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300 personas convocadas por 60 colectivos sociales se concentran en Valencia contra el racismo institucional y la violencia policial

«Le empujaron, lo arrojaron al suelo y le pusieron una porra extensible en el pecho»

Fuentes: Rebelión

Dos agentes de la policía local de Valencia, vestidos de paisano, llegaron a la sede del Centro Cultural y de Ocio Camerunés ubicada en el popular barrio de Benicalap, en Valencia. Era la madrugada del pasado ocho de agosto, y los hechos se desencadenaron con esta visita rutinaria. María Nieves Nfina, de nacionalidad guineana, se […]

Dos agentes de la policía local de Valencia, vestidos de paisano, llegaron a la sede del Centro Cultural y de Ocio Camerunés ubicada en el popular barrio de Benicalap, en Valencia. Era la madrugada del pasado ocho de agosto, y los hechos se desencadenaron con esta visita rutinaria. María Nieves Nfina, de nacionalidad guineana, se encontraba tomando la fresca en la puerta de la asociación. Su marido, Cedrick Komol, camerunés y activista del centro cultural, salió del interior del local después que le avisara María Nieves, ya que los policías querían ver a algún responsable del centro. «Me pidieron la documentación personal», relata Komol, y «después quisieron saber si el local estaba abierto; yo les dije que llamaran al comisario, que los impresos que me presentaban no eran los mismos que en otras ocasiones».

El activista camerunés recuerda lo acontecido antes que empezara la concentración contra el racismo institucional, convocada por 60 colectivos sociales el 23 de septiembre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y en la que participaron 300 personas. «Cuando mi mujer quiso entrar en la asociación, los agentes la cogieron, empujaron de modo violento y esposaron; un policía le pegó una patada y otros agentes se arrojaron encima de ella, también le colocaron una porra extensible en el pecho». Además, debido al griterío y la confusión generada en la asociación y entre los vecinos, según el testimonio de Cedrick Komol, los policías pidieron refuerzos, por lo que se desplazaron a la zona varios vehículos de las policías local y nacional.

El 17 de agosto la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos de Odio de Valencia, ante la posibilidad de que la intervención policial constituyera un delito de amenazas, odio y detención ilegal. Esta denuncia se sumó a la ya interpuesta por las víctimas. La Asamblea Ciudadana contra el Racismo de Valencia, constituida en asamblea tras la agresión y organizadora de la concentración antirracista, calificó de «brutal» la actuación policial en el centro cultural camerunés y criticó el despliegue «desproporcionado» de agentes (que requería la autorización tanto del jefe de la policía municipal como del conocimiento por parte de los mandos políticos, agrega la Red) para la detención de una mujer desarmada.

Además la Asamblea Ciudadana contra el Racismo recuerda algunos de los insultos recibidos por la víctima: «Gorda, puta y negra de mierda, te quitaré a tu hijo». María Nieves Nfina no pudo participar en la concentración del 23 de septiembre. El matrimonio y su hijo, testigo de las agresiones, están actualmente en tratamiento psicológico. «Es una mujer traumatizada por la situación, no duerme y tiene miedo de que su hijo de tres años tenga secuelas», informa la Asamblea Ciudadana contra el Racismo.

En el acto reivindicativo, activistas de diferentes colectivos se dirigieron micrófono en mano a los concentrados, se procedió a la lectura de un manifiesto y también al «mensaje» del centro cultural camerunés; además se escenificó una «performance» por parte de la ONG Valencia Acoge y hubo espacio para la música de percusión africana. «¡No al racismo policial e institucional!», clamó Cedrick Komol.

Pasadas las 12 del mediodía un activista de Iaioflautes-Valencia, colectivo que se define como los abuelos del 15-M, inició los parlamentos: «La detuvieron y esposaron como si María Nieves fuera un político del PP que lleva toda la vida robando; queremos una policía del pueblo»; aunque, matizó el activista, «no toda la policía local actúa del mismo modo». El «mensaje» del Centro Cultural Camerunés tampoco quiso generalizar las prácticas de racismo institucional, pero insistió en que estos episodios se producen. De hecho, el manifiesto denunciaba las vulneraciones diarias de los derechos fundamentales que viven las personas migrantes y refugiadas en las «redadas policiales» por perfil étnico; y recordó entre los colectivos afectados a manteros, trabajadoras del hogar, del campo y de la construcción y aparcacoches.

