Ante el próximo debate parlamentario de la Ley no llamada de Memoria, hacemos públicas una serie de reflexiones y aportaciones, dirigidas al conjunto de la sociedad, al Gobierno, a los Partidos con representación parlamentaria y a los colectivos de Memoria Histórica, de Derechos Humanos, y asociaciones de víctimas del franquismo: Incluso saludando los posibles avances […]
Ante el próximo debate parlamentario de la Ley no llamada de Memoria, hacemos públicas una serie de reflexiones y aportaciones, dirigidas al conjunto de la sociedad, al Gobierno, a los Partidos con representación parlamentaria y a los colectivos de Memoria Histórica, de Derechos Humanos, y asociaciones de víctimas del franquismo:
Incluso saludando los posibles avances que al final de la tramitación del proyecto pudieran darse en aspectos concretos tales como la retirada de la simbología franquista, políticas públicas activas de memoria, políticas de reparación e indemnizaciones a colectivos de represaliados, etc…, tendremos que analizar y valorar cómo queda el texto definitivo y si se establecen garantías y medios para su cumplimiento efectivo.
Apoyamos la propuesta de condena formal por el Parlamento del régimen franquista y de la sublevación de Julio del 36, pero nos preguntamos: ¿va a ser exigible la condena del franquismo y de la sublevación del 18 de Julio a los titulares de las instituciones, algo que por cierto jamás ha hecho ni se ha exigido al actual Jefe del Estado?. ¿Se va a legislar contra el revisionismo y el negacionismo histórico, tal y como se ha hecho en países democráticos y avanzados como Canadá, Alemania, Austria y Gran Bretaña?.
Sin embargo, si hacemos un análisis del Proyecto de Ley que se va a debatir en el Parlamento resulta evidente que el proceso que se inició con la constitución de la llamada Comisión Interministerial ha fracasado. Sus resultados serán insuficientes, si no contraproducentes, porque se ha partido y trabajado sobre unas bases falsas, y unos objetivos y límites autoimpuestos incompatibles con el cumplimiento de la normativa internacional de Derechos Humanos.
Y es que el núcleo del debate, lo que aquí se trata en el fondo, es dilucidar por cuánto tiempo más va a pervivir el llamado «modelo español de impunidad». La respuesta que se nos da con el actual proyecto de Ley es un apuntalamiento, que pretende ser definitivo, del sistema instituido con la Ley de Punto Final (perdón, de Amnistía) de 1977, para impedir el conocimiento de la Verdad, para imposibilitar la aplicación de la Justicia, y para negar, otra vez más, la Reparación a la que tienen derecho irrenunciable las víctimas del franquismo.
Este Proyecto de Ley tiene un elemento central que lo hace «ser o no ser» aceptable para los represaliados y víctimas, organizaciones de Derechos humanos y de recuperación de la Memoria, y para una sociedad democrática consciente: la anulación sin matices de las sentencias emanadas de la legislación represiva del franquismo.
Como se ha dicho y escrito en muchas otras ocasiones, las sentencias franquistas son nulas de pleno derecho por dos grupos de motivos fundamentales:
1.La manifiesta Ilegitimidad de origen de las instituciones que surgidas del golpe de estado del 18-7-1936, legislaron, juzgaron, condenaron y ejecutaron dichas sentencias.
2.El cúmulo de irregularidades procesales que llevaban aparejados los procedimientos judiciales y las sentencias franquistas: manifiesta indefensión, parcialidad de los tribunales, ausencia de las más básicas garantías procesales, «pruebas» obtenidas o fabricadas mediante la delación y la tortura, imposibilidad de apelar a instancias jurídicas superiores independientes, etc….
La ilegalidad de estas sentencias debería ser una obviedad para un país que se considera a sí mismo civilizado, y que según su propia Constitución está obligado a aplicar la normativa y la legislación internacional de Derechos Humanos, muchos de cuyos convenios ha suscrito y ratificado. Sin embargo, comprobamos como en este tema la mayor parte de países de lo que se da en llamar «tercer mundo», nos puede dar lecciones.
La anulación de las sentencias de la legislación represiva franquista no se recoge en el proyecto de Ley original hecho público por el Gobierno, ni en el acuerdo llamado de «desbloqueo» negociado por los grupos parlamentarios socialista y de IU-ICV. La Federación Estatal de Foros por la Memoria entiende que la renuncia a anular por Ley las sentencias franquistas supone de hecho y de derecho la legitimación del franquismo, y el reconocimiento explícito de su incardinación en el actual sistema jurídico y político.
