Las cifras oficiales sólo consideran víctimas de violencia de género a las asesinadas por su pareja o expareja, y ofrecen datos desagregados que convierten en tarea imposible sacar conclusiones para el aprendizaje y la prevención.
Pero, ¿Sirven estas cifras para acabar con la violencia machista o incluso para tomar medidas concretas para prevenirla?.
Algunas expertas consultadas afirman que no. De hecho, los datos que recopila el Gobierno y los que recogen las organizaciones que han establecido observatorios de asesinatos por violencia de género, no coinciden y no miden los mismos parámetros, pero tampoco se hablan. Hace unos días, más de 500 organizaciones feministas se manifestaron en las calles de varias ciudades españolas y se concentraron en más de 100 ayuntamientos para reclamar al Gobierno que incremente en 120 millones de euros la partida de lucha contra la violencia machista en los presupuestos generales del Estado. Según los datos que manejan, en lo que va de 2017, 37 mujeres y nueve menores han sido asesinados en España. Es decir, que la violencia de género se ha llevado por delante ya la vida de 46 personas, una cifra muy superior a la oficial y que augura uno de los años más negros en lo que se refiere a este tipo de crímenes.
¿Pero a qué se debe esta diferencia?
Diferentes varas de medir Organizaciones civiles y Gobierno recopilan datos de una forma diferente. Desde el año 2003, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un organismo que vive dentro del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, mantiene un registro oficial de estos asesinatos. Las cifras que recolecta este organismo son aquellas que la Ley Integral de Violencia de Género identifica como tales. Sólo se contabilizan los asesinatos realizados por parejas o exparejas (aquellos hombres con los que las mujeres tengan o hayan tenido una relación afectiva reconocida o de convivencia) y las únicas víctimas de las que se recogen datos son las mujeres con las que habían mantenido esa relación y recientemente (desde 2013) los hijos que son asesinados. Esto supone que, si en un mismo acto un hombre asesina a su pareja o expareja y a su madre, su vecina, su amiga o su cuñada que en ese momento estaban con ella, las estadísticas sólo contabilizan a la primera, pero no se considera víctima de la violencia machistas a los que la rodean. Tampoco aquellos que han sido asesinados intentando evitar un asesinato machista.
Es el caso de Ana Hilda Linares, de 55 años, que a finales de mayo de este año fue asesinada a cuchilladas por su sobrino segundo de 29 años, un día después de que ella lo denunciara por intentar asfixiar a la expareja de éste, sobrina de Linares. Sin embargo, no se cuenta entre las 28 mujeres asesinadas que el ministerio reconoce en 2017, por no ser considerado un crimen de violencia de género. Las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo utilizan una forma distinta de medir. Incorporan a la lista no sólo a las parejas o exparejas, sino a todas aquellos que han sido asesinados en un mismo acto de violencia y se empeñan en recopilar toda la información posible sobre la víctima y el asesino. Una de estas organizaciones es Feminicidio.net, que lleva diez años construyendo una base de datos en la que recogen unos 50 campos de información de cada una de las víctimas y cuentan ya con más de 40.000 registros. El trabajo de estas organizaciones arrojan datos distintos y más abultados que los recogidos por fuentes oficiales. Así, si para el Gobierno, el número de asesinatos de género entre el 2003 (año en el que comienza la recopilación de datos) y junio de 2017 se acerca a las 900 mujeres, otras organizaciones las cifran en más de 1.100. Feminicidio.net, afirma que sólo en los últimos diez años han sido asesinadas 837 personas.
Datos sin alma y sin detalle
Pero la diferencia principal, no está sólo en los números, sino en la misma forma de recopilar y presentar los datos de esta terrible estadística, y qué utilidad pueden tener a a hora de extraer conclusiones que favorezcan la prevención. Según los datos oficiales que hace público el ministerio de Igualdad, sabemos que este año han sido asesinadas 28 mujeres. Que cinco de ellas habían presentado denuncia previa (en cuatro casos la misma víctima y en uno de ellos a través de un tercero), que la mayoría de las víctimas tenían edades comprendidas entre los 21 y los 64 años, cuántos asesinatos se produjeron en cada Comunidad Autónoma; el número de agresores por rango de edad, si son españoles o de fuera, si finalmente se ha suicidado, lo han intentado o no o cuántas órdenes de alejamiento existían.
