Durante la primera semana de julio, diferentes organizaciones sociales se han desplazado a la frontera de Melilla para evaluar las denuncias en materia de derechos humanos de las ONG locales. Ana Fornés, miembro de la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, ha estado en Melilla y participado en la elaboración del informe. […]
Durante la primera semana de julio, diferentes organizaciones sociales se han desplazado a la frontera de Melilla para evaluar las denuncias en materia de derechos humanos de las ONG locales. Ana Fornés, miembro de la Campaña por el Cierre de los CIE de Valencia, ha estado en Melilla y participado en la elaboración del informe. La estancia permite poner la lente en aspectos que los medios de comunicación desatienden o directamente invisibilizan. Como la realidad cotidiana de Melilla, «una ciudad muy pequeña con una valla fronteriza (que se encuentra en territorio español) donde la violencia extrema está normalizada». «Te llevas la impresión de que la valla y las concertinas están presentes por todas partes», subraya la activista.
En Melilla, además, «todo el mundo es consciente de lo que ocurre, de lo que sucede en la verja, de dónde se encuentra el Centro de Estancia Temporal para Migrantes (donde incluso se han producido redadas policiales)». La fotografía real es la de una ciudad colonial fuertemente militarizada y con presencia permanente de la legión, de la policía nacional y la guardia civil, con sus respectivos cuerpos antidisturbios. Ana Fornés recuerda de Melilla la profusión de símbolos españolistas y franquistas, que impregnan a la ciudad de una atmósfera rancia. Además, las ONG viven como en una tensión constante: «pendientes de los saltos en la valla y la presencia de los helicópteros; con la violencia de la policía española y marroquí siempre muy presente».
La valla española es, además de un elemento material, un símbolo que todo lo rodea en Melilla. A ello se agrega una segunda verja, que actualmente está construyendo el estado marroquí. Frente a los obstáculos y las fronteras, Ana Fornés resalta la capacidad de autoorganización de las personas migrantes: «tratan de saltar la valla de manera conjunta, en grupo, para que por lo menos alguien pueda llegar» (hay también un alto grado de autoorganización durante las largas rutas migratorias, por etnias y nacionalidades de personas que se van encontrando por el camino; en el Monte Gurugú de Melilla las personas migrantes se autoorganizan en los campamentos, en un entorno sin alimentos ni agua; y también se da la autoorganización para los «saltos» de la valla). Pero la respuesta del estado español en muchas ocasiones son las «devoluciones en caliente», totalmente ilegales ya que «no se puede expulsar a nadie como están haciendo, sin pasar por un procedimiento administrativo», explica. «Los cogen en la calles de Melilla y los expulsan, por eso hay quienes van al CETI a protegerse».
La portavoz de la Campaña por el Cierre de los CIE insiste todo el tiempo en una idea: situar en un contexto lo que ocurre en la frontera melillense. La valla no es un fenómeno aislado. «Tiene que ver con la prohibición de la libre circulación de personas pero no de mercancías; hay una lógica de los estados de protegerse cada vez más, y para ello cierran y militarizan las fronteras». El discurso de la Unión Europea camina cada vez más por esa senda. «Nuestro objetivo es desmontar la lógica de fronteras sagradas». Estas limitaciones territoriales llevan a que las personas del África Subsahariana puedan sufrir hasta dos o tres años de recorrido migratorio para llegar al estado español; o que las mujeres (por ejemplo, nigerianas) tengan que padecer violaciones o ser víctimas de trata.
Además, los estados obtienen unos ingresos enormes que generan las personas migrantes. De hecho, «se están enriqueciendo los estados nacionales con los trámites de visados, permisos de residencia y extranjería, pero también con la militarización de las fronteras», explica Ana Fornés. Una interpretación que se difunde poco, solapada y oscurecida por el discurso securitario. «En Melilla se juega mucho con un peligro constante de invasión y la invención de un enemigo imaginario; pero que se basa en una relación totalmente asimétrica y desproporcionada, de supuesta guerra entre migrantes y estados».
