Si el próximo gobierno, no se toma en serio mantener el Estado de bienestar e implementar políticas que vengan a incorporar los derechos sociales perdidos en los últimos años, debería haber movilizaciones sociales en defensa de lo que es justo y necesario. El bienestar está en peligro; alguien está haciendo desaparecer lo poco que de […]
Si el próximo gobierno, no se toma en serio mantener el Estado de bienestar e implementar políticas que vengan a incorporar los derechos sociales perdidos en los últimos años, debería haber movilizaciones sociales en defensa de lo que es justo y necesario. El bienestar está en peligro; alguien está haciendo desaparecer lo poco que de él teníamos. Los más perjudicados, los que menos tenemos.
Las políticas liberales reducen los gastos sociales y con ello el propio Estado social, patrimonio de todos. Debemos demandar y proteger unos servicios públicos de calidad para todos, que respondan con eficacia a las necesidades de la gente. Y como el sistema político actual parece que lo impide, habrá que cambiar el sistema.
Que es el bienestar: todo aquello que permita que vivamos mejor, con la menor angustia posible ante las incertidumbres y más tranquilos de cara al futuro, que nos permita sobrellevar la existencia sufriendo las menores calamidades posibles. La vida, por si misma, es dura, más, para los que solo tenemos como patrimonio la fuerza de nuestro trabajo y los parados de larga duración y los pensionistas ya ni eso. La felicidad absoluta es difícil de conseguir, pero no tanto ponernos en camino para conseguirla. Mientras llega el desenlace definitivo, que algunos tenemos más cerca, sobrevivir, con dignidad, con la mejor calidad de vida posible, tiene que ser un objetivo irrenunciable. Una sociedad justa y solidaria debe propiciarlo.
La crisis económica cambió el modelo social y difícil será que vuelva a ser todo como antes: están destruyendo lo público. Destrucción de empleos, sin crear nuevos. Abandono a su suerte a jóvenes y mujeres, sin atender debidamente a niños, enfermos, ancianos o inmigrantes. La reforma laboral de Mariano Rajoy consiguió lo que pretendía: seis millones de desempleados llegamos a tener, que se dice pronto. Es tanta la destrucción y tanto el daño que hicieron, que será difícil que todo vuelva a ser ya como antes. El secretario general de CCOO ha avisado: «Si con el nuevo Ejecutivo no hay cambios en la legislación laboral, iremos a un escenario de movilización«. Hay reformas estratégicas que necesita el país, que no pueden estar esperando a un gobierno en plenas funciones. Esto no va de investidura, va de una legislatura medianamente estable para poner los raíles a la modernización que necesita este país.
Pues bien, el Partido (que parece haber perdido la S y la O) en el gobierno en funciones, ha decidido aplazar la subida de las pensiones y el salario mínimo interprofesional hasta que se constituya un nuevo Gobierno. Esperará a que se celebre una investidura para dejar la decisión al próximo Gabinete: «Confiamos en que esto no vaya más allá de enero». Los planes, siguen siendo subir las pensiones un 0,9%, revalorizar el sueldo de los funcionarios un 2% y revisar a la alza el SMI. Ha dejado claro, que la opción de sacar adelante la investidura con la abstención de los 13 diputados de ERC es la única posible para impedir ir a unas terceras elecciones, por lo que el Gobierno no tiene un plan B si esta negociación fracasa. Habrá que esperar a la investidura o a unas terceras elecciones. La subida de las pensiones puede esperar sine die, pero los pensionistas tenemos los días contados.
Los gobiernos que representan a la derecha ideológica, están derribando la estructura y la infraestructura del Estado, construyendo otro modelo, adaptado a sus particulares intereses, que representa a la minoría que ostenta el poder económico, en detrimento de la mayoría trabajadora. Casado presume de la subida de pensiones con Rajoy, pese a que fue el presidente que menos las aumentó en democracia. Los gobiernos progresistas, deberían declarar, que van a derogarán todas y cada una de las normas injustas aprobadas y que inciden negativamente en el Bienestar general.
UGT ha denunciado que, pese al incremento de salarios, el mercado laboral mantiene importantes desigualdades como el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ha pasado del 20,2% al 21%, o las elevadas diferencias salariales por tipo de contrato y jornada. Según datos relativos a 2018 de la Encuesta de Población Activa, señalan que los temporales ganaron un 35,1% menos que los indefinidos, y que el sueldo de quienes tienen jornada parcial fue un 65,7% inferior de quienes trabajan a jornada completa. La remuneración media del 10% de las personas asalariadas con mayores retribuciones es diez veces superior al obtenido por el 10% con peores salarios. Persisten y aumentan las desigualdades salariales a consecuencia de la precariedad.
Cada día más gente en España vive en la pobreza, pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis ha propiciado que en España aumente el índice de la llamada «pobreza laboral», aquella en el que el sueldo no impide al empleado dejar de estar bajo el umbral de la pobreza. España es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica y el peor de la Eurozona, según datos de Eurostat. La concentración de riqueza genera desigualdad interregional e intrarregional. Entre 2015-2017, la pobreza en Madrid subió una décima, hasta 20,6%, y 4,6 puntos desde 2007. Más pobreza y menos bienestar, nos llevan a mayor infelicidad y menos calidad de vida.
