Olvidarse de la casa, cerrar la puerta a un sueño convertido en pesadilla y volver a empezar de cero. Eso es lo que le gustaría a Pedro, a Lucía, a Teresa, a Javier y a tantos y tantos miles de personas que viven con el miedo en el cuerpo, con la angustia de perder su […]
Olvidarse de la casa, cerrar la puerta a un sueño convertido en pesadilla y volver a empezar de cero. Eso es lo que le gustaría a Pedro, a Lucía, a Teresa, a Javier y a tantos y tantos miles de personas que viven con el miedo en el cuerpo, con la angustia de perder su vivienda por la que tanto han luchado.
Entregar su casa y quedarse en paz, al menos con los bancos. Pero no siempre es así.
«Cierras la puerta, pero te llevas en la maleta una deuda que arrastras para toda la vida», dice José Coin, uno de los afectados por el impago de hipotecas. Hasta ahora, poco o nada había que hacer, era una lucha de David contra Goliat, el ciudadano de a pie contra ese gigante que son las instituciones financieras «y contra el Estado, que es quien permite que esto esté pasando en España», explica Francisco José Bayo, que ha tenido que refinanciar su deuda de 20.000 euros que le asfixian y ya no puede pagar.
Con nombres y apellidos
Pero hoy esa lucha titánica puede tener un final inesperado gracias a una sentencia de un juzgado de Navarra en contra de que se ejecuten los embargos por impago o a que un magistrado haya elevado al Constitucional la legalidad de esta normativa «inconstitucional», apuntan desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
«Por fin nos han empezado a escuchar», insisten desde Adicae, la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros, que cuenta ya con miles de firmas y escritos sobre la mesa.
Pero tras los papeles de estos colectivos, y también ahora de ayuntamientos, consumidores, sindicatos, organizaciones políticas y hasta jueces, hay nombres. Mucho nombres. Se calcula que este año podrían perder su casa 300.000 personas, que se suman a los que la crisis ya ha dejado en la calle. «Hablamos de más de un millón de personas en sólo cuatro años», aclara el secretario general de Adicae, Fernando Herrero.
En elEconomista rescatamos cuatro nombres que valen por ese millón, por lo que cuentan, por lo que viven, por lo que hay detrás. «Gente trabajadora, que siempre hemos cumplido religiosamente con nuestros pagos y queremos seguir haciéndolo. No pedimos limosna, sólo que nos escuchen», explica impotente Teresa Riquelme.
Murciana, 30 años, dos pequeños, un marido camionero asfixiado por la crisis y una orden de embargo para el próximo 24 de marzo. Empieza la cuenta atrás. Las maletas están ya hechas y sólo están esperando el momento.
En 2007, Teresa y su marido Pedro Rubero recibían las llaves de su piso, un pequeño adosado en La Torre de Cotillas (Murcia). Pero no hubo tiempo para disfrutar ni de las llaves ni de la decoración. «Las desgracias», dice, llegaron juntas.
Al mes de estrenar la casa, Teresa perdió su trabajo en un taller de calzado, a la vez que la empresa de su marido empezaba a ahogarse, una compañía de transporte con tres camiones montada hacía sólo dos años. La crisis pudo con el negocio y Pedro optó por alquilar sus camiones a otra empresa que le estafó y le dejó pagarés millonarios sin abonar.
«Contamos en la Caja de Ahorros del Mediterráneo nuestro problema y como nos conocían, y sabían que éramos trabajadores y cumplidores, nos dijeron que no nos preocupáramos, que ya buscaríamos soluciones». Meses más tarde, Pedro logró salvar 6.000 euros llamando a muchas puertas, que inmediatamente fueron a devolver a la CAM. Pero para su sorpresa no se los aceptaron.
«Habéis llegado un día tarde. Vuestra casa está ya en proceso judicial», recuerda Teresa que le comentaron. «Reclamé, lloré, les dije que esperaran, que mi marido había encontrado un trabajo como camionero internacional con un sueldo de más de 2.000 euros y aunque la deuda se comía todo, eso nos facilitará las cosas». Fue entonces cuando el banco le planteó la dación en pago para alquilársela después por 425 euros al mes hasta que pudieran volver a comprarla.
Era la solución perfecta, pero el nuevo contrato nunca llegó. En el buzón, lo que había, era la carta de desahucio con fecha 24 de marzo. Teresa ha tirado la toalla. «Cuando llegue la hora me iré con dignidad, sin causar problemas», dice mientras busca otra casa de alquiler por la zona.
