La permanencia de estereotipos sexistas en la sociedad cubana es una amenaza de cara al proceso de consulta popular del nuevo Código de la Familia, previsto para 2021 en el archipiélago caribeño, coincidieron especialistas reunidos en La Habana.
La aceptación acrítica de patrones heteronormativos, centrados en concepciones de jerarquía y poder, guarda relación con el desconocimiento de la legitimidad de las múltiples configuraciones familiares que existen actualmente, alertó la jurista Ana María Álvarez Tabío-Albo, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, durante uno de los paneles del III Seminario Internacional «Diálogos en torno a los derechos humanos».
En Cuba ha operado un proceso de comprensión de las relaciones familiares que se aleja de la tradicional familia nuclear y busca atender intereses más valiosos como el afecto, la solidaridad, la lealtad, la confianza y el respeto, señalaron especialistas presentes en el debate relacionado con el derecho a la vida familiar, que se sesionó en la casa de altos estudios en la capital.
La actual Constitución de la República, que entró en vigor en 2019, reconoce la diversidad familiar y protege que las múltiples configuraciones de familias que existen sean igualmente válidas y legítimas a nivel social.
Los artículos 42 y 81 de la Carta Magna, particularmente, reconocen los principios de pluralismo, inclusión y la igualdad afectiva en el reconocimiento de la diferencia y la diversidad familiar, indicó Álvarez Tabío-Albo, quien intervino en el Panel II «Diálogos sobre las familias cubanas en la diversidad».
Para conseguir que esa protección sea realmente efectiva, urge revisar las normativas vigentes relacionadas no solo con la estructura familiar, sino también con otras ramas del derecho civil y penal que abarcan asuntos económicos, patrimoniales, vinculados a delitos o violencia, entre otros.
En ese camino, el próximo debate y aprobación del nuevo Código de las Familias resulta un paso imprescindible.
Durante el encuentro, panelistas reconocieron la necesidad de ofrecer información oportuna y consistente en relación con el contenido y principales transformaciones del nuevo texto legal, en aras de que las personas lleguen al momento de la consulta con una clara comprensión de cuánto puede influir esta norma en la justicia y equidad de proyecto de nación que busca Cuba.
A través de sus propias transformaciones, la familia ha demostrado ser una de las instituciones sociales más dúctiles y resilientes, evidenciado en los nuevos escenarios de convivencia y maneras de entender el proceso reproductivo, así como la maternidad y la paternidad sin anclaje a un vínculo necesariamente biológico o jurídico, indicó Álvarez Tabío-Albo.
Entonces, romper el modelo de familia biparental -de mamá y papá- se perfila como requisito primordial para entender la posibilidad de familias compuestas por dos personas del mismo sexo o por otros integrantes diferentes, a cargo de un menor de edad, comentó la jurista.
Según la experta, un elemento definitorio en este sentido es el empleo del concepto de parentalidad social, el cual rechaza la exclusividad de los lazos consanguíneos como condición para el establecimiento de una relación familiar.
Así, la parentalidad social defiende las capacidades morales y humanas de los sujetos en detrimento de mitos, estereotipos o preconcepciones discriminatorias, detalló Álvarez Tabío-Albo.
No se trata de imponer o fomentar un modelo particular de familia, sino de garantizar los mismos derechos para todas, más allá de los gustos o creencias personales y siempre a favor del respeto a la individualidad como un derecho fundamental, resaltó.
Por su parte, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), destacó que la maternidad y la paternidad se aprenden y defendió la necesidad de «crear nuevos espacios profesionales para asesorar a las familias».
El III Seminario Internacional «Diálogos en torno a los Derechos Humanos» sesionó entre el 9 y el 11 de diciembre y abordó otros temas como la protección jurídica de la niñez y la adolescencia, la libertad religiosa, el derecho a la salud en contextos de emergencias sanitarias y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Entre los paneles, destacó el debate acerca de la «Estrategia integral para la prevención y atención de la violencia de género en Cuba», en el cual se brindaron detalles de las últimas acciones articuladas en el país en busca de un protocolo de atención a este fenómeno que integre a instituciones y servicios como los de salud, policiales, jurídicos, etcétera.
Además, durante las sesiones se presentó el libro Garantía de los Derechos en el nuevo panorama constitucional cubano y la Red Iberoamericana de Investigación en Derecho: Familia, Migraciones Internacionales y Solución de Conflictos, primera de su tipo constituida en la Universidad de La Habana.