Tras analizar en el pasado número de Diagonal [nº 41, páginas 36 y 37], desde una perspectiva económica y legislativa, las expectativas generadas por la Ley de Dependencia a su llegada al Senado, ofrecemos ahora un enfoque sociosanitario sobre la cuestión. Para el autor, uno de los principales peligros de la norma está en que […]
Tras analizar en el pasado número de Diagonal [nº 41, páginas 36 y 37], desde una perspectiva económica y legislativa, las expectativas generadas por la Ley de Dependencia a su llegada al Senado, ofrecemos ahora un enfoque sociosanitario sobre la cuestión. Para el autor, uno de los principales peligros de la norma está en que esta política favorezca, como en Reino Unido, la entrada de multinacionales en el sector de la atención y los cuidados.
La Ley de la Dependencia pretende esencialmente desarrollar lo que se ha dado en llamar ‘el cuarto pilar del Estado del Bienestar’, cubriendo un espacio social que hasta ahora ha recaído sobre las familias, fundamentalmente las mujeres, que soportan serias dificultades humanas para atender a las personas con discapacidad, sometidas a unas condiciones de desigualdad inaceptables. En la actualidad muchas personas, especialmente de los sectores sociales menos favorecidos, carecen de cualquier tipo de atención.
Uno de los aspectos más positivos de la nueva ley, cuya primera implantación se espera para enero, está en que no plantea la medicalización de la atención sociosanitaria, sino que pretende mejorar la autonomía y la asistencia sociosanitaria de las personas dependientes. No obstante, algunas comunidades autónomas, como consecuencia de la presión de importantes grupos corporativos profesionales (geriatras, rehabilitadotes, neurólogos…) e industriales (empresas multinacionales especializadas en hospitales para enfermos crónicos) pretenden asimilar el concepto de dependencia con el de discapacidad o enfermedad crónica que exige tratamiento médico, hospitalización, medicamentos, rehabilitación, etc. La atención sociosanitaria se convierte así en una mercancía más objeto de transacción (compra-venta). Estos grupos de presión quieren trasformar la atención sociosanitaria en asistencia médica, lo que, además de no responder a las necesidades de las personas dependientes, tendría un importante impacto sobre el gasto sanitario.
El fin justifica los medios
Resulta paradójico en el anteproyecto de ley que su dimensión social, un sistema público y universal para las personas dependientes, entre en contradicción con los medios que se proponen para su desarrollo. El modelo propuesto es de cuasi-mercado, semipúblico y semiprivado, tanto en la financiación, dado que introduce el copago por los pacientes y usuarios, como en la provisión de los mismos por empresas privadas. De este modo se crea una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados. En el Reino Unido, esta política ha favorecido la implantación de empresas multinacionales norteamericanas que han acaparado los servicios de atención a estos pacientes.
Asignar al sector privado un papel relevante en la atención sociosanitaria supone la privatización parcial de una de las áreas que más desarrollo van a tener en el futuro, ya que el envejecimiento acelerado de la población irá asociado a un importante incremento de enfermedades crónicas y discapacidades.
Por otra parte, y contrariamente a lo que anuncia, apenas contempla garantías de universalidad y equidad de las prestaciones ya que establece un Catálogo de Prestaciones Básicas comunes a todos los ciudadanos de las comunidades autónomas, financiado por la Administración central del Estado, pero su limitado contenido podrá ser ampliado por las diferentes administraciones autonómicas, según sus posibilidades para financiarlos. Como el actual modelo de financiación autonómica genera diferencias en la capacidad recaudatoria de cada comunidad, se incrementarían las desigualdades en la oferta de servicios en función de la comunidad donde se viva.
Por último, la prestación de los cuidados a domicilio por familiares a cambio de un sueldo y Seguridad Social como contempla este proyecto jurídico mejoraría su situación, pero supone perpetuar su aislamiento social y no garantiza una atención de calidad por falta de personal profesional. Esta renta salarial haría depender parte de la economía familiar de la persona atendida (casi siempre mayor y con poca expectativa de vida), que al morir enviaría al paro al cuidador o cuidadora. La medida parece destinada al medio rural, poco atractivo para las empresas privadas por su escaso margen de beneficios.
* Manuel Martín García es presidente de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública.