La monarquía parlamentaria española restringe tan poco la participación popular en el ámbito político que sólos los desinformados o los maldicientes pueden decir que es un régimen democrático. Vamos, que es un disparate afirmar que aquí gobierna el pueblo. Pero a la institucionalidad burguesa, tal y como la denomina Enrique Ubieta, hay que reconocerle el […]
La monarquía parlamentaria española restringe tan poco la participación popular en el ámbito político que sólos los desinformados o los maldicientes pueden decir que es un régimen democrático. Vamos, que es un disparate afirmar que aquí gobierna el pueblo.
Pero a la institucionalidad burguesa, tal y como la denomina Enrique Ubieta, hay que reconocerle el mayor de sus logros: el estado de derecho. La sujeción a las mismas normas por todos los ciudadanos y gobernantes supervisada por un poder judicial y el reconocimiento de unos derechos fundamentales confiere unas garantías que a todos nos beneficia (si bien más a unos que a otros).
La sujeción a la ley de nuestros gobernantes hace posible que el político que cometa un delito será juzgado por ello, aunque las urnas les «hayan absuelto» (Carlos Frabra, Jesus Gil, Camps…) En el caso de la Generalitat Valenciana Camps obtuvo los mejores resultados electorales que haya obtenido candidato alguno en la historia de la autonomía a pesar de que todos los ciudadanos valencianos conocían de sus manejos con una trama de delincuentes o que el Partido Popular tiene casos de grave corrupción de norte a sur de este terrotorio.
A pesar del intento de archivo por parte de unos jueces muy próximos al poder, el Tribunal Supremo impuso la primacía de la ley y ordenó abrir juicio oral del Jurado. Ahora unos ciudadanos van a decidir sobre la culpabilidad de Camps, ciudadanos entre los que existe estadísticamente una probabilidad muy alta de que sean mayoría sus antiguos votantes.
Mientras tanto, en el Tribunal Supremo, se está juzgado al juez instructor del caso «Gurtel» en el que se descubrieron los hechos delictivos por los que está siendo juzgado Francisco Camps. El Juez está siendo juzgado por tomar decisiones injustas a sabiendas al acordar que las escuchas a los imputados presos se extendiera a sus abogados defensores. Algo que no es inusual, si bien se ha aplicado a otro tipos de delincuentes: miembros de ETA, al asesino de Marta del Castillo, con el plus en este último proceso que el abogado defensor no tenía ningún tipo de implicación con los delitos investigados. Además debe ser el único caso de la historia judicial de España del procesamiento de un juez por dictar una resolución con el apoyo del Ministerio Fiscal, que tiene como misión vigilar por el cumplimiento de la ley en los procesos judiciales.
El Juez Garzón es famoso por ser el juez al que la policía le llevaba los asuntos para los que les hacía falta un instructor poco escrupuloso con la aplicación de la ley. Hizo oídos sordos a las denuncias de torturas en los sumarios que tramitaba por delitos cometidos por miembros de ETA, procesó a militantes abertzales y cerró periódicos y empresas mediante la doctrina del «entorno de ETA» que criminalizaba a independentistas vascos por delitos de opinión o militancia en organizaciones civiles. Tomo decisiones que costaron mucho dinero al erario público como fue interceptar un barco en mitad del atlántico que fue desguazado sin encontrar un gramos de hachís. Formó parte de un gobierno de Felipe Gonzalez que estaba implicado en los delitos cometidos por el llamado GAL, y después lo investigó por delitos que debía conocer cuando aceptó sumarse al PSOE. En suma, no me parece que sea un buen juez instructor.
Pero en los procesos penales no se juzga la persona sino los hechos. Garzón no ha sido procesado por ninguno sus desmanes citados. Ha sido procesado por investigar a la derecha, el franquismo y por cobrar unos cursos de una entidad bancaria sobre la que tenía pleitos pendientes (Algo que han hecho el 90% de los jueces que aceptan participar en cursos patrocinados por las aseguradoras, SGAE…).
El Jurado en Valencia y el Tribunal Supremo en Madrid, tienen dos opciones, dejarse llevar por sus simpatías y fobias personales o aplicar el derecho. Son muchos los que temen que prevalezca la primera de las opciones.
Que el político corrupto sea absuelto y que el juez que ha investigado esa corrupción sea condenado podrá en jaque el estado de derecho, significaría que una de las pocas garantías que ganamos con el cambio de régimen está en entredicho. La justicia siempre ha tenido los ojos bien abiertos, los jueces no juzgan igual al rico como al pobre, al primero lo temen, eso es algo que sólo un sistema más igualitario puede remediar. A pesar de esta realidad, las plausibles y simultaneas condena a Garzón y absolución a Camps dejaría bien a las claras el tipo de administración de justicia que tenemos: Muy independiente pero muy parcial.
twitter: @carlosmartinezr
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.