Al contrario de lo que sostienen algunos «izquierdistas» que han decidido dar su respaldo a este gobierno, el carácter de las reformas que ha estado impulsando desde su instalación en La Moneda, que con justa razón despiertan un creciente rechazo en el seno del pueblo trabajador, descubren a cada paso el carácter neoliberal de su […]
Al contrario de lo que sostienen algunos «izquierdistas» que han decidido dar su respaldo a este gobierno, el carácter de las reformas que ha estado impulsando desde su instalación en La Moneda, que con justa razón despiertan un creciente rechazo en el seno del pueblo trabajador, descubren a cada paso el carácter neoliberal de su programa.
Para qué hablar del vergonzoso miniajuste tributario propuesto y luego recortado en la cocina del Senado. O de su seudoreforma laboral. Basta observar las políticas educativas que se han estado impulsando, aparentemente en beneficio de la gente. Por ejemplo el que el Estado se haga cargo del copago a la educación particular subvencionada.
Si muchos padres han optado por sacar a sus hijos de la educación pública y colocarlos en colegios particulares subvencionados, allanándose además en muchos casos a pagar por ello las cuotas que muchos de estos colegios han decidido cobrarles, es por el creciente deterioro que ella ha sufrido bajo el imperio de las políticas educativas neoliberales.
Cae por su propio peso, entonces, que de existir una educación pública de calidad, como acontecía en Chile hasta antes de la dictadura y como existe hoy en muchos países, esos mismos padres optarían por colocar a sus hijos en ella y el sistema de educación particular subvencionada se vería muy fuertemente reducido.
La preocupación central de una real reforma educacional debiese estar orientada a cambiar el modelo, obteniendo para ello, en primer término, los recursos necesarios a través de una modificación sustancial, de efecto progresivo, en el sistema tributario y concentrando luego todos esos recursos en el fortalecimiento de la educación pública.
Sin necesidad de adoptar medidas directas en contra de la oferta educativa privada, en la práctica ello equivaldría a quitarle el piso que las políticas del Estado le han brindado hasta ahora a la expansión de esa oferta, entregando sin mayor tipo de control abundantes recursos públicos a los mal llamados «sostenedores».
Por su parte, si lo que realmente motiva a algunos de éstos es una verdadera vocación educativa, debiera asegurárseles la posibilidad de ponerla en práctica en el marco de un sistema de educación pública de creciente calidad, como el que el país y el conjunto de sus habitantes necesitan para el logro de sus más anhelados objetivos.
Obviamente, asegurar esa posibilidad pasa por mejorar muy sustancialmente la hoy deteriorada situación salarial y laboral del magisterio, atendiendo a criterios tanto de equidad social como de carácter pedagógico. La experiencia acumulada sobre todos estos aspectos en todo el mundo es absolutamente concluyente.
Sin embargo, el gobierno insiste en imponer criterios puramente mercantiles para sustentar el funcionamiento del sistema educativo, complementándolos con demandas tecnocráticas de control de la labor educativa, tanto a nivel institucional como individual, cuyo exclusivo propósito es alinearla con las demandas económicas e ideológicas del empresariado.
Por lo tanto, el camino inverso escogido por el gobierno, en este como en otros casos, pone claramente de manifiesto el sólido compromiso del conglomerado político que lo respalda con la mantención, con solo algunos ajustes menores que permitan limitar los abusos y aminorar el descontento ciudadano, del modelo económico neoliberal vigente.
Y a los que aún se hacen ilusiones con respecto al anunciado «proceso constituyente», creyendo descubrir en la frase sobre una «participación ciudadana realmente incidente» de Bachelet la razón que justifica su apoyo político a este gobierno, habrá que recordarles que la expresión subrayada en ese mensaje no fue esa sino «Acuerdo Político Amplio». ¡Y ya sabemos lo esto significa!
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