y por ende de hipotecas y alquileres, el gobierno decide poner manos en el asunto, y en lugar de cortar por lo sano y establecer un sistema de precios tasados para la vivienda protegiéndola como el bien de uso que debiera ser, no interviene en la política especuladora de precios y decide dar un dinero a las familias para que puedan seguir pagando las abusivas hipotecas y alquileres. Sobre todo los alquileres, con ayudas directas que oscilan entre los 100 y 200 euros al mes. De las hipotecas ya se encargan los propios bancos ampliando los plazos para que los hijos de los hipotecados hereden junto con la casa su respectiva hipoteca; todo ello bajo la protección económica del gobierno que decide ante la «crítica» situación de los bancos debido a la morosidad de sus clientes, inyectar dinero público a bajo interés en el sistema financiero con el fin de que éstos no pierdan su tasa de ganancia.
Resultado final, pues que del dinero recaudado con nuestros impuestos, nos dan un poquito para que se lo entreguemos a quienes desde años nos vienen estafando. O sea que, en lugar de recortar sus disparatados beneficios obtenidos a nuestra costa, el gobierno nos da un poquito de dinero recaudado entre todos, para que se lo sigamos entregando a los especuladores. ¿Inaudito? No, cierto. Pero… ¿quién gobierna, el gobierno …o especuladores y bancos?
Por cierto, muchos arrendadores no tardaron en subir el precio de los alquileres para así repartirse el dinero del gobierno con sus inquilinos. 100 para ti y otros cien para mí, como así ha sido denunciado por muchos inquilinos ante las oficinas del consumidor.
La ayuda económica para todas las familias… menos para las que más lo necesitan
Hace unos meses y ante la crisis que ya se empezaba a vislumbrar, el gobierno decide que había que fomentar el consumo interno para reactivar la economía. Claro, en el sistema capitalista cuando se habla de reactivar la economía, se refiere a que no dejen de ganar los que siempre ganan, por lo tanto una crisis económica no se resuelve con medidas de ahorro y austeridad sino con medidas que favorezcan consumir más. Así, deciden otorgar a las familias una cantidad de dinero estipulada en 400 euros de media, con el fin de que éstas puedan seguir gastando y mantener el consumo. Éste dinero se ofrece vía deducción directa del IRPF para la declaración del próximo año, y en el año en curso mediante un ingreso extra en el mes de julio y una pequeña parte en los sucesivos meses hasta alcanzar el total. En definitiva, una devolución de la declaración de la renta.
Claro, hacienda sólo devuelve dinero a los contribuyentes que previamente han pagado vía retenciones. La política fiscal es cada vez menos progresiva y redistributiva, pero al menos en las formas todavía se mantiene el sistema de que se retiene más a quien más gana y se retiene menos o nada a quien menos gana. Por la misma cuestión, se devuelve a quien previamente se le ha retenido, es decir a quien gana y tiene; y no se devuelve nada a quien previamente no se le ha retenido, es decir a quien gana poco o no gana y por lo tanto no tiene.
Qué sucede entonces. Pues que muy probablemente una cantidad de hasta cinco millones de personas (pensionistas y desempleados principalmente) no han recibido ni recibirán ni un duro de esta ayuda ya que, ganan poco y por lo tanto no tienen retenciones de hacienda. Es decir, se ofrece una pequeña ayuda económica para fomentar el consumo a quienes ya de por sí pueden consumir; y no recibirán ni un duro para aumentar su consumo quienes ya de por sí tienen un nivel exiguo de consumo dada su precaria situación económica. ¿Inaudito? No, real.
El impuesto del patrimonio
Desde hace algunos años las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, han ido suprimiendo el impuesto del Patrimonio que grava con impuestos a las rentas más altas. Y lo han venido haciendo debido a que este impuesto ha sido descentralizado y lo gestionan directamente las comunidades autónomas. En la campaña electoral de las pasadas elecciones generales, Zapatero se comprometió si ganaba, a eliminarlo por completo en todo el país. Si el PP da dos…, zapatero cuatro.
La excusa de Zapatero fue que dicho impuesto acaba recayendo en las clases medias, ya que los ricos siempre tienen sus triquiñuelas y se las ingenian para no pagar. Y no le falta razón en parte ya que, el número de declarantes del patrimonio del último año que declaraban más de 10 millones de euros ha sido de solo 727, mientras los datos del Ministerio de Hacienda detallan la existencia de 3.299 personas con dicho patrimonio. El fraude es más que evidente entre los que más tienen, pero suprimir este impuesto debido al alto fraude existente, es como dice Juan Torres López en su página web, como suprimir el código de la circulación dada la gran cantidad de infractores sin castigo que existe. Lo que se debe hacer desde un gobierno decente es implementar medidas eficaces contra el fraude fiscal, en especial dentro de las clases económicamente privilegiadas, y no reirse en nuestra cara con argumentos tan simples.
Además tampoco es cierto que dicho impuesto recaiga sobre las clases medias principalmente. A pesar de la gran cantidad de defraudadores entre los más ricos, todavía por suerte siguen siendo éstos quienes más aportan a través de este impuesto. Es cierto que hay más cantidad de declarantes con patrimonios medianos, pero en cómputo global aportan menos cantidad de dinero que los declarantes de patrimonios altos a pesar de ser menos. En concreto los declarantes con mayor patrimonio aportan 1.323 veces más dinero que los declarantes de menor patrimonio, según datos de Juan Torres López. Esa misma cantidad es la que ahora los ricos de este país se ahorrarán con la supresión del impuesto. Todo esto se puede visualizar gráficamente en la memoria de la Administración Tributaria que se publica todos los años, y mejor explicado y con más datos en la web de altereconomía y la propia página de Juan Torres López. En total 1.200 millones de euros (200.000 millones de pesetas) que se dejarán de recaudar desde ahora… y para siempre.
Una nueva política de «igualdad» para que los que más tienen paguen menos. ¿Increíble? Pero cierto.
Menos impuestos para los ricos
España comienza a ser junto a EE. UU. uno de los países con mayores desigualdades económicas entre su ciudadanos. Los tipos marginales de la parte alta de la escala de gravamen de la declaración del IRPF, es decir, el que se aplica a las rentas económicas más altas, han ido descendiendo vertiginosamente en los últimos años. Ni siquiera el PP de Aznar consiguió rebajarlos tanto como lo está haciendo el gobierno de Zapatero, llevando con ello a que la carga fiscal en España sea soportada cada vez en mayor medida por los trabajadores asalariados, en beneficio de las personas con rentas más altas. Para compensar esa falta de igualdad, nuestro país ha pasado a ser el segundo (sólo superado por EEUU) del conjunto de los países desarrollados, con mayor gasto en seguridad y policía. Un 2’1% del PIB en tanto un 2’2% por parte de EEUU (datos de Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas (UPF) en El Periódico). Esta es una característica propia de los países con mayores desigualdades. Como contraste, Noruega, 0,9%; Suecia, 1,3%, y Dinamarca, 0,9%, son los países que tienen menos desigualdades y gastan menos en policía y seguridad.
Zapatero creó el Ministerio de Igualdad pero… éstas y no otras son las verdaderas políticas de «igualdad» de nuestro gobierno.