El 31 de diciembre España se abstuvo en una resolución de la ONU en la que se aprobaba intensificar la lucha contra el racismo, ¿esto debería sorprendernos?
Hace un año prácticamente se formaba el que ha sido señalado como el gobierno más de izquierdas de la democracia en España. Hay quienes se llenan la boca llamándolo socialcomunista, izquierda extrema, y tantos otros adjetivos que responden más a un desplazamiento del centro político a la derecha que a una realidad, sobre todo, desde la ciencia política.
Pero vamos a retrotraernos un poco más atrás, hasta el debate de los candidatos a las elecciones en el que Vox capitalizó la temática de los inmigrantes siendo la mayoría de sus intervenciones en relación a la crítica y, sobre todo, demonización de estos. Ya entonces ni unos ni otros de izquierdas hicieron frente de forma tajante al racismo que esputaba Santiago Abascal. No se enfrentó ni desde los datos, frente a la información falsa vertida, ni desde la propia ideología.
Volvamos a fechas más recientes. El otro día sabíamos que España se había abstenido el 31 de diciembre en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se aprobaba intensificar la lucha contra el racismo en la que otros importantes países europeos también se abstuvieron o votaron en contra. Y vamos a ser tajantes, contra el racismo una abstención es una defensa por su perpetuación. ¿Pero esto debía sorprendernos?
En los últimos tiempos hemos visto como la contestación parlamentaria contra el racismo en el parlamento ha sido más bien tibia, con alguna excepción concreta, e incluso hemos podido llegar a escuchar hace pocos días en boca del presidente Pedro Sánchez que Santiago Abascal ha sido un hombre de estado a cuento de la votación sobre los presupuestos europeos.
Lo cierto es que el gobierno “socialcomunista” que ha verbalizado tantas veces su apoyo a las poblaciones inmigrantes (muchas veces como brazo instrumental de un beneficio demográfico-económico para las y los españoles) ha generado una situación totalmente insostenible en las islas Canarias que ha propiciado unas condiciones de precariedad máxima para las personas inmigrantes que han ido acumulándose sin poder salir de la isla. A su vez, ha facilitado que las fuerzas de ultraderecha se aprovechen para escalar en las tensiones empujando y alimentando el racismo lo que ha tenido como consecuencia la creación de grupos de cacería contra inmigrantes. La izquierda que no trasladaba a los inmigrantes, a 26 de enero seguían sin trasladar a menores de edad a la península haciendo de la isla una cárcel. Esto ha sido mediatizado como una dejación de funciones, mi tesis es la contraria, esto responde a unas lógicas políticas concretas.
Resulta, que en el gobierno más de izquierdas de la democracia española, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha defendido públicamente las devoluciones en caliente o la necesidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros, y lejos de debilitar el modelo fronterizo securitizado lo ha reforzado. Marlaska, cuyos posicionamientos sobre inmigración no son nuevos, ha negado no solo los relatos de las poblaciones racializadas que denuncian el racismo de la policía sino los numerosos estudios e informes que se han venido publicando sobre el racismo al que se ven sometidas estas personas por parte de los cuerpos de seguridad del estado. Para Marlaska no hay racismo en estos cuerpos al contar “con normativas y códigos éticos” que lo impiden. “Y punto” (esto lo añado yo).
Este mismo gobierno ha excluido de prácticamente toda a la agenda política a las poblaciones inmigrantes ilegalizadas dejando por fuera de la posibilidad de recibir el IMV así como otro tipo de ayudas. Ha desoído tanto en las calles como en el parlamento los constantes reclamos para la regulación de las 600 mil personas que están forzadas a mantener ese estatus de ilegales pero que se demostraron esenciales para mantener a flote el país durante la pandemia en distintos sectores económicos y sociales claves.
Perdieron una oportunidad histórica para posicionarse al no apoyar con sus votos la PNL que desde el movimiento #RegulaciónYa se había lanzado. De la misma forma que perdieron la oportunidad de cerrar para siempre los Cies. En lo que no dudaron fue en retomar las deportaciones masivas y establecer nuevos acuerdos con terceros países para que se llevaran a cabo. Como tampoco dudaron en invertir millones de euros en estos países para reforzar el proceso de externalización militarizada de fronteras que lleva a que sean otros los que violan los derechos, pero con dinero europeo.
Hablamos de un gobierno que acaba de anunciar que seguirá permitiendo que las personas sin papeles puedan ser multadas o expulsadas si denuncian en comisaría estableciendo así un espacio de total impunidad sobre la violencia que se ejerce sobre ellas pese a las denuncias de los diferentes colectivos y los reclamos de la Defensoría del Pueblo.
Una administración que no tienen nada que decir del Tarajal porque el PSOE antes de formarse este gobierno recurrió en favor de la Guardia Civil y contra las víctimas y una vez formado el actual gobierno, ahora en el aniversario de los asesinatos, nadie ha tenido nada que añadir. Sus silencios los delatan. Tanto como sus silencios sobre la Ley de Extranjería.
En España gobierna una izquierda que sigue sin considerar el racismo un elemento esencial estructural, intrínseco al sistema, para entender las dinámicas del sistema mundo y de España en particular. Por eso refuerza los acuerdos comerciales desiguales con países como Senegal sobre el acceso a sus aguas para pescadores españoles propiciando el empobrecimiento de los pescadores senegaleses, y espoleando, como consecuencia, las decisiones de inmigrar.
Todo esto bajo el marco durante el último año del Black Lives Matter que presentándose como una oportunidad se desechó y se redujo desde las esferas políticas a lo que pasaba en Estados Unidos y su historia racial negando y silenciando una vez la propia de España. Posicionándose con las manifestaciones de las calles de Washington, Atlanta o Seattle, pero invisibilizando las de Zaragoza, Madrid o Barcelona.
Todo se refleja en que no tienen ni siquiera una conceptualización del racismo definida y lo reducen a un problema moral de meros prejuicios y no a un problema político, social y económico estructural intrínseco del propio sistema. Y por lo tanto se producen titubeos constantes con un pasito hacia delante y dos hacia detrás. No hay un plan ni una agenda contra el racismo. Mientras, sus retóricas están marcadas por eslóganes políticos instrumentalizados, muchas veces apropiados de los movimientos antirracistas, y políticas de falsa bandera que no entienden lo importante que es enfrentar de forma tajante los relatos racistas que se han normalizado y que están poniendo en peligro la vida de las personas racializadas en negativo.
Así tenemos a un PSOE, y un gobierno en general, que se permite tener a una persona como Marlaska como ministro del Interior. Y que no solo se lo permite, sino que lo elige precisamente por sus posicionamientos y lo defiende (como Podemos se permitía a Jorge Verstrynge). Un gobierno que puede perfectamente abstenerse en una resolución contra el racismo y, como diría Pedro Sánchez, poder dormir tranquilo por las noches.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/racismo/racismo-gobierno-espana-izquierdas