A escasos metros de la concentración se palpaba un ambiente festivo y de domingo soleado, al celebrarse la edición número XXVI del Dia de la Pilota Valenciana, en la que se reivindicaba este deporte autóctono. Mientras, al otro lado de la plaza, pronunciaba unas palabras en catalán Marie Laure Thobi, secretaria general del Centro Cultural y de Ocio Camerunés. «Sóc camerunesa i migrant, no pensé marxar-me de València; a més vull agrair la protecció dels agents de la policía local que ens protegiren d’alguns dels seus companys», afirmó. Llegó a España en el año 2000, es lingüista (se licenció en traducción e interpretación por la universidad de Valencia) y trabaja por cuenta propia.

Nada más arribar al estado español, Marie Laure Thobi sufrió el racismo institucional, asegura, en un municipio valenciano de la comarca de la Vall d’Albaida, Ontinyent: «Éramos los primeros negros en el pueblo, tres cameruneses y dos congoleños». Menciona el acoso laboral y escolar como ejemplo de los abusos que afrontaron. «En 17 años nunca he tenido un contrato laboral (legal) en España», afirma; «es otra forma de racismo».

Algunos asistentes comentaban la presencia de tres personas -dos de ellas con sandalias y macuto muy similar-, que se distinguían por las zapatillas de la marca Nike y una camisa de la firma Ralph Lauren; tomaron numerosas fotografías a los migrantes durante el acto. Cerca de ellas otro activista de la asociación, Ardin, recuerda las circunstancias que vivió hace una década cuando fue a interponer una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional; «sea la ‘local’ o la ‘nacional’, su comportamiento respecto a los migrantes no varía», explica. Entonces Ardin contaba con un permiso de trabajo y residencia en tramitación, pero en lugar de atender a su denuncia la policía procedió a su detención en la comisaría y le trasladó a los calabozos, según relata; «cuando el agente telefoneó a uno de mis contactos en España, le reveló detalles de mi expediente, con aspectos de mi vida».

Además a Ardin el mismo policía le abrió un expediente de expulsión. Hoy es profesor de danza y coreógrafo; lamenta que en España a los inmigrantes se les pida que se integren, mientras les imponen barreras a su desarrollo vital; «compañeros cameruneses han salido a Bélgica y Francia, y muchos de ellos ahora trabajan como autónomos». En España, algunos de los compatriotas que llegan a la asociación le informan de ejemplos de racismo institucional: policías que les han roto la tarjeta sanitaria o que les han roto la tarjeta sanitaria tras una detención; Tal vez por ello, «creemos que los agentes de la policía necesitan una formación complementaria». Además considera que en las decisiones institucionales que afectan a los migrantes -como la lucha contra el racismo- debería contarse con las entidades que los representan, como el Foro Alternativo de la Inmigración.

El manifiesto de la Asamblea Ciudadana denuncia el «racismo institucional» y la «violencia policial». Con este punto de partida, pide al Ayuntamiento de Valencia (Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú) que constituya una comisión de investigación sobre la agresión a María Nieves Nfina, abierta a la sociedad civil y todos los partidos; también un observatorio que permita mesurar el racismo institucional; la formación de la policía local en materia de prejuicios y xenofobia; explicaciones de lo ocurrido la noche del ocho de agosto por parte de la alcaldía; la sanción de los agentes responsables, y una iniciativa relacionada con la transparencia: «La publicación del protocolo de actuación de la policía local donde se indica que para detener a una mujer desarmada hay que llevar doce patrullas».

Lesly Konde, camerunesa de 23 años, ha permanecido durante todo el acto sujetando una pancarta, en la que se pueden leer consignas como «Respeta la diversidad; ser inmigrante no es delito». Vive desde hace seis años en España y este verano ha trabajado como ayudante de cocina en un hotel de Montanejos (Castellón). Actualmente busca empleo. ¿Ejemplos de racismo en su experiencia vital? «Llevo más de seis meses sin ver a mi hijo de cuatro años; me separé de su padre, ahora no me deja verlo y en el juzgado de guardia ‘pasan’ del caso». En julio, antes de comenzar el trabajo en el hotel, se dirigió a instancias policiales para denunciar el caso: «Me remitieron a los juzgados, y tampoco quisieron saber nada más».

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.