El reciente suceso ocurrido en Italia, en que hemos sido testigos de que nunca se tiene la cara demasiado dura como para que no pueda ser partida, nos ha dejado a algunos de piedra. Tan de piedra como la tallada que, reproduciendo el Duomo de Milán, fue a parar al rostro del inefable primer ministro […]
El reciente suceso ocurrido en Italia, en que hemos sido testigos de que nunca se tiene la cara demasiado dura como para que no pueda ser partida, nos ha dejado a algunos de piedra. Tan de piedra como la tallada que, reproduciendo el Duomo de Milán, fue a parar al rostro del inefable primer ministro italiano. Nadie, ni siquiera un sujeto como Berlusconi, merece ser víctima de un acto así, y por ello debe ser reprobado desde todos los ámbitos.
Pero creo recordar que fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, (que me perdonen él y el auténtico autor de la cita si yerro en su identificación) quien dijo en una ocasión que «también en política, lo que no mata engorda». Entonces la frase fue dicha cuando el, a la sazón líder del Partido Popular y futuro candidato a la presidencia del Gobierno español, José María Aznar, fue víctima de un atentado de ETA sin consecuencias para su integridad física.
Yo creo que es verdad eso de que, en política, lo que no mata engorda. Como lo es que aquello que mata, mata, pero mata de verdad. Ésa es, fundamentalmente, la diferencia entre los ataques que, afortunadamente de forma menos violenta que en los dos casos expuestos, reciben y han recibido recientemente algunos miembros de la clase política de este país.
A Mariano Fernández Bermejo no se le perdonó que la casualidad quisiera unirle en una cacería con el juez Garzón. Como quiera que este último posee la cualidad de aunar en su persona la condición de ser tan querido como odiado, por unos y otros, y en días alternos o por motivos dispares, quiso la fortuna que por entonces estuviese conociendo del llamado «caso Gürtel» en el que estaban (y están) implicados varios políticos del PP, con responsabilidades públicas o sólo a nivel de partido. Conviene recordar que este caso no nació del capricho repentino del magistrado, sino de la denuncia que, precisamente un ex militante de esa misma organización, había hecho ante la Policía.
Pero el Sr. Bermejo pasaba por allí, y como estaba decidido por aquel entonces a cambiar muchas cosas que iban a afectar seriamente a los intereses de los grandes «lobbys» del mundo de la Justicia en este país, ya estaba cantada la comunión de éstos con el partido de la oposición para, a la menor ocasión, abatir a su presa. Y como en política, lo que mata, mata, el Ministro de Justicia dimitió ante la presión mediática de grupos no sólo próximos al PP, sino incluso al PSOE que, una vez más de tantas, dejó en soledad a quien quiso gobernar para el cambio, y lo peor es que lo hizo por temor (ya, a estas alturas) a perder unas elecciones que finalmente perdió, como tal vez termine perdiendo otras por lo mismo: por el miedo a perder, que le hace gobernar con miedo o, peor aún, a no gobernar.
Pero como lo que no mata, engorda, hay otros políticos que saben retroalimentarse con sus propias miserias, haciendo de ellas una suerte de feedback, un verdadero instrumento para perpetuarse en sus cargos. Así son, casualmente o no, un gran número de políticos de la derecha. Por no empezar hablando ya de España, valga como ejemplo el del Sr. Berlusconi, víctima de una execrable acción (y subrayo el calificativo, para que nadie se llame a engaño), que ha servido para mostrar al mundo, también a sus potenciales votantes, que él también, como su pueblo, es humano, y hasta sangra y puede reflejar el miedo en su rostro. Vaya, confieso que hasta me ha dado un poquito, pero solo un poquito, de pena. Y es también el caso de George W. Bush, que demostró mejores reflejos para esquivar los zapatos del iracundo periodista iraquí que, con un estilo que en nada tenía que envidiar al mejor pitcher de los Yankees de Nueva York, los lanzó al rostro del mandatario norteamericano mientras le increpaba llamándole «perro». Con todo, no pudo evitar poner cierta cara de tonto, sin duda sorprendido por tan inusual recibimiento.
Cuánto tendrían que aprender uno y otro de los políticos españoles. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pese a que fue víctima de un atentado en la India en el que hasta perdió sus zapatos nunca no perdió la compostura, y así no dudó en posar ante las cámaras a su regreso a España, aunque sí luciendo unos peculiares calcetines grises que tal vez consiguió en el primer «todo a cien» que encontró tras tomar tierra en Barajas. La Sra. Aguirre también ha sabido salir, no solo victoriosa, sino reforzada, de los casos de corrupción habidos en su entorno político más próximo, no dudando un solo instante en cortar cuantas cabezas se le pusieron a tiro o incluso amotinarse contra el presidente de su partido de esa forma que sólo ella sabe hacer, es decir, asegurando «que no, que no» es aquello que todos, absolutamente todos, vemos, es «que sí, que sí».