España camina hacia una sociedad crecientemente desigual y absolutamente segregada. Los ricos viven en sus urbanizaciones de espaldas a esta realidad, y con el miedo de caerse del carro de la Fortuna y del contacto con los fracasados. Los pobres padecen su exclusión social en la soledad del que, además de sentirse responsable, lo vive como algo inevitable por vivir en el que llaman el único mundo posible. Riqueza creciente y pobreza galopante en unos porcentajes inasumibles para cualquier sociedad que pretenda articularse bajo unos mínimos de justicia social. Ese es el drama social de un país en el que el 13.1% de las personas que trabajan viven por debajo del umbral de la pobreza, y el 24.6% de los menores de 65 años sobrevive por debajo de éste.
Juegan con nuestro hartazgo y nuestros temores. Ni la economía en general, ni el mercado laboral en particular, muestran signos de mejora. Quienes provocaron la crisis −los poderosos−, y quienes la gestionan −sus sicarios en los gobierno−, junto con los empresarios, argumentan que para salir de la crisis, se requiere reducir salarios, reducir prestaciones sociales, más recortes en el gasto social y una minoración de los sistemas fiscales. Los empresarios tienen claras cuáles son sus exigencias y reclamaciones para el próximo gabinete: reducir la deuda pública, rebajar los costes laborales que afrontan las compañías y perseguir con más ahínco el fraude fiscal. Por ese orden. Además, siete de cada diez considera que la economía española está estancada o desacelerándose de forma suave a moderada. Pretenden la menor presencia de la actuación de los poderes públicos: reducir el Estado en la vida económica y social. Lo quieren todo y para ellos.
La crisis vino a incrementar las desigualdades sociales y no se recuperado. En España se produce una desigual distribución de la renta, con un sistema tributario injusto y regresivo. La crisis económica no afectó a todos por igual, ni todas las rentas contribuyen con la misma intensidad al sostenimiento del gasto público.
Lo cierto es que las empresas pagan menos impuestos pese a ganar más dinero. Las estadísticas de la Agencia Tributaria revelan que tanto la presión fiscal sobre las sociedades como la recaudación por su actividad va reduciéndose aunque los beneficios de estas siguen creciendo y ya superan a los de antes de la crisis. La cuota líquida positiva, que es el dinero que sale a pagar tras aplicar deducciones y desgravaciones, lleva dos años reduciéndose hasta haber caído al 22,67%, más de diez puntos por debajo del 33,06% de hace dos años y menos de la mitad del 54,43% de 2013; todo ello provoca las mayores cotas de desigualdad nunca registradas en España.
La universalización de las prestaciones sociales, pensiones, sanidad y educación, son principios y derechos que caracterizan al Estado social. Mientras cambiamos la Constitución, hay que cumplir con el mandato que hace a los poderes públicos, para que desarrollen políticas redistributivas activas, que garanticen, de forma real y efectiva, los principios de igualdad, justicia y participación. Para la derecha, la crisis es una buena excusa para eliminar los derechos de todos, y proteger los intereses de algunos. Parece que disfrutan con hacer daño a los que sufren miseria. Es su particular «vendetta» contra los humildes. Habrá que dar la vuelta a la tortilla.
A determinadas fuerzas políticas se les llena la boca al declarar ser constitucionalistas y no lo son. La Constitución reconoce el Estado social; su consagración implica que los poderes públicos no solo permiten la igualdad y la libertad, sino que han de intervenir activamente para promover dichos valores y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. El Estado social reclama que los poderes públicos desarrollen una actividad tendente a conseguir una igualdad material. De esta manera, la Constitución recoge una serie de preceptos donde se busca una redistribución de la renta más justa y equitativa. Junto a esa redistribución económica, la Constitución plantea un estado intervencionista en la protección de determinados bienes como la vivienda, la salud, el trabajo o el acceso a la cultura. En el artículo 40.2 menciona la intervención para obtener unas condiciones laborales adecuadas, mientras que el artículo 41 habla de la Seguridad Social y el artículo 43 del acceso universal a la sanidad pública.
Se dice que dicen los poderosos y sus lacayos: arreglároslas como podáis; no vamos a pagar más impuestos para que jubilados, enfermos y parados vivan del cuento. Sin recursos suficientes, no puede haber una adecuada política social. Lo saben y por eso destruyen estructuras y privatizan servicios. Lo estamos viendo en Madrid y Andalucía.
Como los gobiernos no hacen lo suficiente, cuando no hacen lo contrario, para dar respuesta a las necesidades sociales, tenemos que ser los afectados, la ciudadanía organizada y en libertad −jóvenes y mayores, mujeres y hombres, trabajadores por cuenta ajena y autónomos−, quienes actuemos contra las injusticias sociales.
Mis mejores deseos para que el próximo año y siempre haya para tod@s: más igualdad, más justicia social, más empleo digno, más educación de calidad, más sanidad universal, más vivienda asequible, más solidaridad y mayor nivel de bienestar.
@caval100
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.