Por otro lado, «las leyes de extranjería y fronteras son injustas y, así, nos parece legítimo desobedecerlas». Se trata de otro giro en la mirada: «lo que llaman inmigración ilegal hay que entenderlo como un acto de desobediencia civil que desafía al mundo en el que vivimos». A ello debe agregarse otro argumento, silenciado por la hegemonía retórica de la seguridad y del «enemigo» migrante. Se trata del «expolio de los recursos de otros países, el empobrecimiento y los conflictos armados para el sostenimiento de una sociedad capitalista», lo que remite al «negocio de la xenofobia». El cambio en la mirada planteado por la activista implica considerar la inmigración «como una parte de la historia de la humanidad; lo que no ha estado siempre presente es el control, la represión y las fronteras; la creación de espacios como Schengen en 1985».
Otro problema es la «sobrerrepresentación» mediática de la valla de Melilla. Recuerda Ana Fornés que el porcentaje de personas que entra por la valla es «mínimo». «La gente entra en Melilla por los pasos fronterizos, en coche, en patera o con pasaportes falsos», añade. También es mínima la proporción de migrantes que ingresa por Ceuta y Melilla respecto a quienes lo hacen en coche o avión por otras fronteras del estado español. «Quienes tratan de sortear la valla es porque no tienen otra salida, a pesar de lo que los medios transmiten», subraya la activista.
También es un asunto de legislación. Califica las leyes de extranjería de «racistas y estar basadas en la exclusión». «Unos pueden entrar y tienen derechos, otros no, y es la frontera la que marca esta diferencia». Por ejemplo, se viola la legislación internacional con las expulsiones «en caliente», a la que se agrega una permanente represión policial. Recuerda Ana Fornés las 15 personas asesinadas en Ceuta sin que hubiera ningún tipo de responsabilidad penal. «La policía nacional o la guardia civil practican estas expulsiones en caliente, o ven pegar palizas a los agentes de Marruecos (también se han visto imágenes de policías marroquíes ingresando en territorio español) y no hacen nada». Además, aunque generalmente se desconozca, la valla de Melilla dispone de pequeñas puertas, por donde «meten y sacan gente».
La estancia de una semana en Melilla, y el contacto con las ONG locales, permitió conocer de cerca el problema sanitario. «Nos contaron el caso de un menor migrante a quien pegaron una paliza en la calle y rompieron la tibia; en el hospital de Melilla le pusieron una venda y le dijeron que ya está». La Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH) intentó mediar. A otra menor con un sarcoma le dijeron a la madre en el hospital «que se fuera a morir a Marruecos». Tras el esfuerzo de mediación se logró que al muchacho se le atendiera en el Hospital de Málaga. En resumen, «hay una vulneración brutal del derecho a la salud por parte de médicos y administrativos». «Y se hace lo que se puede, ya que en Melilla las organizaciones sociales están muy saturadas; el nivel de persecución, violencia e impunidad que se sufre en esta ciudad no es comparable con la que vivimos aquí».
La idea del informe del CODH es la observación de Melilla «desde otra mirada». Ahora se trata de que el documento alcance el máximo recorrido posible y, para ello, la Comisión de Observación de Derechos Humanos lo dará a conocer ante organismos europeos contra la tortura o la defensoría del pueblo, entre otras instituciones, también ante los movimientos sociales y la opinión pública. Otro objetivo es romper con la imagen mediática de «invasión», «amenaza» e «ilegalidad» vinculada a la inmigración, sin que el discurso oficial considere a estas personas «víctimas de una injusticia ni de una flagrante vulneración de los derechos humanos». ¿Qué se esconde tras esta retórica, aplicada a Melilla? Ana Fornés reproduce la explicación de las ONG locales: «Que Europa envié dinero al estado español y a Marruecos». En definitiva, «no somos unos idealistas, aunque en cierto modo sí, porque luchamos por un mundo mejor». Tratan sólo de que se cumpla con la legalidad vigente (devoluciones en caliente, vuelos de deportación, situación de los CIE…). Algo que no se está haciendo.
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