El Estado ha recortado hasta su mínima expresión los presupuestos de ministerios vitales, como Sanidad y Educación, pero sigue destinando miles de millones de euros para adquirir armamento. Unas armas de precio desmesurado que raramente se utilizan y cuyo primer objetivo es garantizar la disuasión frente a un posible ataque enemigo. Cazas que se compran […]
El Estado ha recortado hasta su mínima expresión los presupuestos de ministerios vitales, como Sanidad y Educación, pero sigue destinando miles de millones de euros para adquirir armamento. Unas armas de precio desmesurado que raramente se utilizan y cuyo primer objetivo es garantizar la disuasión frente a un posible ataque enemigo. Cazas que se compran a razón de más de 100 millones de euros la unidad se limitan casi siempre a participar en maniobras y a pintar banderas en el cielo de las ciudades españolas durante desfiles militares como el que tendrá lugar hoy con motivo de la celebración del 12 de octubre.
La industria armamentística tiene como finalidad última proporcionar los medios que permiten hacer la guerra y de ahí que el gasto militar sea impopular. Conscientes de ello, «los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE llevan 15 años engañando a la opinión pública» acerca del alcance real de este gasto en España, denuncia Pere Ortega, coordinador del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, de la ONG Justícia i Pau.
El «engaño», sostiene este experto, se dirige sobre todo a ocultar el «enorme endeudamiento» que el Ministerio de Defensa tiene en concepto de compromisos de pago por contratos de compra de armas con las industrias que forman parte del complejo militar-industrial: entre 32.000 y más de 37.000 millones de euros, una cifra equivalente al 3% del PIB. Si no se anulan o renogocian los contratos, esta cantidad ingente se deberá abonar a plazos, en principio hasta el año 2025.
Estos contratos -de los que el 80% se cerró entre 1997 y 2004- corresponden a los Programas Especiales de Armamento, eje central de un ambicioso plan de rearme impulsado a partir de 1996, que incluye 19 programas para adquirir carros de combate Leopard, blindados Pizarro, cazas Eurofighter, el avión de transporte A-400M y fragatas F-100, entre otros.
Créditos extraordinarios Pere Ortega explica que esta deuda ha llevado al ministerio a la «suspensión de pagos». Una bancarrota que sólo se logra posponer gracias a inyecciones de fondos públicos, a través de «créditos suplementarios», que se aprueban durante el año y que no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A no ser que el ciudadano revise el BOE cada día, esos créditos pasan casi siempre inadvertidos para una sociedad a la que se venden desde 2008 unos recortes en Defensa que acaban siendo, como sucedió el año pasado, inexistentes.
En 2012, la dotación del Ministerio de Defensa en los PGE fue de 6.316,4 millones de euros, un 8,8% menos que el año anterior, mientras que Sanidad y Educación sufrieron, respectivamente, recortes del 13,7% y del 21,2%. Pero este recorte en gasto militar ni siquiera se aplicó. La razón, explica el investigador del centro Delàs, es que, como ha venido sucediendo desde la llegada de la crisis en 2008, el presupuesto inicial de este ministerio se vio de nuevo complementado con los créditos aprobados en Consejo de Ministros.
Créditos como el aprobado por el Gobierno, el 7 de septiembre de 2012, de 1.782 millones de euros, una inyección adicional que se destinó a pagar parte de los Programas Especiales de Armamento (PEAS): cazas Eurofighter, helicópteros Tigre, blindados Leopard y otras armas. Por poner un ejemplo, cada Eurofighter se adquiere a unos 120 millones de euros. Construir un hospital comarcal como el de Ronda (Málaga), que cubre un área en la que viven casi 100.000 personas, cuesta alrededor de 50 millones de euros.
A este megacrédito se sumó, entre otras partidas, una transferencia del Fondo de Contingencia (una especie de reserva para gastos imprevistos que tiene el Estado) de 754,7 millones de euros para sufragar las misiones españolas en el extranjero.
El 30 de noviembre del año pasado, el gasto real de Defensa publicado por el BOE era de 9.057, 5 millones de euros. Es decir, que la dotación inicial -que además no incluye todo el gasto pues deja fuera muchas partidas que se disimulan en los presupuestos de otros ministerios-, se incrementó durante 2012, sin contar con los datos mes de diciembre, 2.741 millones de euros, más de un 43%.
En 2013, el guion se está repitiendo. El pasado 31 de julio, según reveló el blog El Boe nuestro de cada día, el ministerio ya había aumentado su presupuesto en 1.806 millones de euros. Los 5.900 millones presupuestados se habían convertido en 7.743 millones. Al igual que en 2012 y en años anteriores, la principal razón de la diferencia entre lo presupuestado ha sido un crédito extraordinario de 877 millones destinados a pagar estos programas de compra de armas.
¿Gastos imprevistos?
