La noche entre los días 15 y 16 de octubre de 1983 desaparecieron de la localidad donde residían los jóvenes tolosarras Joxean Lasa y Joxi Zabala. Se ponía así en funcionamiento la trama que desde el Gobierno del PSOE organizaron, con la implicación de los aparatos del Estado y el consentimiento del Gobierno francés, para […]
La noche entre los días 15 y 16 de octubre de 1983 desaparecieron de la localidad donde residían los jóvenes tolosarras Joxean Lasa y Joxi Zabala. Se ponía así en funcionamiento la trama que desde el Gobierno del PSOE organizaron, con la implicación de los aparatos del Estado y el consentimiento del Gobierno francés, para combatir el independentismo vasco, si bien la justificarían enmarcándola en la «lucha contra el terrorismo». Secuestros y atentados indiscriminados se sucederían durante varios años, con un saldo de 27 muertos y numerosos heridos. Era la defensa del Estado «desde las cloacas», como la denominó el presidente del Gobierno español en aquellos años.
Los GAL fueron el paradigma del terrorismo de estado, y la desaparición de Lasa y Zabala lo fue de su actuación, toda vez que conllevó el secuestro, el tormento de la tortura y la muerte. Todo ello al amparo de la impunidad. Veinticinco años después, sin embargo, el conflicto que enfrenta a Euskal Herria y a los dos estados que la administran sigue en los mismos parámetros de confrontación. La llamada lucha contra el terrorismo lo sigue siendo contra el independentismo vasco, con el mismo intento de anular a ese sector con decisiones impropias de un Estado de Derecho, pero justificadas por el sello judicial; con el mismo partido desde el que se organizaron los GAL gobernando en Madrid; y con el mismo partido cuya Policía secuestró los féretros de los dos jóvenes en su entierro y agredió a los familiares y demás asistentes al acto de homenaje a la cabeza del Gobierno de Lakua.
Se cumplen 25 años de la desaparición de dos jóvenes vascos que, según se sabría doce años después, fueron torturados indescriptiblemente y muertos por quienes tenían encomendada la misión de respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos y que, a pesar de que algunos de ellos fueron juzgados 17 años después en uno de los escasísimos casos de terrorismo de estado que llegaron a los tribunales, hoy se encuentran en libertad. Dos desaparecidos no en el seno de una «dictadura sudamericana», sino en un estado europeo que se reivindica democrático. El mismo que sigue brindando impunidad y evitando la depuración de responsabilidades.