Las movilizaciones son por reclamaciones de tierras ancestrales usurpadas por el estado chileno y argentino, donde se exige restitución y que vayan de acuerdo a las necesidades y bienestar colectivo del Pueblo Mapuche.
Desde la inmediata necesidad de que se adapten políticas públicas en ese sentido, hasta la atención e implementación de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, son parte de algunos de los planteamientos que busca soluciones.
Poderes y “actores” del Estado, acostumbrados al abuso u omisiones, se discrimina o se persigue, ante esto, quienes son parte de fuerzas sociales y democráticas, deben asumir la misión de terminar con los terrorismos estatales y los comportamientos de lumpen de la denominada “clase política” y de sectores empresariales, para buscar soluciones serias, responsables y efectivas ante situaciones de emergencia y que se vienen arrastrado por tiempo.
La población Mapuche habita fundamentalmente en zonas urbanas a causa de los desplazamientos, sin embrago, un porcentaje importante se concentra aún en lo que fue su territorio histórico.
La relación Mapuche con la tierra no ha sido tradicionalmente de propiedad privada, sino de usufructo comunitario y de interrelación. La organización básica tradicional es la familia ampliada o un grupo de ellas, que a su vez se organizaban a la llegada de los españoles en identidades territoriales o butalmapus, por zonas geográficas.
A fines del siglo XIX, El Pueblo Mapuche es incorporado por la vía bélica a los estados chileno y argentino, usurpado en más del 90 % de su territorio en Chile. El Estado le entregó a su vez títulos comunitarios de dominio que, en el curso del siglo XX por aplicación de diversas leyes, se fueron dividiendo.
Esta política de radicación conoció un cambio radical a partir del segundo tercio del siglo XX. Se impulsó entonces la división de las comunidades mapuche con el fin de integrar forzada y “definitivamente” al Mapuche en la sociedad “nacional chilena”. El desarrollo económico, la educación, la capacidad y libertad contractual individual del mapuche sobre su hijuela, constituyeron las herramientas de una nueva política que tuviera como meta «asimilar» definitivamente al Mapuche. Fue el inicio de una política que buscaría, a través de la desorganización de las estructuras políticas y sociales ancestrales y a través de la penetración de la lógica comercial occidental, para el control y asimilación absoluta.
En Chile, durante 1970 y 1973, vía la reforma agraria, las tomas de terrenos y la promulgación de una nueva ley indígena, cerca de 100 000 hectáreas fueron traspasadas a comunidades, varias de ellas por medio de cooperativas “indígenas”.
El cuerpo normativo de esta, fue modificada sustancialmente por la dictadura militar que gobernó el país entre el año 1973 hasta el año 1989, y cuya aplicación trajo consigo una masiva división de las tierras de las comunidades mapuche y la perdida de cientos de hectáreas que fueron a dar a manos de particulares no indígenas.
Gran parte del territorio ancestral del Pueblo Mapuche está en manos de latifundios de descendientes de colonos europeos (italianos, alemanes, ingleses, principalmente), varios de los cuales siguieron reproduciendo tendencias racistas y fascistas del mismo estado hacia sus vecinos: Las reducciones Mapuches.
Otros terrenos, en grandes extensiones, están en manos de granes empresas, como las forestales en Chile. Solo dos grupos económicos tienen dos millones de hectáreas. El fenómeno de la globalización en el sector forestal, ha agudizado aún más los conflictos territoriales entre comunidades Mapuche y compañías forestales, principalmente a causa de los impactos negativos que dicha industria está generando a las comunidades con las plantaciones industriales en monocultivos de especies exóticas (pino y ecucaliptus), a lo que se agrega los problemas históricos acerca de la posesión de las tierras, la presión en los recursos naturales y el explosivo crecimiento del sector forestal en el territorio ancestral Mapuche, fijando los límites de sus espacios, y los impactos que esto genera en la calidad de vida de la gente y sus ecosistemas (uso indiscriminado de plaguicidas, sequía recursos hídricos, pérdida suelo agrícolas, pérdida bosque nativo, trasngénicos, perdida medicina natural y alimentación, etc.).
La agroindustria, proyectos de la industria inmobiliaria, proyectos de energía, petroleras y fracking (Puelmapu), entre otros, son parte de un descontrolado modelo económico y depredador en los territorios en ambos lados de la cordillera.
La falta de tierras, la destrucción cultural y ambiental en el ecosistema de las comunidades hace que muchos se levanten en su autodefensa. Territorialidades Mapuches han despertado para evitar el exterminio, sin embargo, el poder bruto y de facto de las empresas y ciertos latifundistas, bajo el fomento, protección y complicidad del Estado chileno y gobernantes reprimen toda movilización mapuche por medio de los tribunales, policía miliarizada y mercenarios.
Centenares de detenidos, procesados y condenados; decenas de heridos; miles de movilizados, y ya varios asesinados, como Alex Lemún, Zenén Díaz Necul, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Víctor Mendoza Collío, Camilo Catrillanca, entre otros, son el saldo de la brutalidad Estatal para responder a la protesta social en Chile. El estado argentino, por su parte, es responsable de tres asesinatos en los últimos años: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay, este último, en noviembre de este 2021.
Los estados, no han sido capaz de replantearse y reparar mínimamente siquiera, los derechos del Pueblo mapuche, particularmente con respecto a las Tierras antiguas, un derecho irrenunciable.
