Uno es de la opinión que todos los jueces de lo penal, ésos que tienen en sus manos poder togado para enviar a prisión a la gente por años y décadas, con carácter previo a la toma de posesión de su cargo debieran de hacer obligatoriamente un año de prácticas como internos en una cárcel […]
Uno es de la opinión que todos los jueces de lo penal, ésos que tienen en sus manos poder togado para enviar a prisión a la gente por años y décadas, con carácter previo a la toma de posesión de su cargo debieran de hacer obligatoriamente un año de prácticas como internos en una cárcel al uso, incluido un trimestre en régimen de aislamiento y supresión de visitas. Ah!, y los fiscales otro tanto, que también son protagonistas en esta historia.
La tierra tira. A pesar de llevar ya más de cuarenta años viviendo en Iruñea, el paisaje de mi pueblo, Amurrio -Araba-, es uno de los más nítidos que conservo en mi disco duro neuronal. Hacia Burgos, en primera fila, los montes Babio y Burubio abriendo camino por Mendaika hacia Sierra Salvada-Gorobel, con sus majestuosos picachos: Tologorri, Ungino,.. En otra dirección, hacia Gasteiz, Altube y Gorbea. Sin embargo, estos últimos meses, los recuerdos de mi pueblo han venido ligados a las caras de dos jóvenes paisanos: Alfredo y Julen. Los dos juzgados en la Audiencia Nacional. Los dos condenados a un año de cárcel por eso que llaman «enaltecimiento del terrorismo». Los montes que rodean Amurrio enmarcan ahora un valle que traga saliva y rabia por estas condenas gratuitas. Miles de personas se han manifestado últimamente por sus calles en solidaridad con Alfredo y Julen, denunciando tanta ignominia togada.
A Alfredo (37 años) se le condena por haber sacado en el txupinazo de las fiestas del pueblo de 2005 un muñeco de cartón que representaba a un preso de la localidad. Pretendía así denunciar la política de dispersión que padecen los presos y presas de ETA y sus familiares. Nada de esto le hubiera pasado a Alfredo si las fotografías hubieran sido de Franco, José Antonio Primo de Rivera, Mola… o de los golpistas y dirigentes falangistas, tradicionalistas y requetés alaveses del criminal golpe de estado del 1936: Camilo Alonso Vega, José Luis Oriol, Luis Rabanera…, pues eso no es enaltecimiento terrorista.
El caso de Julen (24 años) es igual de esperpéntico. Pintó con rotulador el anagrama de ETA en la pared de una casa. A ello se unía el contar con un peligroso antecedente: había participado en la ocupación del gaztetxe, en Amurrio, siendo multado por ello. A sus señorías, no les tembló el pulso: un año de cárcel que ya está cumpliendo. Al igual que en el caso de Alfredo, si hubiera pintado el yugo y las flechas falangistas no le habría pasado nada. Lo mismo que si hubiera tomado parte en esos grupos fascistas que han provocado incidentes violentos durante estos últimos meses en Madrid, Barcelona o Valladolid gritando «¡Puigdemont al paredón!» entre otras lindezas.
Lo de la Justicia española es de Juzgado de guardia. El Tribunal Constitucional, cuya sesuda lentitud es proverbial, se ha convertido en un mero tele-pizza a domicilio al servicio del Gobierno del PP a quien, en poco más de veinticuatro horas, le suspende o anula cuantos acuerdos o leyes sean dictadas por el Parlament o su Mesa y no sean de su agrado. ¿Y qué decir de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, que en plazos similares te confecciona una cuatro estaciones aderezada de delitos de sedición, rebelión y odios identitarios al gusto del consumidor? Tan solo desde 2016, docenas de personas -twiteros, raperos,…- han sido condenadas en la Audiencia Nacional por delitos similares a los de Alfredo y Julen. ETA ha renunciado para siempre a la lucha armada y entregado su arsenal, pero las penas de cárcel por enaltecimiento llueven ahora más que cuando había atentados y bombas. La autocensura se extiende por las redes. Normal. A la mínima te la juegas.
El caso de los chavales de Altsasu supera todo lo imaginable. Ni siquiera en la mente del más retorcido de los fiscales y el más sádico de los magistrados que pasaron por el Tribunal de Orden Público franquista -¡y ya los hubo retorcidos y sádicos!- se hubiera podido incubar la idea de procesar a siete chavales por una trifulca con un guardia civil, solicitando para ellos penas de 12,5, 50 y 62 años de cárcel, en total, 374,5 años. El defender e impulsar el «Alde hemendik!-¡Que se vayan!», nunca hasta ahora procesado ni penado, es considerado hoy delito de lesa majestad. Justicia cangrejera.
En el «Cuadro de Indicadores de la Justicia» realizado en 2015 por la Unión Europea, se señalaba que la española, además de poco eficiente y de escasa calidad, era una de las menos independientes. Tan solo la superaba en servidumbres varias Bulgaria y Eslovaquia. La tendencia, además, ha ido de mal a peor. De tener una valoración de 4 sobre 10 en 2012, había pasado a un 3,2 en 2015. El reinado gubernamental del PP durante esos años ha tenido que ver mucho, sin duda alguna, con esa acelerada degradación judicial.
Pero todo eso ha quedado ya muy atrás. Cuando se incorporen en el futuro a esa valoración europea las actuaciones tele-pizza judiciales del proceso catalán; el inquisitorial procesamiento de los chavales de Altsasu hecho a la medida de las más altas instancias beneméritas y del PP; las condenas del Tribunal de Derechos Humanos Europeo al Estado español por no investigar las denuncias por torturas (4.100 casos acreditados en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 2013), y el reconocimiento de los «tratos degradantes e inhumanos» a los que fueron sometidos Portu y Sarasola durante cinco días de incomunicación (¿han tomado nota Vds., señorías del Tribunal Supremo?: «tratos degradantes e inhumanos»: ahogamientos, asfixia, palizas brutales…), la nota que finalmente se pondrá al Estado español será ya próxima a cero. Hablaremos ya de Justicia basura.
«¡Le dicen democracia y no lo es!», se gritaba en las plazas aquel mayo florido. Pues la Justicia ni te cuento. Dos son los pesadísimos lastres que hacen que esta sagrada institución sea una de las peor valoradas por la ciudadanía. La primera tiene que ver con que allá en la Transición, al igual que sucedió con la Monarquía, el Ejército, la Policía y la Guardia Civil, la Judicatura cómplice y ejecutora de la maquinaria legal franquista pasó inmaculada, en bloque, sin depuración alguna a las nuevas instituciones «democráticas», imprimiendo a éstas algo más que carácter. La segunda, la descarada dependencia de la Justicia con respecto a sus padrinos gubernamentales y al reparto de poder entre los grandes partidos. Con tales lastres, esperar justicia de las más altas magistraturas es como pedir peras a un olmo.
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