Andalucía no destaca por hacer una buena gestión fluvial, más bien por lo contrario, y especialmente en Málaga, que se presenta como todo un ejemplo nacional de destrucción de ríos. Aunque diera otra impresión durante el tren de borrascas por evacuar previamente a las personas que se pudieran ver afectadas (después de haber aprendido de la DANA de Valencia), las inundaciones anteriores han demostrado que los responsables siguen sin saber lo que es un río y cómo funciona. Así se comprueba con los más de 12 millones de euros gastados por la Junta de Andalucía en 2025 para prevenir inundaciones en el Río Guadalhorce (según declaraciones de la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro) que sirvieron para que se inundaran las mismas zonas de siempre con la misma cantidad de agua.
En efecto, por el Guadalhorce ha circulado en las inundaciones recientes prácticamente el mismo volumen que en inundaciones anteriores: más de 1100 m3/s, tanto el 28 de diciembre de 2025 como el 5 de enero de 2026, lo que elevó el nivel del río en más de 5 metros en la estación de aforo de Cártama. Antes de las obras para prevenir inundaciones, en la inundación del 18 de marzo de 2025 circularon por el Guadalhorce 1083 m3/s, con un nivel de altura de 5,52 m, por lo que las recientes inundaciones han sido de un 6,9% y de un 3,3% mayores, respectivamente. De nada han servido ni el dragado del río ni la construcción de escolleras, que han invadido incluso espacios de la Red Natura 2000 sin la obligatoria evaluación de impacto ambiental.
A pesar de ello, tanto la Junta de Andalucía como el alcalde de Cártama se lanzaron a afirmar que gracias a dichas obras se evitaron “males mayores”, a pesar de que se inundaron las mismas zonas de siempre, como los barrios de Doña Ana o la Estación de Cártama. Cuando se recorta dinero público de Sanidad o de Educación, los políticos, para defender su gestión, tienen que bendecir, aún sin pruebas, el gasto de unas obras que se han demostrado como inútiles. Pero no tienen pruebas, no las han presentado ni las han demostrado, tan sólo son afirmaciones gratuitas porque las únicas evidencias son los datos reales, medidos y visibles, como el caudal máximo circulante, la altura del nivel del agua o la extensión de la inundación. Estos datos desmienten completamente las afirmaciones de los políticos acerca de que se han evitado “males mayores”. De hecho, esos más de 12 millones de euros se malgastaron en el Guadalhorce a petición del propio ayuntamiento de Cártama con la presentación de un vídeo del vuelo de un dron. Sin embargo, con esos 12 millones de euros se podrían haber trasladado a los habitantes de las 40 casas inundables del barrio de Doña Ana a un sitio más seguro, evitándose así y para siempre la inundación de viviendas.
No contento con eso, el alcalde del ayuntamiento de Cártama sigue insistiendo en dragar el río. Pero no sólo eso, sino que busca soluciones tan peregrinas como contradictorias, puesto que unas veces pide encauzar el río y otras ensancharlo, unas veces pide la presa de Cerro Blanco (en el Río Grande, afluente del Guadalhorce) y otras dilapidarlo con múltiples presas. Es una apuesta por un modelo que es caro e ineficaz, como el del Río Segura, uno de los ríos más intervenidos del mundo y que, todavía, no ha conseguido evitar que se produzcan grandes y graves inundaciones. Lo único que consigue este modelo es potenciar la falsa sensación de seguridad, alentando la aproximación al río y poniendo en riesgo la seguridad e, incluso, las vidas humanas.
Es otra forma de negacionismo, el de la inundabilidad. El barrio de Doña Ana se encuentra en una zona inundable con alta frecuencia (con inundaciones teóricas de 1 vez cada 10 años), lo que es difícilmente solucionable con dragados. Más aún, dado que este municipio se ha inundado ya cuatro veces en poco más de un año, muy posiblemente los mapas de inundabilidad deban actualizarse ya que parecen haber quedados obsoletos por efecto del Cambio Climático.