Pero no será tan fácil. Han perdido 12 millones y lo que es peor, no saben cuántos intereses les van a cobrar. Llora. Por eso y porque hace unos días recibió de madrugada una llamada de teléfono de ésas que suenan a peligro. «Pensé que a Pedro le había pasado algo grave. Rueda kilómetros y kilómetros por Europa sin más compañía que nuestros problemas. Algún día tenía que ocurrir». Pero fue su suegro, también camionero, que está muy grave en París. Pedro se ha ido con él. «Somos buena gente», insiste. Pero la CAM sigue con el proceso.
Familia Piedrafita
Como también lo sigue Crédit Agricole, la entidad francesa que quiere «echar» a Daniel Piedrafita. «Hemos pasado de ser muy bien reci- bidos a ser personas non gratas. 44 años, casado, con una niña de siete y una deuda de 80.000 euros por un piso que van a perder.
Ya ha hecho las maletas y esperan que les echen. «Sólo he pedido que me digan cuándo y cómo. No quiero que mi hija vea ninguna escena dramática. No pido más», dice entero.
Pero su serenidad se rompe cuando cuenta su propia historia. A finales de 2005 se trasladaron a vivir a Aiguafreda, muy cerca de Vic, donde montó un pequeño despacho de arquitectura con su socio. Vendieron su piso y compraron una casa por 300.000 euros con una hipoteca «sólo» por el 65 por ciento del precio.
De nuevo la maldita crisis. Y de nuevo un negocio truncado y un paro que baja junto a un euribor que sube. «Yo cobraba entre 2.500 y 3.000 euros y tenía una hipoteca de 1.000 euros. Pero todo dio la vuelta, me quedé en paro y el préstamo subió a 2.000 euros», recuerda con las facturas en la mano.
Desde la entidad bancaria le dijeron que harían algo, que no se preocupara, que le conocían e intentarían cancelar la deuda con la dación en pago. Pero en 2008 rompieron las relaciones de manera unilateral. El banco no quería saber nada y tampoco quería arriesgarse. «Les dije que me la alquilaran. Ésta es mi casa, mi barrio, mi vida. Pero se rieron y aunque intenté venderla para devolver el dinero y finiquitar la deuda, el banco se la quedó».
En febrero de 2009 fue el juicio y en mayo del año siguiente la subasta. Nadie pujó por ella y se la quedó la entidad. «Pero ahora me reclaman 80.000 euros por los intereses devengados desde que entró en subasta hasta que se queden la vivienda. Daniel tiene todo preparado y ya busca casa. ¿Posibilidades? Ninguna. Sin nómina, con un subsidio de 400 euros, su mujer a punto de perder su empleo de cocinera y con una mora insalvable.
«Podíamos haber evitado todo esto y ya no podemos seguir tirando de las familias. Toda la vida trabajando y tendré que pedir ayuda social», comenta con impotencia ante un Crédit Agricole que concluyó 2010 con un beneficio neto de 1.263 millones de euros. Cosas de la economía, dice.
De Murcia a Madrid
Volvemos a Murcia, a Molina de Segura, donde José Coin ya prepara una huelga de hambre. «Me sacarán con los pies por delante. De mi casa no me mueve nadie». José, 47 años y un hijo de 17 años, también es un producto de la crisis. De la crisis y de la implantación de los negocios chinos en España.
José cerró su empresa textil y habló con el banco porque, sin paro, no podía pagar la hipoteca de 700 euros. Cajamar tampoco escuchó y hoy vive pendiente de una subasta fijada para el 15 de junio. «He escrito al juzgado una carta contando mi caso. Quiero montar una cooperativa de alimentación, soy un currante, no un vago, pero sé que las cosas están difíciles». La juez ha dicho que decida Cajamar.
En Madrid, la pelea de Jorge Andrés Carballosa es con el banco Guipuzcona no sólo por la hipoteca, sino por una cláusula de suelo que firmó sin saberlo. Se quedó en paro y pese a que el euribor bajó, el banco «se lo cobró» por este seguro. Sólo pide que retire esa cláusula que le impide comer.
Sin empleo y sólo con una ayuda de 426 euros, este cubano se esfuerza en ampliar su currículum en el mundo sanitario: enfermero, conductor de ambulancia… «No soy un tramposo. Ellos me engañaron».