Ni los compromisos para pagar los PEAS ni los fondos para las misiones internacionales podían ser gastos imprevistos. Las misiones se habían dotado en los presupuestos de 2012 sólo con 14,3 millones de euros, cuando en los últimos años han venido costando una media de 800 millones, según el centro Delàs. Esta institución deduce de todo ello que los presupuestos se infradotan de forma premeditada, aun a sabiendas de que luego habrá que inyectar fondos y, recalca Ortega, «generar deuda» pública para pagarlos. La Marea ha preguntado a Defensa sobre las cuestiones que se mencionan en este artículo. El ministerio no ha respondido.
El analista Bernardo Navazo, autor de un informe sobre el impacto de la crisis económica en Defensa para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del ministerio, matiza la denuncia del centro Delàs: «Es cierto que Defensa aplica trucos contables, lo que no quiere decir que el presupuesto para gasto militar no sea necesario, que lo es, ni tampoco que sea excesivo».
A sus ojos, el más «censurable» de estos «trucos» es que el presupuesto del Ministerio, en contra de lo que recomienda la propia OTAN, no incluye a todos los organismos que dependen de él ni todas las partidas que integran el gasto militar. «Sólo con añadir el gasto de los organismos autónomos de Defensa, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, entre otros, el presupuesto aumentaría 1.500 millones anuales», explica .
El «escándalo» de la I+D Con un gasto militar superior a lo que se declara y un ministerio en «parálisis económica-financiera» (el eufemismo con el que Defensa describe su ruina), a causa de sus deudas con las empresas que fabrican armas, parece inevitable preguntarse si el Estado no está dispensando un trato de favor a la industria de la guerra. Pere Ortega define como «un auténtico escándalo» la forma en la que se ha subvencionado a estas empresas a través de créditos en I+D concedidos por el ministerio de Industria para desarrollar los Programas Especiales de Armamento.
Cuando en 1996 -siendo secretario de Estado del departamento Pedro Morenés, su actual titular-, se plantea cómo financiar la compra de estas armas, el ahora ministro y sus subordinados idean lo que Ortega describe como una «ingeniería financiera» para que los presupuestos de Defensa no se dispararan. «Como las industrias precisaban de fondos para desarrollar las armas, al gobierno del PP se le ocurrió que el ministerio de Industria les concediera créditos de I+D, a cero interés y con un plazo de devolución de 20 años». Los dos ministerios, Industria y Defensa, firmaron un convenio según el cual el primero adelantaría el dinero a las empresas de armamento, unos fondos que las compañías debían devolver después no a quien se lo había prestado (Industria), sino a Defensa, cuando este último ministerio pagara las armas. Posteriormente, el departamento que ahora dirige Pedro Morenés reintegraría los fondos a Industria. Con esta complicada fórmula a tres bandas se ocultaba la enorme inversión en armamento y el consiguiente aumento en el gasto militar.
La supuesta I+D en muchas ocasiones ni siquiera era tal. Un experto en el sector, que exige anonimato para ofrecer su testimonio, pone el ejemplo del carro de combate Leopard: «La investigación se redujo a comprar a los alemanes el libro de instrucciones para fabricar el tanque».
Como descubrió el centro Delàs -gracias a una pregunta en el Congreso que por iniciativa suya planteó el grupo ERC-IU-ICV en 2008-, estas empresas, que han recibido «más de 17.000 millones en créditos», apenas si habían devuelto el 0,6 % de lo adeudado trece años después del inicio de los programas. Aunque es cierto que el plazo de devolución no ha concluido aún, el centro Delàs cree que ese dinero no se recuperará y que el Estado acabará por condonar los créditos.
En septiembre de 2011, el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, del último gobierno del PSOE, reconoció: «No deberíamos haber comprado armas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos ni entonces ni ahora».
Méndez encargó una evaluación de los PEAS cuyos resultados elevaron a más de 37.000 millones de euros las cantidades comprometidas con las industrias armamentísticas. Según Bernardo Navazo, los actuales responsables del ministerio recibieron esa evaluación y están renegociando con las empresas «cómo compensar y recuperar, que no condonar, los créditos concedidos».
Baja exigencia ética En un informe de 2009 del centro Delàs titulado El complejo militar-industrial, un parásito en la economía española, se precisa: «La industria militar española se sostiene sobre una base económica anómala: la de un oligopolio de cuatro grandes industrias, que suministran entre un 75% y un 80% de la producción militar en España».
Estas compañías son EADS-Casa, Navantia, Santa Bárbara-General Dynamics y, por último, Indra, principales beneficiarias de los créditos, ayudas y subvenciones del Estado, comunidades autónomas y otros organismos. Eso no siempre garantiza su viabilidad, pues, por citar el caso de Navantia, 100% pública, que construye los buques del Ejército, el informe precisa que, hasta 2009, la empresa siempre había tenido pérdidas. De ahí que se defina a este «oligopolio» como «parásito» del Estado, que es su principal, y a veces único, cliente.
Además de surtir de armas al Ejército español, estas industrias venden en el extranjero y han convertido a España en el octavo exportador mundial de armamento en 2011. Una actividad que plantea serias dudas éticas, sobre todo cuando se observa que, pese a las supuestas restricciones que impone la ley 53/2007 sobre la exportación de material bélico y la Posición Común Europea en la materia, España vende material bélico a países como Arabia Saudí, Pakistán, Israel y Marruecos. En 2007 incluso exportó las abyectas bombas de racimo a la Libia del coronel Muamar Gadafi.
