Ante el auge de los movimientos sociales, la represión está aumentando en gran medida, tanto en los derechos y libertades comunes como en la de las personas que se encuentran en prisión. Por ejemplo, a través de la aplicación del régimen F.I.E.S- Ficheros de Internos de Especial Seguimiento- sin tener en cuenta que hay psiquiatras […]
Ante el auge de los movimientos sociales, la represión está aumentando en gran medida, tanto en los derechos y libertades comunes como en la de las personas que se encuentran en prisión. Por ejemplo, a través de la aplicación del régimen F.I.E.S- Ficheros de Internos de Especial Seguimiento- sin tener en cuenta que hay psiquiatras que afirman que este régimen puede causar trastornos irreparables.
Un régimen que la administración penitenciaria española está aplicando incluso a personas en prisión preventiva, como el joven madrileño Alfonso Fernández, Alfon, detenido cuando acudía a un piquete en la huelga del 14N junto a su novia, y encarcelado en Soto del Real, al que se ha aplicado el FIES 5 y cuya situación se está conociendo gracias a la campaña desarrollada por su madre, que, en reciente rueda de prensa, aseguró que tiene intervenidas todas sus comunicaciones, y recordó que la Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido una marcha hasta el centro penitenciario de Soto del Real que se iba a celebrar el domingo 16 de diciembre, por haberse comunicado nueve días antes en lugar de los diez reglamentarios.
El FIES 5 CE (Características Especiales) que se está aplicando a Alfon está previsto para presos vinculados a la delincuencia común de tipo internacional; autores de delitos muy graves que hayan generado una importante alarma social; los reclusos pertenecientes o vinculados a grupos violentos de carácter racista o xenófobo; internos que, sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, destaquen por su fanatismo radical afín al ideario terrorista, y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el Centro penitenciario; también aquellos internos condenados por el Tribunal Penal Internacional y los que colaboraron con la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones criminales.
Junto a la madre de Alfon, en esta rueda de prensa participaron también los actores Juan Diego Botto y Willy Toledo, que denunció que «estamos viviendo un Estado policial y pre-fascista» y pidió que «No dejemos solo a Alfon», porque «lo que ha sucedido a Alfon, le puede ocurrir a cualquiera»
De otra parte, y a través de la reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto ha presentado el ministro de Justicia Alberto Ruiz- Gallardón, el Gobierno del PP pretende implantar la cadena perpetua – «cadena permanente revisable» -, aunque en nuestro país ya se aplicaba la denominada «Doctrina Parot», que permite mantener en prisión a la persona condenada mucho más tiempo del que le correspondería por sus esfuerzos allí dentro, y el Gobierno ignora y se niega a cumplir la condena del Tribunal de Estrasburgo que rechazó la aplicación de tal doctrina a la presa Inés del Río.
Y si bien algunos juristas, entre ellos el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jímenez de Parga, consideran que la cadena perpetua revisable encaja en la Constitución, otros entienden que la contradicen, ya que, en su artículo 25, establece que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…». En este sentido se pronunció en fechas recientes el letrado Teodoro Mota, presidente de la Asociación Libre de Abogados, que entiende que «de ninguna manera» puede tener encaje constitucional una pena de por vida, que impide la reinserción, y el cumplimiento máximo de 40 años establecido en España para algunos delitos es una condena «más que suficiente Incluso. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), hizo público un comunicado en fecha reciente en el que anunció que presentará alegaciones contra el anteproyecto de ley de Reforma del Código Penal al considerar inconstitucional la prisión permanente, «sea revisable o no», ya que, en su opinión, «es contraria a los artículos 10,15 y 25 de la Constitución».
La forma más violenta y directa de represión e incumplimiento de derechos humanos es la tortura y los malos tratos. Hasta ahora se hablaba poco sobre este tema en España pero, tan solo en las movilizaciones sociales se han incrementado las denuncias en un 116%, de 2010 a 2011.
Se han conocido cifras de Euskal Herria, donde, desde la aprobación de la Constitución, más de 7.000 vascos han sido torturados, entre ellos periodistas, militantes de diversas asociaciones, activistas, jóvenes con interés en la política… Pero si nos fijáramos únicamente en lo que a presos por terrorismo se refiere, el 80% de las condenas se sustentan únicamente en las declaraciones realizadas en dependencias policiales de donde salen las denuncias por utilizar torturas en sus interrogatorios que son ignoradas y ya se dan casos en los que se condena a España por ello.
