Introducción
Colombia ha entrado anticipadamente en el proceso de primarias presidenciales en medio de una tensa agitación política, marcada por un fuerte incremento de la violencia. A esto se suma que la disputa por la presidencia y el Congreso ocurre en un clima regional e internacional caracterizado por tensiones, como la amenaza de intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos, lo cual podría tener graves repercusiones para la nación y el continente.
Las próximas elecciones presidenciales en Colombia se desarrollarán en un contexto político inédito. Por primera vez en décadas, un gobierno democrático de carácter progresista fue elegido con más de 11 millones de votos, marcando una ruptura histórica con la hegemonía de los gobiernos oligárquicos, los restos de un bipartidismo atomizado, corrupto, criminal y clientelar, aliados incondicionales de Estados Unidos.
La guerra como constante histórica y la paz como antorcha de esperanza en Colombia
Tal vez el mayor fracaso del gobierno del cambio, al igual que de los gobiernos del bloque dominante durante el último siglo, ha sido no lograr la paz definitiva o total, permitiendo que la violencia persista diariamente en campos y ciudades. Por ello, la propuesta de una paz definitiva debe asumirse como imperativo fundamental de un próximo gobierno de izquierda/progresista, no solo como bandera electoral, sino como una de las demandas principales del movimiento popular colombiano.
El resultado de la traición histórica a cualquier intento de paz, basado en la tesis de no negociar acuerdos con la oposición armada hasta derrotarla militarmente (consenso entre el imperio y el bloque dominante), es la perpetuación e intensificación de la guerra. Esto se lo debe el país a quienes han detentado el poder durante el último siglo.
Heredamos de esa clase en decadencia una guerra sin fin, que expone a la sociedad a un paramilitarismo fortalecido en varias regiones; que ha intentado asesinar al jefe de Estado; y, según algunas fuentes, está detrás del asesinato del exsenador de derecha y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, además del asesinato sistemático de líderes sociales que no se detiene.
Esta guerra se ha intensificado entre las Fuerzas Armadas del Estado, el ELN y disidencias (no todas) de las FARC, con ataques diarios y decenas de muertos en ambos lados, negando la posibilidad de un acuerdo político por la paz total, como la denomina el actual gobierno.
Esto genera un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica, poniendo en riesgo la campaña electoral venidera. Habrá que estar vigilantes, ya que las instituciones encargadas de preparar, organizar y contar votos no garantizan elecciones libres y transparentes. No obstante, el gobierno del cambio, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha expresado públicamente su compromiso para que las elecciones de 2026 sean transparentes, legales y seguras, como ordena la Constitución.
Breve balance del gobierno del cambio de Gustavo Petro
El gobierno del cambio, «Colombia potencia mundial de la vida», bajo el liderazgo de Gustavo Petro, se comprometió a desarrollar un programa para superar la inequidad social (reformas tributaria, pensional, laboral —con incrementos salariales por encima del IPC, históricamente superiores a los del empresariado, valorando el trabajo del obrero promedio—, de salud, educación, política y participación ciudadana); la dependencia económica y la transición energética; y la distribución de tierras a campesinos y comunidades desplazadas, con el fin de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, que fue incumplido tanto por Juan Manuel Santos como por Iván Duque, últimos gobiernos de la clase dominante.
Sin duda, los logros más importantes han estado en la reforma a la seguridad social, aunque de alcance limitado debido a la guerra sucia mediática, el ataque constante, bloqueo, sabotaje y oposición parlamentaria de los viejos partidos de la burguesía y extrema derecha; pero también por alianzas de clase, contradicciones y errores internos en el gabinete ministerial y alto gobierno. Así, los avances en reformas sociales contrastan con los resultados de la paz total, que no se ha logrado y parece no lograrse en el tiempo restante, lo que algunos analistas ven como uno de los principales fracasos.
