Las cajas de ahorros españolas son, en la actualidad, instituciones financieras muy parecidas a los bancos públicos de otras geografías. Están constituidas como fundaciones de naturaleza privada, destinando un porcentaje de sus beneficios a fines sociales. No tienen accionistas por lo que no reparten dividendos y en la mayoría de los casos sus máximos directivos […]
Las cajas de ahorros españolas son, en la actualidad, instituciones financieras muy parecidas a los bancos públicos de otras geografías. Están constituidas como fundaciones de naturaleza privada, destinando un porcentaje de sus beneficios a fines sociales. No tienen accionistas por lo que no reparten dividendos y en la mayoría de los casos sus máximos directivos cuentan con el aval de las autoridades políticas de la región a la que pertenecen. Su origen se remonta siglos atrás a los llamados Montes de Piedad italianos, que eran entidades benéficas donde los humildes podían obtener fondos empeñando sus pertenencias para así poder atender sus necesidades más acuciantes. Con el paso del tiempo estas entidades fueron mutando su estructura, asemejando su modelo de negocios cada vez más al que prevalece en la banca privada; transformándose unas pocas cajas en poderosos conglomerados financiero-empresarios. A medida que esa reconversión se fue profundizando, las cajas de ahorro mantuvieron una fuerte competencia con los principales bancos privados ibéricos. La crisis de 2008 y sus estertores actuales concluyeron un prolongado período de bonanza financiera, exponiendo a la superficie negocios ruinosos en los que algunas de estas cajas se habían embarcado, apoyadas por el poder político regional de turno.
Uno de los casos más escandalosos involucra a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que llegó a ser la cuarta mayor caja de España, con 74.000 millones de euros en activos. En julio de este año el Banco de España -en su carácter de regulador bancario- decidió intervenir la entidad al detectar irregularidades vinculadas a la financiación de megaproyectos. El objetivo de la intervención fue capitalizar la entidad, sustituyendo a sus administradores y dejando en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el manejo de la misma.
Dada la delicada situación de la caja, el FROB decidió aportar 2800 millones de euros mediante la suscripción de acciones y otorgar una línea de crédito adicional por 3000 millones de euros de disponibilidad inmediata para asegurar que la entidad pudiera hacer frente a sus obligaciones. Los interventores del FROB no esperaron ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y empresariales), dándole tres horas de plazo al entonces presidente de la CAM para juntar sus petates e irse a su casa, prohibiéndole terminantemente la entrada en la sede social de la institución.
Uno de los datos que levantaron suspicacias en el regulador fueron las ganancias declaradas por 39 millones de euros para el primer trimestre de este año, que una vez auditadas terminaron transformándose en pérdidas por 1136 millones en los seis primeros meses del año. El presidente del Banco de España Miguel Fernández Ordóñez se refirió con extrema dureza el estado actual de la CAM calificándolo como «lo peor de lo peor», señalando que era posible que se perdieran los fondos públicos aportados por 2800 millones de euros. Entre los distintos dislates descubiertos se conoció que la CAM había prestado 161 millones de euros a sus propios directivos, en algunos casos sin cobrarle interés alguno.
Sin embargo, el punto más irritante de estos escándalos, ocurridos en un contexto de crisis y alto desempleo, lo constituyeron las elevadas indemnizaciones que los directivos de la fallida institución se auto asignaron. El regulador informó que la cúpula directiva cobró 15 millones de euros en concepto de indemnización al abandonar sus puestos. La indignación por las jugosas indemnizaciones embolsadas por los ejecutivos de esta Caja y de otras, se basa en el hecho que estas instituciones han tenido que ser «rescatadas» con miles de millones de euros aportados por todos los ciudadanos. La corrupción o el dispendio llevado a cabo por funcionarios de entes públicos o cuasi estatales constituyen un cáncer que termina erosionando la legitimidad de las políticas públicas, creando una coartada perfecta para aquellos que defienden sus intereses y construyen su discurso aborreciendo la necesaria intervención estatal.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/45-5498-2011-10-10.html