En dos resoluciones previas el PCPE manifestó con claridad que no le valdría una ley que no tuviera un hondo calado republicano y antifascista, por lo cual rechazábamos, de mano, el procedimiento clandestino y oscurantista de negociación que se estaba llevando, muy en particular por dejar al margen a las asociaciones de recuperación de memoria […]
En dos resoluciones previas el PCPE manifestó con claridad que no le valdría una ley que no tuviera un hondo calado republicano y antifascista, por lo cual rechazábamos, de mano, el procedimiento clandestino y oscurantista de negociación que se estaba llevando, muy en particular por dejar al margen a las asociaciones de recuperación de memoria histórica.
Los meses nos han dado la razón y todo parece indicar que el nuevo proyecto de ley, pactado por la derecha nacionalista y el PSOE e IU-ICV, no sólo contraviene las normas básicas del derecho internacional, sino que confronta con las reivindicaciones de las ya señaladas asociaciones, pues no contempla las principales exigencias del llamado «Plan de Acción» presentado por las asociaciones de víctimas y derechos humanos en el año 2004.
Cuantas mejoras ha habido en la Ley se deben básicamente a la presión ciudadana, lo cual nos hace preguntarnos que diferente hubiera sido la ley si la izquierda parlamentaria hubiera optado por la movilización social en vez de por las negociaciones de salón. Pero es lógico el método escogido, si leemos la Exposición de Motivos del proyecto, pues se trata de no de una norma para recuperar la memoria histórica y romper con el Franquismo, sino una ley para enaltecer la Transición, y que mejor forma que aprobarla de espaldas al pueblo.
Además la cesión a las exigencias de CIU ha implicado un empeoramiento del contenido inicial, al colocar en el mismo plano que la sistemática represión Franquista los posibles errores o extralimitaciones, no promovidas ni por el gobierno republicano ni por los partidos que le apoyaban, frente a personas que profesaban la religión católica. Además, si observamos la mayor parte de las mejoras introducidas en la ley se hace en la Exposición de Motivos, no en el articulado de la norma, lo que esconde su escasa virtualidad jurídica y la falta de voluntad política del gobierno y sus socios para convertirla en un instrumento útil, sobre todo para las victimas.
De una lectura normal de la ley puede extraerse claramente que se sigue equiparando al bando de los que defendíamos la democracia republicana y al de los sublevados fascistas. ¿Y todo ello para intentar lograr el apoyo del PP y la Iglesia Católica?, quizás, pero ello no se consigue, lo cual demuestra que más bien nos encontramos ante una imposición más de la Monarquía y los poderes fácticos, al igual que ocurrió en la Transición.
El nuevo proyecto sigue negándose a anular los juicios del Franquismo y se esconde bajo una calificación de exclusiva «ilegitimidad» de los mismos, de la cual nadie dudaba, que esconde una legalización » a posteriori» del mismo, contraviniendo las propias resoluciones de la ONU, y obliga a las victimas y sus familias a someterse a nuevos procedimientos individuales para alcanzar dicho reconocimiento o lo que es lo mismo a tener que ser juzgados de nuevo. Juristas de reconocido prestigio han avalado que no existen las supuestas dificultades alegadas por el Gobierno Zapatero para no declarar la nulidad radical y directa de los mismos, existiendo formulas en Alemania y Chile, de las cuales se pudiera aprender. Lo que se esconde detrás de dicha actitud es la nula voluntad política de romper con el Franquismo, lo cual parece lógico para quien acepta que un Rey nombrado por Franco siga siendo Jefe del Estado.
Ni que decir tiene que la ley no contempla ni la formación de una «Comisión de la Verdad» ni cualquier otro mecanismo efectivo que permita investigar la totalidad de los crímenes contra la humanidad cometidos en aquellos cuarenta años, incluida una labor de averiguación del paradero de l@s desaparecid@s durante la dictadura, a cargo del propio estado; que no contempla el reconocimiento jurídico de la condición de victimas a todas las personas que sufrieron persecución, exilio, encarcelamiento, detención y/o muerte por defender la Republica, por tener ideas progresistas o por motivos de tendencia sexual, raza o religión, o cualquier otra forma de discriminación y que no articula medidas efectivas para la indemnización de los daños y perjuicios derivados de los encarcelamientos o detenciones (en cualquiera de sus formas, incluyendo también los campos de concentración y batallones de trabajadores), así como de las incautaciones y expropiaciones de bienes tanto de las personas físicas como de las jurídicas (sindicatos, partidos, entes autonómicos, organizaciones privadas etc…) y que tampoco establece el reconocimiento jurídico y moral de todas las personas que han sufrido dicha represión, incluida la articulada por bandas paramilitares fascistas; y que tampoco contempla la retirada obligatoria de los símbolos y referencias franquistas de todos los edificios, calles o instalaciones de todo tipo de las administraciones del estado o instituciones privadas, incluida la Iglesia Católica, pues dicha eliminación se extiende a «símbolos de exaltación de la guerra civil», en una nueva equiparación de ambos bandos, y deja parcialmente en manos de la voluntad de Comunidades Autónomas y Entidades Locales su retirada, sin fijarse ningún precepto que lo garantice efectivamente.
El PCPE, como no podría ser de otra forma, continúa apoyando las propuestas que en esta materia plantea en particular el Equipo Nizkor y la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y hace un llamamiento a responder en la calle, con movilizaciones de todo tipo a este nuevo engaño del Gobierno Zapatero y sus aliados. Y en particular, consideramos que la manifestación estatal por la III Republica del 6 de Diciembre debe ser también un clamor contra esta nueva Ley que de nuevo traiciona a las victimas del Franquismo.