No es difícil de entender: el día posterior a la aprobación de la Ley por el Parlamento, todas y cada una de las sentencias por rebelión militar (por ejemplo) que recayeron sobre los defensores de la legalidad democrática republicana seguirán siendo sentencias firmes. Para este viaje no eran precisas alforjas.
La declaración formal de «ilegitimidad» que se acordó en el llamado «acuerdo de desbloqueo» no pasa de ser un gesto para maquillar la legitimación de facto. Pero una declaración formal no puede en ningún caso tener el mismo rango jurídico y político que la anulación legal que se pretende por todos los medios evitar por el Gobierno.
En los últimos días han aparecido diversas iniciativas, introducidas por prestigiosos juristas y asumidas en diversos manifiestos públicos, con el fin de promover una reconducción del acuerdo anteriormente citado: se pretende que el texto definitivo de la Ley incluya la obligación de promover por parte de la Fiscalía General del Estado la revisión de las sentencias franquistas, entendemos que después de retirar la competencia o jurisdicción a la Sala de lo militar del Tribunal Supremo. En nuestra opinión esta opción no pasa de ser un subterfugio de muy difícil aplicación (1), aparte de la legitimación de facto que supone la no anulación por Ley.
Declaraciones y manifiestos aparecidos en los últimos días inciden en que una Ley de Memoria es imprescindible. La tibieza (por llamarla de alguna manera) del Gobierno; las renuncias y los compromisos adquiridos por sus aliados; el mero rechazo, el oportunismo, el escepticismo de otras fuerzas políticas… hacen que se extienda la opinión, propiciada desde algunos medios de comunicación, de que la Ley debe salir adelante y los términos en que lo haga pasan a ser secundarios.
Es el momento de los posibilismos, de «mejor esto que nada» o «es que la derecha está muy fuerte». Algunos utilizan hoy los mismos argumentos que llevan treinta años lamentando pública y reiteradamente haber asumido y aceptado.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha manifestado repetidamente que considera indispensable se legisle de manera urgente sobre tres aspectos fundamentales:
1.Reconocimiento público, así como reparaciones e indemnizaciones de carácter material, para las víctimas del franquismo, incluyendo el olvidado colectivo de los guerrilleros antifranquistas. Aquí la avanzada edad de muchos de los represaliados/as motivan tal urgencia.
2.Una Ley de Archivos acompañada de la necesaria racionalización y dotación de medios que garantice el derecho de acceso a la Verdad a estudiosos, víctimas y familiares.
3.Una Ley Estatal de Exhumaciones que solucione la aberrante situación actual, donde el estado se inhibe de cumplir sus obligaciones y compromisos con la normativa internacional de Derechos Humanos, procediendo a una «externalización de servicios» y convirtiendo el problema de las fosas comunes del franquismo en campo abonado para oportunistas y «cazatesoros». Asimismo es preciso se garantice la intervención judicial en todas las exhumaciones para evitar la destrucción de pruebas de lo que, no olvidemos, son crímenes contra la Humanidad imprescriptibles por definición: inhumaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas…
Como decimos al principio, creemos que la Ley que se va a aprobar finalmente está abocada al fracaso por la falta de valentía y consecuencia del Gobierno, la connivencia de la oposición mayoritaria con la dictadura y sus crímenes, y el posibilismo de otras fuerzas políticas.
Tal y como se dice en la «Carta abierta del Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado» (2) :
«Allá el Gobierno socialista y los Partidos con su responsabilidad política y moral de no haber sido capaces -más de 30 años después de la desaparición del Dictador- de poner fin al deshonor de una Democracia que valida los crímenes de la Dictadura «….
«Allá ellos si sólo son capaces de proponer una declaración general de «ilegitimidad» de los procesos judiciales franquistas. Los responsables de tal cobardía tendrán que asumirla ante los españoles y la historia.»
La Federación Estatal de Foros por la Memoria felicita al grupo de ERC por la integridad y firmeza demostradas, hasta el día de hoy, en la asunción y defensa de muchos de los planteamientos expresados por las asociaciones memorialistas.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria se reafirma en su compromiso con el documento «La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas» , elaborado por el Equipo Nizkor (3).
Tal y como titulábamos un documento de nuestra Federación hecho público el pasado 20 de abril, reiteramos: No hay atajos: Verdad, Justicia y Reparación . (4)
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Septiembre de 2007
Notas:
(1) Se pretende retirar la capacidad de bloqueo a Herrero-Tejedor (hijo), para darle la capacidad de iniciativa a Conde-Pumpido (hijo y nieto). Nos tememos que aunque cambien los personajes se mantendrá el argumento de la tragicomedia.
(2) http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=2251
(3) http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html
(4) http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=1410
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=2268