POLÍTICA DE ESTADO DEBE SER PARA REPARAR DERECHOS NO PARA ASESINAR Y REPRIMIR
Reparar Derechos debe ser una política de Estado y debe ser asumida con urgencia. Con respecto a las tierras ancestrales varias propuestas han surgido.
· Desde algunas organizaciones Mapuche, se ha planteado la inmediata necesidad de Modificación del manual de procedimientos del fondo de tierra, para que se declaren admisibles los reclamos de tierras ancestrales y un aumento presupuestario del fondo de tierras y se restituyan con criterios identitarios, culturales, sociales y tradicionales. Asimismo, que cada accionar del estado en estas materias se haga de conformidad al estándar internacional de Derechos.
· Otra, posiblemente complementaria en Chile, es la propuesta realizada por algunos sectores políticos desde hace algunos año, incluido el Senador Alejandro Navarro, sobre expropiación en el sentido que el reglamento del fondo de tierras de Conadi, y su manual respectivo, impiden a las comunidades indígenas adquirir las tierras usurpadas por la invasión militar de 1883. Señala: “Las tierras antiguas no están reconocidas en el fondo de tierras de la Conadi y solo hay vías de hecho para reclamarlas, por lo tanto deben ser expropiadas”, agrega también sobre la necesidad de dotar de mayor presupuesto para tal fin.
· La implementación de Normas Internacionales de Derechos como el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, debe ser actos de buena Fe, de transparencia y respeto en Derechos Humanos. La obligación del Estado de consultar, el Derecho a la participación y el consentimiento libre, previo e informado deben ser garantías absolutas dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de este País, como, asimismo, en el cumplimiento y valoración de todos los bloques de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
· Organismos internacionales de derechos Humanos, en especial de Naciones unidas, han señalado en diversas recomendaciones impulsar una revisión de la política pública en materia de tierras indígenas por el Estado, teniendo presente para ello las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (2007) y del Relator Especial James Anaya (2009) estableciendo un mecanismo efectivo para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales basados en la ocupación y uso tradicional, de acuerdo con las normas internacionales relevantes.
· La Iglesia Católica, tiene tierras que son reclamadas por comunidades. Además, entre sus feligreses se encuentran una lista de “personalidades” de enorme influencia política en este País y de enorme responsabilidad en crímenes, represiones y asesinatos contra el Pueblo Mapuche. Más que intermediar hacia lo Mapuche, sería importante que hiciera gesto restituyendo derechos a las Comunidades por tierras usurpadas y que están en poder de la iglesia y mediara con aquellos “católicos” que tienen el control y el poder del estado, de los medios de información. Monseñor Manuel Camilo Vial, afirmó hace algunos años que el tema indígena “no es un problema del gobierno sino de todos los chilenos”.
· Los Medios de Comunicación masivos y comerciales, son claves en el respeto y defensa de los Derechos Humanos. No es concebible seguir tolerando en este País, que, ante legítimas reclamaciones como son las restituciones de Tierras ancestrales, sigan existiendo montajes y se trate de seguir vinculando a actos de terrorismos o ideologías foráneas. Los grupos económico controladores de gran parte de los medios tienen que evolucionar y de una vez por todas, los “tradicionales” del horror, deben contribuir a la paz social y dar cobertura a los temas de verdadera importancia, las discusiones y propuestas de fondo. Los atentados a la libertad de expresión y censura en Chile son grotescos, la reproducción del racismo, la discriminación y la intolerancia en los medios es escandalosa.
· Los gobiernos han perdido toda legitimidad. HaN mezclado y contaminado el rol público con el rol pro empresarial de manera corrupta y sometida. No hay autoridad. De ahí el origen de la criminalización, militarización y planificadas represiones al Pueblo Mapuche. Debe terminar. También, deben terminar las prácticas de imposición de nefastos Proyectos de Inversión en las pocas Tierras del Pueblo Mapuche y en las ancestrales reclamadas, tales como son la expansión de la industria Forestal, Celulosas, Hidroeléctricas, Mineras, Petroleras, Plantas de aguas servidas, vertederos, entre otras. Cabe mencionar, que una importante cantidad de Comunidades y referentes Mapuches que hoy se movilizan, han intentado de diversas formas frente al Gobierno de Interlocutar y hacer presente sus demandas y propuestas.
Chile y proceso constituyente
Chile vive un proceso constituyente y este 28 de diciembre, varios escaños convencionales, entre ellas: Natividad Llanquileo (Mapuche), Francisca Linconao (Mapuche), Victorino Antilef (Mapuche) y Alexis Caiguan (Mapuche williche), Wilfredo Bacian (Quechua), Isabel Godoy (Colla), entre otros, presentaron una iniciativa de norma RELATIVA AL DERECHO DE LOS PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES, A LA TIERRA, TERRITORIO, RECURSOS Y BIENES NATURALES.
La propuesta tiene por objeto abordar el vacío constitucional histórico en cuanto el derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorios y recursos, aguas y bienes naturales, espacios sagrados, a la no intervención militar, garantías de no repetición, restitución y reparación, que da respuesta a la vulneración estructural e histórica de los derechos de los pueblos y naciones preexistentes al Estado. Las cinco iniciativas constitucionales del primer apartado se proponen para ser discutidas en la Comisión sobre Derechos Fundamentales (Comisión Nº 4).
La propuesta, además, formula dos iniciativas de normas constitucionales transitorias, para ser discutidas en la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico (Comisión Nº5), con el objeto de impulsar a mediano plazo el desarrollo legislativo y de políticas públicas que materialicen los derechos y garantías propuestos en esta iniciativa.
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