Elecciones internas de la izquierda/progresista para escoger candidato presidencial
El país es testigo de la impresionante acogida y popularidad del presidente Gustavo Petro, así como del llamado de muchas bases para que acepte la reelección, lo cual ha sido rechazado por él mismo, demostrando su talante democrático y respeto a la Constitución; mientras la ley electoral y la Constitución fueron modificadas por la extrema derecha para reelegir a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
De ahí la importancia para los sectores populares, la izquierda, demócratas y progresistas de analizar y debatir críticamente el contexto, condiciones, actores y liderazgos políticos de quienes representarán y avanzarán el programa del segundo gobierno del cambio, continuando la tarea iniciada por Gustavo Petro y Francia Márquez.
Un debate al interior del bloque izquierda/progresista no solo es conveniente, sino necesario y urgente para definir la consulta interna que escoja el candidato o candidata presidencial por el Pacto Histórico.
Partimos de criterios mínimos (militancia política; compromiso con movimientos populares, víctimas del terrorismo de Estado y derechos humanos; experiencia en gobernanza; formación como funcionario público y estadista; aportes a la transformación profunda y reformas luchadas por el movimiento popular; compromiso con la paz con justicia social) para seleccionar al candidato idóneo.
Lo primero es destacar la excelente lista de precandidatos y precandidatas por el bloque izquierda/progresista, algo no visto desde los años 90, tras la Constitución de 1991 y el ascenso de la Unión Patriótica, exterminada por el terrorismo de Estado en alianza con el paramilitarismo.
Un denominador común en la mayoría es el activismo en derechos humanos. Todos han pertenecido al bloque izquierda/progresista, excepto Daniel Quintero, procedente del Partido Liberal.
A continuación, un breve resumen de cada uno:
· Susana Muhamad: Politóloga. Exministra de Ambiente. Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana y Pacto Histórico. Exconcejal de Bogotá (2020-2022).
· María José Pizarro: Senadora del Pacto Histórico. Representante a la Cámara (2018-2022); Vicepresidenta del Senado (2023-2024).
· Daniel Quintero: Exalcalde de Medellín (2019-2023). Exviceministro de las TIC (2016-2018) en la presidencia de Juan Manuel Santos. Partido Liberal (hasta 2017).
· Carolina Corcho: Exministra de Salud. Activista sindical desde 2011. Pacto Histórico.
· Gloria Flórez: Senadora y presidenta de Colombia Humana. Polo Democrático Alternativo. Pacto Histórico. Exparlamentaria Andina (2010-2014).
· Alí Bantú Ashanti: Abogado y líder social afrodescendiente. Soy Porque Somos. Pacto Histórico.
· Iván Cepeda: Senador de la República. Activista y defensor de DDHH desde 1994. Representante a la Cámara (2010-2014). Senador (2014-actual). Facilitador de procesos de paz (FARC, ELN, Clan del Golfo). Fundador de MOVICE.
· Gloria Inés Ramírez: Exsenadora, exministra de Trabajo. Miembro del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica.
· Gustavo Bolívar: Exsenador y exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Colombia Humana y Pacto Histórico.
Discusión
En primer lugar, Colombia atraviesa una crisis política y social única, tras décadas de gobiernos oligárquicos y una larga guerra interna que ha erosionado el Estado, socavado la democracia y enajenado la soberanía.
En ese contexto, con tensiones geopolíticas como la posible intervención en Venezuela —nación hermana con lazos históricos— y la disputa global entre un mundo unipolar (dominado por Estados Unidos) y multipolar (propuesto por China y Rusia; volveremos sobre esto en otro texto), las elecciones presidenciales tendrán una connotación histórica para determinar el rumbo nacional hacia la paz con justicia social, verdad, justicia, reparación a víctimas, respeto a la vida y ampliación de la democracia participativa.
Segundo, para ser presidente y gobernar para toda una nación se requiere talante y perfil de estadista.
Tercero, los precandidatos del campo izquierda/progresista cumplen los requisitos para representar este sector en la contienda presidencial.
Cuarto, Daniel Quintero no proviene de movimientos populares ni de la izquierda; su origen está en partidos oligárquicos como el Liberal, al que renunció en 2017. Consideramos que no deben ser las plataformas de izquierda las que le den aval como candidato.