El municipio de Málaga tiene muy buenos ejemplos de este negacionismo, desde el planteamiento de la construcción de más de 7300 viviendas sobre terrenos parcialmente inundables de la Vega Los Martínez y Vega San Ginés, en el barrio de Campanillas, hasta la pretensión de construir una depuradora de aguas residuales en la Vega de Mestanza, inundada por las últimas crecidas. El caso de los terrenos urbanizables en las zonas inundables del barrio de Campanillas fue llevado al pleno del ayuntamiento por Adelante Málaga para su recalificación como no urbanizables y evitar desgracias futuras, pero la moción fue rechazada con los votos en contra de PP y Ciudadanos. Este negacionismo ha llegado, incluso, a anular el Plan de Inundabilidad del Guadalhorce, cuando empresarios y ayuntamiento alegaron que 5000 m3/s es una cifra “exagerada”, a pesar de que en poco más de un año se han producido ya cuatro inundaciones de más de 1000 m3/s, la que inundaría los terrenos del Barrio de Doña Ana, en Cártama, una vez cada 10 años (teóricamente).
A veces hay ejemplos más humildes de este negacionismo de la inundabilidad, como en la construcción de charcas para anfibios en pleno cauce de varios arroyos del espacio protegido del Valle del Genal, que terminaron enterradas en menos de 2 años con la primera lluvia fuerte, enterrando también el dinero público malgastado o la posibilidad de reparar el daño ocasionado a la flora amenazada y protegida que allí habitaba durante la construcción de las mismas, por no realizar las evaluaciones previas pertinentes.
Así que la provincia de Málaga (y Andalucía) sigue aportando mucho material gráfico de mala gestión fluvial, para que otras regiones puedan ilustrar lo que no se debe hacer. Porque, mientras en Andalucía se sigue apostando por los dragados, otras instituciones lo tienen muy claro, como la Agencia Vasca del Agua (URA), que las tacha de inútiles y utiliza imágenes de Málaga para ilustrarlos. Efectivamente, en el documento elaborado por la URA contraponen la realidad, de que por el cauce no sólo circula agua, también sólidos, contra la creencia de que eliminando los sólidos y la vegetación se evitan las inundaciones, además de detallar los impactos hacia el medio ambiente que ocasionan estas prácticas tan innecesarias como inútiles.
Ese detalle de que por los ríos y arroyos no sólo circula agua es lo que parece no entender ni políticos ni técnicos en Andalucía, nada más leer el reciente anuncio de 61,5 millones de euros destinados a obras de emergencia en cauces andaluces. Cuando se creen que haciendo un dragado, poniendo diques o construyendo charcas para anfibios en pleno cauce, se van a mantener así para siempre y que no se van a colmatar de sedimentos con la primera crecida, es que no han entendido nada. No en vano, la percepción de los ríos desde la Junta de Andalucía es tremendamente perversa, puesto que las competencias no están en la Consejería de Medio Ambiente, como estuvieron hace unos años, sino en la Consejería de Agricultura. De este modo, los ríos pasan de ser un ecosistema que hay que proteger a simples canales por los que circula un recurso (agua) que hay que explotar para el beneficio económico (regadío, industria, turismo, etc.). Mientras tanto, la Consejería de Medio Ambiente no interviene en absoluto en aquellos espacios fluviales protegidos que son de su competencia, dando carta blanca a la Consejería de Agricultura a que acometa toda suerte de despropósitos fluviales.
La única solución posible para evitar inundaciones es conservar los ríos y liberar las zonas inundables que son, además, soluciones más rentables económicamente. Porque el dinero de los dragados termina en el mar, ya que el sedimento retirado se repone de forma natural con la primera crecida. Por lo que las zonas inundables se van a inundar siempre, con dragados o sin ellos. Pero la provincia de Málaga también puede dar buenos ejemplos de lo contrario, como es el caso del Río Grande en el que no se ha inundado ninguna vivienda porque es un territorio adaptado al río, y a sus gentes no se les pasa la idea por la cabeza de construir en terrenos inundables. Y, justamente ahora, los que no están adaptados a los ríos pretenden destruir el río de un territorio que sí está adaptado al régimen natural fluvial. Son los que viven fuera del Valle del Río Grande los que quieren que se construya la presa de Cerro Blanco.
Oscar Gavira es biólogo.
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