Luis Mangrané es abogado y miembro del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental. Su asociación es uno de los colectivos que, desde 2010, ha presentado tres denuncias ante la Administración por entender que la exportación de armas a Marruecos, «que mantiene ocupado militarmente el Sáhara Occidental», viola, no sólo la legalidad internacional, sino también las propias leyes españolas. Sobre el papel, la ley 53/2007 prohíbe vender este tipo de material a países en conflicto y también a aquellos que violen los derechos humanos.
Estas denuncias se han topado con la baja exigencia ética de la que parece hacer gala este comercio en España. La respuesta del Estado ha sido rechazar investigar y tramitar las denuncias, pese a que las asociaciones han presentado pruebas de que vehículos Vamtac (un todoterreno militar) vendidos por España, «han sido usados en la represión en el Sáhara», deplora Mangrané.
El caso de Marruecos no es el único. España incluso ha modificado su legislación para plegarse a las exigencias de un buen cliente: Arabia Saudí, a quien el Gobierno pretende vender 250 carros de combate Leopard por valor de al menos 3.000 millones de euros. Esta teocracia que en 2011 ejecutó al menos a 82 personas, según Amnistía Internacional, y en marzo de ese año mandó sus tanques a Bahréin para sofocar las revueltas populares, impuso el cambio que se reflejó el 25 de mayo de 2012 en un Real Decreto Ley. La nueva norma abrió la puerta para que el Ejecutivo rubrique contratos de exportación con un gobierno extranjero, cuando hasta ahora eran las empresas las que firmaban dichos acuerdos. El preceptivo informe vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), integrada por miembros del Gobierno, queda así reducido a papel mojado pues parece inverosímil que el Ejecutivo se deniegue a sí mismo la autorización para exportar armas a otro país, después de haber firmado un contrato para ello.
El hecho de que las actas de la JIMDDU sean secretas subraya otra crítica recurrente a Defensa: la opacidad. No sólo en la venta de armas, sino en aspectos como la conclusión de todo tipo de contratos. La Marea ha revisado los BOE del último trimestre de 2012: de 182 contratos, 97 se negociaron «sin publicidad».
Las industrias armamentísticas españolas tienen un embajador que suele hacerse acompañar de los ejecutivos de Casa, Navantia y el resto de empresas de este ámbito en sus viajes oficiales: el rey. Juan Carlos I se ha implicado activamente en la negociación para vender los Leopard al régimen saudí, con cuya casa real mantiene estrechas relaciones. Un aspecto no exento de polémica, sobre todo después de que El Mundo revelara que quien pagó la cacería de elefantes del rey en Bostsuana fue la mano derecha en España del ministro de Defensa saudí, el empresario Mohamed Eyad Kayali. La mujer con la que se ha relacionado al monarca, Corinna Sayn-Wittgenstein, resulta que,entre otros negocios, se dedica a cobrar comisiones por intermediar en contratos de defensa, indicó el experto en el sector citado bajo anonimato.
El presidente norteamericano Dwight Eisenhower definió como «complejo militar-industrial» al entramado que conforman las industrias y los miembros de las fuerzas armadas, pero también las instituciones, políticos, empresarios y comisionistas que se lucran con este negocio, personas que, muchas veces, tienen un pie en la política y otro en las empresas armamentísticas.
En España, tenemos un ejemplo de libro: el ministro de Defensa. Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, hijo del vizconde de Alesón. Miembro de la nobleza, goza de la confianza del rey, quien, según varios medios digitales, propuso a Rajoy que lo nombrara titular de Defensa. Morenés había sido secretario de Estado del ministerio, precisamente en la época en la que se idearon los PEAS. Fue, pues, uno de los responsables de lo que el centro Delàs define como «una burbuja armamentística» que benefició a un sector para el que luego ha estado trabajando como directivo. Su regreso al ministerio como titular encierra la paradoja de que el hombre que aprobó los Programas Especiales de Armamento ha sido el elegido para solucionar el problema que él y su equipo crearon, o al menos contribuyeron a crear.
La lista de cargos de Morenés en la industria militar es larga. Fue presidente de MBDA España, participada por EADS, que proporciona al Ejército el misil Meteor. También fue consejero de SAPA Placencia y de Instalaza, la empresa que vendió bombas de racimo a Libia y director de Segur Ibérica, contratada por Defensa para proteger a los barcos de pesca españoles que faenan en el Índico. El ministro ha elegido además como secretario de Estado a una persona de perfil similar al suyo: Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía Boeing-España.
¿Se puede esperar que personas que han vivido de estas empresas y que después pueden regresar a ellas no les otorguen un trato de favor? Joan Tardà, diputado de ERC, no dio muestra de duda alguna al comparar el nombramiento de Morenés con «poner a la zorra a cuidar del gallinero».
[Artículo publicado originalmente en el número 2 de La Marea y actualizado con información de Daniel Ayllón y Eva Belmonte, autora de El Boe nuestro de cada día]