Esto que antes «no preocupaba» a la sociedad, porque se aplicaba en su mayoría a los presos vascos de los que se tenía un total desconocimiento y una despreocupación insolidaria respecto al incumplimiento por parte del estado en materia de derechos humanos, ahora comienza a causar un estado de alerta social, al ver que la situación de España se va agravando y se van restando cada vez más derechos y libertades. Comienza a ser difícil esconder casos tan explícitos que desacreditan manipulaciones antes asumidas y remueven conciencias respecto a la obligación de defender los derechos humanos básicos, en todos sus ámbitos, para poder lograr, algún día, una democracia.
Presentación en Madrid de Herrira
En el marco de toda esta marejada, el pasado día 18 de diciembre se presentó en Madrid la plataforma Herrira, en un acto celebrado en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM), al que asistieron un centenar de personas y en el que se habló también de la manifestación convocada para el próximo 12 de enero en Bilbao por los derechos de los presos y presas políticas vascas.
El acto fue presentado por el actor Carlos Olalla, e intervinieron el portavoz de Herrira Jon Garay, la abogada Begoña Lalana, la escritora Cristina Maristany y el periodista Iñaki Errazkin, entre otros. También contó con la actuación musical de «Rojo cancionero y banderas rojas». Al inicio, Carlos Olalla trasladó a los asistentes el saludo de Pilar Bardem y Federico Mayor Zaragoza, que no pudieron tomar parte por problemas de agenda pero quisieron estar presentes de esta manera.
Según se puso de relieve en dicho acto, Herrira es una organización que no pretende trasladarse al terreno político sino que su intención es que, gracias a la movilización social, el gobierno cumpla un primer punto en materia de derechos humanos, apostando por el año de paz que se ha conseguido en el País Vasco. Y, para Herrira este punto es el regreso de los presos vascos a su tierra. Éste es su único fin. En el momento que esto suceda esta plataforma desaparecerá como tal.
Como algunos de sus miembros dijeron en su presentación en Madrid: «Herrira es un movimiento que nace con la intención de morir lo antes posible.» Buscan la solidaridad social desde el conocimiento de lo que lleva sucediendo en Euskal Herria mucho tiempo y lo que se está extendiendo por España como consecuencia a la insatisfacción del pueblo.
Las personas asistentes propusieron varias iniciativas de trabajo en el futuro, tanto de cara a la manifestación del 12 de enero como a medio plazo. Para la marcha de Bilbo se acordó fletar varios autobuses, en una caravana que se llamará «Madrid por la paz y los derechos humanos», y se recogieron las primeras adhesiones y aportaciones.
El acto puso colofón a la dinámica de contactos que una delegación de Herrira ha mantenido en Madrid en los últimos días con periodistas, personalidades y agentes sociales y políticos, con el objetivo de presentar el movimiento, trasladar la necesidad de superar el actual bloqueo en la política penitenciaria y recabar apoyos para la marcha del 12 de enero.
Según se dice en un comunicado de la plataforma, Herrira su intención con los mencionados contactos con ha sido la de «llevar a cabo un ejercicio de empatía en el que, por un lado, hemos trasladado nuestra preocupación por las consecuencias humanas y políticas que trae el mantenimiento de la política penitenciaria de excepción; y, por otro, hemos recibido puntos de vista sobre el modo de acercar estas problemáticas a la sociedad madrileña».
El comunicado añade que «así como constatamos que en la sociedad vasca existe un consenso mayoritario acerca de la necesidad de dar una solución rápida a la existencia de presos y exiliados, empezando por el respeto a sus derechos humanos, consideramos imprescindible que ese consenso también se vaya extendiendo a la sociedad española». En este sentido, aade, «Herrira va a seguir trabajando por acercar posturas y lograr nuevos consensos en todo el estado español en torno a la necesidad de seguir dando pasos en el proceso de paz, para lo cual habrá que abordar necesariamente el capítulo de la consecuencias, entre las cuales está la de los presos y exiliados».
Los miembros de Herrira subrayan en su comunicado su preocupación por el hecho de que «también en Madrid, las protestas por la crisis están siendo respondidas por el Gobierno con recetas que bien conocemos en Euskal Herria: vulneraciones de derechos humanos y políticas penitenciarias de excepción. En este sentido, queremos denunciar la situación de Alfonso Fernández, «Alfon». Desde Herrira pedimos su libertad inmediata, nos solidarizamos con él, con sus familiares y allegados, y nos adherimos a todas las iniciativas que se organicen en defensa de su libertad».
Fuente: http://www.cronicapopular.es/2012/12/libertad-para-alfon-y-herrira-el-comienzo-de-la-solucion/