El problema de estos datos es que no tienen ninguna relación entre sí y que no están relacionados con las víctimas. Son cifras totales que no cuentan una historia de la que se puedan extraer conclusiones o aprendizajes, más allá de comparar el número de asesinatos de un mes a otro o en un período de tiempo concreto. Sabemos que cinco mujeres presentaron denuncia previa, pero no hay ninguna forma de saber cuál de las 28 asesinadas la había presentado, ni en qué comunidad autónoma vivía cada una, ni que edad tenía, ni cuál contaba con medidas de protección. Tampoco aparecen los nombre de las víctimas ni de los victimarios, ni la circunstancia de la muerte, si alguna había presentado sólo una denuncia previa o si habían sido muchas o ninguna. Los datos se presentan aislados y no están relacionados con las víctimas, lo que hace imposible analizarlos y sacar aprendizajes.
Según Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas o Divorciadas, «lo que hace el Gobierno es dar cifras totales sin explicar nada y esto no vale. Lo que se debería hacer es recoger todos los datos de una manera minuciosa: nombres, lugar, el tipo de violencia, los datos del asesino… porque es la única forma de tener todas las cifras y que estas sirvan para entender y prevenir», afirma. Según Pérez del Campo, la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado contra la violencia machista, que está a punto de hacer públicas sus conclusiones, debería estar mirando a este tema de los datos, aunque no sé si habrá novedades».
Su organización lleva desde 1999 manteniendo una base de datos sobre los asesinatos machistas que reflejan año tras año, cifras más elevadas a las facilitadas por el ministerio. Por ejemplo, afirman que, en lo que llevamos de año el número de víctimas mortales es de 42 personas, puesto que contabilizan tanto a las víctimas directas, a los menores y a las que llaman «víctimas colaterales», aquellas asesinadas en el mismo acto de violencia y que no han tenido una relación sentimental con el asesino.
Según fuentes oficiales, el año pasado fueron asesinadas 44 mujeres, una cifra que representó una bajada en el número de estos crímenes en comparación con los años anteriores. Sin embargo, para Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net, se produjo un hecho muy grave puesto que según los datos recabados por su organización la cifra total de víctimas por violencia íntima (la producida por parejas o exparejas) ascendió en 2016 a 58. «Si miras estadísticas que son imprecisas a nivel oficial, los datos que vas a sacar de ellas también son imprecisos», afirma Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net. Esta organización lleva diez años construyento una base de datos de feminicidio, un término más utilizado en Estados Unidos y América Latina, que mira a la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujeres. Para Atencio existe un preocupante ‘sub-registro’ de datos en las estadísticas oficiales.
Para esta organización es importante documentar todas las formas de violencia para diferenciar los asesinatos por violencia machista de los que no lo son. «Cuando las documentas todas, llegas a la conclusión de que la inmensa mayoría de las mujeres son asesinadas por violencia de género, pero son violencias de género que no están tenidas en cuenta ni por las leyes, ni por la academia, ni en muchos casos por un sector importante de al sociedad civil», añade.
Para Atencio sería fundamental, además, relacionar datos como los ingresos hospitalarios por lesiones de mujeres que han sufrido agresión o establecer una relación directa entre las mujeres asesinadas y las denuncias que han presentado (que hoy en día están por separado), «puesto que medir la violencia de género con un sólo indicador no dice mucho ni explica si estamos en un pico de subida o de bajada». Afirma que el incremento en el número de denuncias desvelado hoy por el Consejo general del Poder Judicial «es una buena noticia, pero también un indicador de que la violencia machista se ha incrementado». «El problema básico es que los datos no están relacionados entre sí. Pero no es un problema únicamente español, sino de toda Europa, y lo que es una vergüenza es que recolectamos los mismos datos que África, teniendo unos medios infinitamente más avanzados.
Esto no puede ser», afirma Atencio. Tanto Atencio, como Pérez del Campo resaltan que el los órganos oficiales no cuenta con las organizaciones de la sociedad civil para construir los datos y buscar soluciones. «Con lo que estoy en desacuerdo es con que se esté dando a bombo y platillo que se va a hacer un pacto estatal contra la violencia de género y al mismo tiempo se esté pretendiendo dejar sin funcionamiento a organizaciones que somos expertas en la materia.
La correcta recolección de datos de este tipo de asesinatos sirve para la prevención. Por ello es importante recopilar de manera muy minuciosa todos los datos y después ordenarlos para trabajar y aprender sobre ellos», concluye Pérez del Campo.
Los datos sin relación no sirven para prevenir ni entender la violencia. Un estudio realizado por feminicidio.net sobre el número de asesinatos a lo largo del tiempo desveló que enero y junio son los meses en los que más asesinatos suelen producirse. Teniendo en cuenta esta premisa, «se podrían hacer campañas específicas de prevención para sectores concretos y prever medios suficientes para combatirla», afirma Atencio. «La democracia se consolida cuando la sociedad civil puede observar y monitorizar el trabajo del Estado, pero este no es el caso de España. Tenemos un problema muy grave.»