La lógica empresarial se extiende también al margen que deja la Ley de Dependencia en otros aspectos como la financiación de las futuras situaciones en las que las personas tengan que hacer frente al copago de los servicios. En este sentido se rediseñan los recientemente creados seguros de dependencia y se prevé una extensión rápida […]
La lógica empresarial se extiende también al margen que deja la Ley de Dependencia en otros aspectos como la financiación de las futuras situaciones en las que las personas tengan que hacer frente al copago de los servicios. En este sentido se rediseñan los recientemente creados seguros de dependencia y se prevé una extensión rápida de las hipotecas inversas. El abanico abierto por un posible cambio cultural en la concepción de la atención a la dependencia y los cuidados personales es ya analizada en términos de oportunidad de negocio en los nuevos nichos de mercado por las grandes aseguradoras y entidades financieras. Como señala David Barriopedro, la ley se aplica cuando el sector ya está privatizado: «Abrirá un mercado enorme, donde va a querer meterse gente de todo tipo. Es proyecto de buenas intenciones, pero vamos a ver en qué manos se pone».
Centros de menores: ¿cárceles privadas?
Los centros de menores son el lugar donde más se ha dejado sentir el proceso de deterioro de lo social. Numerosas organizaciones protestaron cuando estos centros pasaron de depender del área de Asuntos Sociales a ser parte del Ministerio de Interior. En 2000 la Ley de Responsabilidad Penal del Menor abría la puerta a que los reformatorios fueran gestionados por organismos privados. En la práctica, ello ha llevado a que empresas de seguridad y vigilancia como el Grupo Eulen gestionen directamente los centros. Al tratarse de centros privados, la contratación en buena parte de los casos responde más a la confianza con la empresa que a la capacitación profesional. De este modo, se dan casos incluso de vigilantes de seguridad que llegado el momento pueden trabajar como educadores de menores internados en los centros. La búsqueda del negocio ha llevado a la instalación de ‘macrocentros’, que según asociaciones de defensa del menor suponen en la práctica cárceles privadas.
Del barrio a la subcontrata
Algunos trabajadores recuerdan cómo décadas atrás eran las asociaciones de vecinos o colectivos de barrio quienes atendían ciertas necesidades sociales. A partir de la décadas de los ’80, fue la Administración la que empezó a hacerse cargo de las tareas. Ahora, desde los últimos diez años, lo social queda cada vez más en manos privadas. Muchos lamentan que se ha perdido el tejido que generaban los servicios. «Antes había un vínculo más directo entre el trabajador social y quienes recibían el servicio. Eran vecinos, del mismo barrio. Ahora puede que sea alguien de otra ciudad, que venga subcontratado 15 o 20 días y luego vaya a otro lado», dice Mario, de Semilla.