Su participación en el bloque progresista se traza desde 2018, cuando apoyó a Gustavo Petro, y en 2019 se lanzó como independiente a la alcaldía de Medellín, donde fue elegido. Lo caracteriza el oportunismo, defecto que desdice de la ética necesaria para nuevos tiempos. Pasa fácilmente de apoyar al gobierno de Israel a posar con una bandera de Palestina en una reunión de la ANDI, o de aprovechar la disputa con Perú por la isla de Santa Rosa para izar una bandera colombiana y posar de patriota.
Ha sido astuto al capitalizar la figura de Petro, atrayendo al electorado que votó por él (más de 11 millones). Su falta de consistencia ideológica es evidente: de candidato al Concejo por el Partido Conservador a neoliberal en el gobierno de Santos (viceministro de TIC), lo que plantea dudas sobre su autenticidad y compromiso con principios progresistas.
Durante su alcaldía en Medellín, mantuvo un enfoque tradicional de gobernanza, más cercano a la oligarquía que a un político innovador, democrático y transparente, comprometido con causas sociales de pobres, estudiantes y trabajadores. Su gestión se caracterizó por amiguismo, caciquismo y reparto burocrático a oportunistas sin experiencia ni bagaje de lucha popular.
Utilizó la crisis de EPM/Hidroituango para romper con el gremio empresarial hegemónico (GEA), demandando 9,9 billones contra contratistas, sin transformar realmente los barrios populares, muchos sin servicios básicos y vulnerables a avalanchas invernales.
Su política social, limitada a entrega de computadoras y un manejo mediocre del PAE/Buen Comienzo —con imputaciones por irregularidades contractuales—, dejó a comunidades necesitadas en precarias condiciones, similares a las de administraciones oligárquicas.
Quinto, quienes están mejor preparados, con larga experiencia en luchas populares, movilizaciones, conocimiento profundo del país y respaldo amplio de sectores progresistas, son Carolina Corcho, Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda.
Sexto, de todos, quien ostenta con holgura la condición de estadista, con virtudes, cualidades, formación y experiencia política para ser el segundo presidente de una República democrática, social y de derechos, es Iván Cepeda. Cuenta con reconocimiento y apoyo de sectores populares, democráticos, de izquierda y centro.
Su personalidad honesta, serena, ecuánime; convicciones firmes y posiciones coherentes lo hacen idóneo para ejercer la presidencia y completar la segunda fase del cambio iniciado por Petro.
Con Iván Cepeda como presidente y Carolina Corcho o Gloria Inés Ramírez como vicepresidenta, acompañados del movimiento social, estaríamos en óptimas condiciones para consolidar reformas sociales, avances económicos, laborales, educativos, de inversión social, paz con justicia social, verdad y reparación.
La vida de Iván Cepeda, víctima del terrorismo de Estado y paramilitarismo, ha estado ligada a la lucha por una paz con justicia social, verdad y reparación para víctimas. Su compromiso ha sido paralelo a su dedicación por un acuerdo de paz definitivo, no como rendición incondicional de insurgentes contra el Estado.
Alcanzar un acuerdo de paz definitivo, será una tarea clave de un próximo gobierno que continúe, profundice y consolide la agenda democrática para el cambio, alejando a Colombia del pasado violento legado por el bloque dominante.
Iván Cepeda es un cuadro político formado en las últimas décadas en organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y partidos como el Polo Democrático Alternativo. Fundador de MOVICE, cuenta con sólida formación humanística y académica; ha escrito sobre el ascenso de Álvaro Uribe Vélez y la violencia paramilitar. Como representante y senador, ha sostenido debates pedagógicos sobre consecuencias del paramilitarismo y violencia estatal.
Su experiencia en el conflicto armado, el papel del Estado y clases gobernantes en la represión contra opositores, sindicatos, estudiantes, campesinos, indígenas y afros lo destaca como uno de los mejor informados, requisito esencial para un jefe de Estado en transición hacia una República social, democrática y de derechos a la que aspiran millones.
Su lucha extraparlamentaria en calles, campos, marchas y movilizaciones por paz, justicia y derechos le otorga un lugar destacado en la historia de las luchas populares.
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