Desde la declaración del primer Estado de Alarma, más de 30.000 familias han sido expulsadas de sus hogares pese a cuatro meses de juzgados cerrados y a un “escudo social”, que no ha servido para reducir esta “cifra aterradora”, según la PAH.
Las denuncias del movimiento por la vivienda de que las moratorias de desahucios estaban dejando fuera a miles y miles de familias vulnerables han encontrado esta semana un soporte estadístico que les da la razón. En el primer trimestre de 2021, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) certifica que se produjeron 10.961 desahucios, lo que equivale a unos 121 desalojos por día o, lo que es lo mismo, cinco por hora.
Se trata de una “cifra aterradora”, critica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), especialmente por el contexto en el que se produce, en un “momento de nueva crisis económica derivada del covid-19”, en un marco en el que “aumentan exponencialmente las colas del paro y las del hambre”. Las cifras del primer trimestre hablan de un aumento de desahucios con respecto al año 2020. El año pasado, pese a los cuatro meses de juzgados cerrados por el Estado de alarma y la afirmación machacada por el Gobierno de coalición de que “no hay desahucios en pandemia”, se cerró con 29.406 desalojos. Si se excluyen los desahucios del primer trimestre de 2020 (9.659), desde que se declaró el primer Estado de Alarma, ya suman 30.708 los casos que contradicen la afirmación de Pedro Sánchez de que el “escudo social” no deja a “nadie atrás”.
En estos primeros tres meses de 2021 los desahucios aumentaron un 13,4% con respecto al primer trimestre del año pasado, una muestra de la “ineficacia del decreto actual”, en palabras de la PAH, un trimestre en el que, según denuncian, no se ha implementado “ninguna medida de protección para evitar esta sangría”.
Si se miran de cerca las estadísticas de desalojos, destaca el crecimiento de un 14% de los desahucios por impago del alquiler, que pasan a representar el 71,7% del total. Los desahucios hipotecarios, por su parte, aumentaron en un 6,5%, un incremento que la PAH interpreta como “preocupante”, ya que la tendencia de los últimos años era de un “supuesto descenso”. Y si desde la PAH hablan de supuesto descenso es porque las estadísticas no recogen los casos de desahucios paralizados por la moratoria antidesahucios previa a la pandemia y la falta de resolución ante el vencimiento anticipado, “que mantiene en suspenso las ejecuciones a la espera de que la situación estalle hasta ser insostenible”.
Desde la PAH señalan el “fracaso político” de los sucesivos gobiernos a la hora de enfrentarse a una crisis habitacional que sufren los hogares españoles desde 2008 y que, “lejos de resolverse, nunca ha desaparecido”. La receta de esta organización social: “Ofrecer alquileres sociales a las familias en vez de desahuciarlas y regular los precios del alquiler para que los desahucios disminuyan de forma exponencial”.
Esta crisis persistente ha hecho, dicen desde la PAH, que el problema de la vivienda vuelva a ser “foco de atención”. Y si así ha sido es gracias a “la labor de la sociedad civil organizada, que cada día denuncia la situación y evita que un gran número de familias pierdan su hogar poniendo sus cuerpos en las puertas como un muro de contención ante tanta violación de derechos básicos y proponiendo cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda”.
Cuando se está negociando la Ley de Vivienda, indican desde la PAH, “es el momento de forzar al Gobierno para que deje de mirar a otro lado y tenga la altura política necesaria” para acabar con los desahucios de familias vulnerables y considere la vivienda como un derecho.
Catalunya a la cabeza de los desahucios
Catalunya lidera el ranking de desahucios, seguida por Andalucía, País Valencià y la Comunidad de Madrid. En Catalunya, la media diaria de desahucios en el primer trimestre de 2021 llegó a 27 —si no se cuentan los fines de semana, cuando los juzgados no trabajan, la media diaria llegaría a los 37 casos—, con un total de 2.437 lanzamientos. Tres de cada cuatro de estos desalojos fueron por impago de alquiler, la enorme mayoría en el área metropolitana de Barcelona. La legislación más garantista y avanzada en materia de vivienda del Estado —tras la aprobación de la ley 24/2015 y sus agregados en 2019— y las moratorias de desahucios anunciadas por el Gobierno central no han impedido que los desahucios crezcan un 12% con respecto al mismo trimestre del año pasado, aunque sí se observa un descenso de las cifras en Catalunya de un 31% con respecto al mismo periodo de 2019.
Según analiza la PAH Barcelona, la situación puede complicarse aún más a partir del 9 del agosto, cuando termina la actual prórroga de los desahucios decidida por el Gobierno de coalición. De no tomar medidas al respecto, en pleno verano se puede producir una “avalancha de desahucios”.
El 8 de junio, PAH Barcelona y las otras entidades promotoras de la Ley 24/2015 registraron una proposición de ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional en enero de este año. Estas medidas recogidas en el Decreto Ley 17/2019 obligaban a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social en extinciones de alquileres y ocupaciones de familias vulnerables. Entre las medidas tumbadas por el Constitucional también figura la renovación obligatoria de los alquileres sociales. Esta decisión del Tribunal ha ayudado a agravar los datos en Catalunya, dicen desde PAH Barcelona: al día siguiente de la publicación de la sentencia, más de 3.000 familias “se quedaron desamparadas”, según datos de la Agencia de la Vivienda de Catalunya.
La anulación de estos artículos por parte del Constitucional se debieron más a cuestiones de forma que de fondo, señalaron entonces los diferentes colectivos que trabajan el derecho a la vivienda, por lo que con esta iniciativa el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 pretende volver a aprobar estas medidas y ampliar los derechos que se incluyen para que “Catalunya sea ejemplo de respeto absoluto a los derechos sociales”. La Proposición de Ley, señalan, “no solo recupera las medidas anuladas, sino que las mejora, evitando que los grandes tenedores se la salten”. Si no se toman medidas, advierten, a partir del otoño y durante el 2022 “vendrá un tsunami de casi 26.000 desahucios, cifra nunca vista y superior al pico de desahucios de 2013, de 16.000 lanzamientos”. La nueva ley cuenta con el apoyo de Junts, ERC, la CUP y los comunes y será previsiblemente la primera en ser promovida por el nuevo parlamento catalán.
18,7 desahucios por día en Andalucía
La segunda comunidad autónoma en desahucios es Andalucía, con un total de 1.685 desahucios en el primer trimestre de 2021, una media de 18,7 por día. Para la Asociación Por Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) este dato evidencia “el fracaso de los Gobiernos en proteger a las familias más empobrecidas en medio de la pandemia”. Con una tasa de paro del 22,58%, frente al 15,9% nacional, y con 12 de los 15 barrios más pobres de España, esta organización de derechos humanos señala que los datos no son más que “la consecuencia de la pobreza instalada en Andalucía, acentuada en este último año por los efectos de una pandemia que se ceba con las familias más vulnerables”.
Poco ayuda, denuncian, que la Renta Mínima de Inserción andaluza “sea mínima” y que el Ingreso Mínimo Vital “no llega a la mayoría de las familias en riesgo de exclusión” o que los Servicios Sociales “están minimizados por los drásticos recortes”.
Frente al aumento de los desahucios en Andalucía, la APDHA vuelve a reclamar la declaración del “Estado de Emergencia Habitacional” y el aumento de un parque público de vivienda en alquiler social, “ya que el existente es poco significativo e incapaz de incidir en los precios”.
Al igual que la PAH, la APDHA reclama que la vivienda sea considerada como “un derecho humano y no como un negocio” y que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, ese que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.