Desde que el ministro franquista Arrese aprobó un plan de viviendas masivo al grito de «Queremos un país de propietarios y no de proletarios», los sucesivos gobiernos de la democracia han realizado políticas de vivienda basadas en la propiedad y el apoyo a la iniciativa privada. En Euskadi el resultado está a la vista, sólo […]
Desde que el ministro franquista Arrese aprobó un plan de viviendas masivo al grito de «Queremos un país de propietarios y no de proletarios», los sucesivos gobiernos de la democracia han realizado políticas de vivienda basadas en la propiedad y el apoyo a la iniciativa privada.
En Euskadi el resultado está a la vista, sólo once mil viviendas de alquiler gestionadas públicamente, apenas el uno por ciento del parque total de viviendas, a años luz del 16% de media en la Unión Europea. La vivienda, un bien de primera necesidad, imprescindible para desarrollar un proyecto de vida y facilitar la cohesión social, ha sido un lucrativo negocio para bancos, inmobiliarias, constructoras o tasadoras, y para todo tipo de corruptos. El continuo aumento del precio, debido a la especulación, ha conseguido que la vivienda sea un bien inaccesible para muchos, o accesible hipotecándose para toda la vida.
La crisis económica, y la lucha de millones de personas, con Stop Desahucios y otras organizaciones al frente, han revelado hasta que punto la legislación española beneficia a los banqueros. La Ley Hipotecaria ha sido declarada una de las mas injustas de Europa, los contratos hipotecarios están plagados de cláusulas abusivas, y están siendo los Tribunales Europeos los que reiteradamente ponen en evidencia el fraude social que representa los mas de 600.000 desahucios de los últimos años.
Mientras a las familias se las desahucia el Estado y el BCE han puesto a disposición de los bancos cientos de miles de millones de euros para rescatarlos de una crisis que ellos mismos han creado. El estado avala a los bancos, les presta dinero, les inyecta capital y finalmente compra suelo y viviendas que no pueden vender al precio que les permita recuperar sus pérdidas. El gobierno que desahucia crea la SAREB y se hace cargo de la deuda privada incobrable de los bancos aumentando la deuda pública y recortando el gasto social.
Vivimos una emergencia habitacional, pero el Gobierno Vasco no tiene respuestas, se pierde entre múltiples disposiciones caracterizadas por la incoherencia y la discriminación, y no es capaz de coordinar las instituciones competentes. Sus intentos de desacreditar la próxima Ley de Vivienda Vasca, sus maniobras eliminando miles de inscritos en Etxebide, o el retraso del Plan Territorial Sectorial de Vivienda que debe evaluar las necesidades por municipios, y las actuaciones correspondientes, son síntomas preocupantes de estancamiento.
Actualmente hay 50.000 mil demandantes de vivienda inscritos en Etxebide, otros muchos no inscritos, y un ingente número de personas que viven hacinadas o en viviendas que no son dignas. Hay que dar respuesta a esta demanda y a los desahuciados, y hay que crear empleo mediante la rehabilitación, la eficiencia energética de los hogares, o la regeneración urbana, y hay que hacerlo mediante políticas públicas, y en ese camino la Ley de Vivienda Vasca es mejorable pero apunta en la dirección correcta.
El acuerdo alcanzado en mayo por la mayoría parlamentaria (PSE, UPyD y BILDU) reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, apuesta decididamente por el alquiler social, adopta medidas frente a los bancos, como la expropiación de uso para que los desahuciados no se queden en la calle, y establece el alquiler forzoso y el canon para que la vivienda vacía cumpla una función social. En la CAV mas de 40.000 viviendas pueden destinarse al alquiler y son las propias administraciones las que tienen que dar ejemplo, como el Ayuntamiento de Gasteiz que tiene mas de 500 viviendas vacías, o el Gobierno Vasco que tiene miles de viviendas VPO cerradas porque no las puede vender.
Cuando se apruebe este mes la Ley de Vivienda el 80% de los recursos públicos deberán promocionar el alquiler y el 80% de la edificación será VPO, se creará un Organismo Público que coordine las políticas de las diferentes administraciones en materia de vivienda, se introducirá como justiprecio una renta del 15% máximo en rentas bajas, o se considerará que tienen necesidad de vivienda quienes no puedan pagar el alquiler, o las cuotas de la hipoteca, sin caer en riesgo de exclusión social.
Mientras en Euskadi crece la pobreza crónica, el 40% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, el 17% tiene problemas para pagar la luz y el gas, y el 15% dedican mas del 40% de sus ingresos en gastos de vivienda, el Informe Europeo sobre Vivienda Social de abril de 2013 advierte: «Existe una urgencia social para invertir en el sector de la vivienda social«.
Ahora bien, cualquier Política Pública de Vivienda, y mas la que exigirá esta ley, afecta directamente al poder económico, y a su representación política, y no van a renunciar voluntariamente al negocio que supone la producción de casas, los prestamos, las hipotecas, la promoción de viviendas, o la especulación del suelo. Tampoco al negocio que supone la privatización de la gestión mediante concesiones administrativas para construir, o mediante la gestión privada de los alquileres, como ocurre con el parque de alquiler de vivienda pública gestionado por Alokabide, que funciona con criterios de rentabilidad y ahorro, y no con criterios sociales.
Además, hace falta financiación y por ello hay que seguir luchando contra la privatización de Kutxabank, o de la banca nacionalizada en el Estado como Bankia, a favor de una Banca Pública que posibilite el acceso barato al crédito, el cambio de la actual regulación, y el desarrollo de políticas sociales, como el programa de viviendas subvencionadas de Vitalkiler, que desaparecerá si culmina el actual proceso de privatización.
Apenas hace un mes que Kutxabank ha vendido la mitad de su parque inmobiliario al fondo buitre norteamericano Lone Star, que quiere convertirse en el principal constructor español, y seguir especulando a costa de las necesidades de la inmensa mayoría de la sociedad. La vivienda es un mecanismo mas de expropiación de riqueza por parte de unos pocos y es nuestro deber impedir que siga siendo un negocio. El PNV y el PP ya están diciendo en Euskadi que la ley es inaplicable, que tendra un «efecto llamada mundial», que no es constitucional, o que no se tienen los 750 millones de euros que serán necesarios los proximos diez años. Por eso el futuro de esta ley dependera de que seamos capaces de conseguir mayorías de izquierdas en las instituciones, pero sobre todo capaces de crear fuertes organizaciones sociales para acabar con un sistema capitalista que antepone, en cualquier lugar y situación, los beneficios de unos pocos por encima de los derechos de las personas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.