Pero si hay algún lugar de España donde la corrupción política viene marcada por un estilo peculiar ese es la Comunidad Valenciana, y no por ser de una especial clase, sino porque todo ello se enmarca en un contexto y con unos personajes que Valle Inclán hubiera querido para sus esperpentos. Carlos Fabra, por ejemplo, constituye un claro ejemplo de que no ha muerto en nuestro país la figura del cacique. Resulta sorprendente que una persona que reúne en su poder tanto dinero y poder político, reciba también tanto apoyo popular, sí, popular, el de tanta y tanta gente que ha vivido siempre a la sombra de los Fabra. Don Carlos lleva años imputado en un proceso penal del que muchos hemos renunciado a conocer el final, aburridos por el patético espectáculo de connivencia por omisión del órgano de gobierno de los jueces que nada hace porque se ponga fin a la instrucción sumarial que quizás, un día, termine con el archivo por la prescripción de los delitos perseguidos. Saldrá vencedor y reforzado el Sr. Fabra, sin duda. Es sólo una cuestión de ese «estilo» con que se hacen aquí las cosas, y hasta habrá que felicitarle por ello. Por cierto, no quisiera desaprovechar esta ocasión para también ser el primero en felicitar al ínclito por su próximo premio en la lotería de Navidad (algo que parece viene ocurriendo en los últimos años).
Y, sin salir de la Comunidad Valenciana, qué no decir del Sr. Camps que, como los anteriores, se ha visto políticamente «engordado» con sus escándalos. La pena es que él que, quería que en Madrid se hablara de Valencia, sólo ha conseguido que en todas partes se hable no ya del que, sin duda, considera su feudo, sino de su persona y de sus modos de niño pijo, compartidos con sus «amiguitos del alma». Yo no sé si es un político acabado, porque no sé qué quiere decir eso. Si entendemos que lo es aquél por el que no votaría nadie, yo creo que no, que no está ni mucho menos acabado. Eso es, para muchos, lo verdaderamente lamentable, que probablemente volvería a ganar unas elecciones pese al estado al que está conduciendo a esta Comunidad, endeudada, desinformada y con buena parte de sus habitantes desmotivados, sin incentivos para interesarse por la política.
Una vez oí que lo primero que debe hacer alguien que pretende perpetuarse en el poder es precisamente eso, desmotivar al electorado, haciéndole creer que los pecados y los errores, cuando son descubiertos, no son tales, sino a lo sumo gajes del ejercicio de la política, porque, al fin y al cabo, «todos los políticos son iguales». Yo no lo creo, no lo he creído nunca, Sr. Camps.
Y la lista no acaba, de políticos, de personalidades y personajes del mundo de la farándula política o de las instituciones en la Comunidad Valenciana. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, amigo declarado del Sr. Camps y uno de los que, precisamente por ello, en vez de abstenerse de conocer del asunto, decidió archivar la causa penal abierta contra éste por la rama valenciana del caso Gürtel.
Recientemente, el Sr. de la Rúa quedó inicialmente excluido de la terna a presentar al Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de nuevo presidente de ese Tribunal. La reacción no se hizo esperar y Fernando de Rosa, ex Conseller de Justicia en esta Comunidad, ex Secretario Autonómico de Justicia, ex Decano de los Juzgados de Valencia y el mismo que tuvo que pedir disculpas cuando se hizo público que había remitido a cierto cargo político un escrito de recomendación a un conocido (y lo hizo presentándolo «en el registro» de ese departamento) salió al paso avalando su inclusión en la lista y advirtiendo que «en caso de falta de acuerdo» (que se ha dado, como bien sabía el Sr. de Rosa), se produciría la prórroga inmediata del Sr. de la Rúa por otros tres años.
Puede que sólo sean casualidades, lo sé, pero no dejan de ser chocantes. Como lo es que otro de los magistrados que formaron aquél Tribunal que archivó la causa contra el Sr. Camps, el profesor Montero Aroca, haya dirigido la confección de un texto normativo, editado por Tirant lo Blanch, que (me permitirán los editores) resulta tan sorprendente como inútil. Se trata del texto publicado con el título «La Nueva Oficina Judicial» que, básicamente, incorpora la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y la Ley Orgánica 1/2009, complementaria de la anterior. Ambos textos, así, aisladamente, carecen de utilidad práctica, si no se incorporan a las respectivas normas a las que vienen a modificar. Es ahí donde más falta pueden hacer a los distintos operadores jurídicos.
Pero mi crítica no se dirige a la falta de previsión en términos de eficacia de la edición y a su utilidad práctica, sino a que, además, haya servido para reproducir en él un manifiesto emitido por un grupo de catedráticos y profesores universitarios, encabezados por alguno de los más significados de ideología conservadora, en el que se cuestionaban las reformas, sobre todo en lo relativo a la atribución de funciones procesales a los secretarios judiciales, en detrimento de jueces y magistrados.
Tal vez sólo sea producto de la casualidad que este texto, que fue distribuido a los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana, y pagado por tanto por la Generalitat, incorpore ese manifiesto, firmado por el mismo magistrado y catedrático, Sr. Montero Aroca, que también intervino en el archivo de la causa contra Camps. Por cierto, fue la distribución del «manual» entre los secretarios judiciales de esa Comunidad destapó la maniobra y ha motivado que varios de ellos hayan hecho llegar su queja a la editorial, quien se ha apresurado a pedir disculpas.
Que unos y otros pifian una y otra vez es algo que nadie duda, pero no deja de sorprender el escaso o nulo efecto que ello les ocasiona en su vida profesional. Habrá, pues, que dar la razón a quien dijo aquello de que «también en política, lo que no mata engorda».
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