Los abogados y abogadas del turno de oficio de la Comunidad de Madrid están defendiendo su caso más importante: la dignidad de su labor. Desde hace meses se están movilizando para plantar cara a la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia a la que acusan de pretender la privatización indirecta de un derecho fundamental como […]
Los abogados y abogadas del turno de oficio de la Comunidad de Madrid están defendiendo su caso más importante: la dignidad de su labor. Desde hace meses se están movilizando para plantar cara a la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia a la que acusan de pretender la privatización indirecta de un derecho fundamental como es la justicia gratuita. En juego, la asistencia legal en comisarías y juicios para quienes no tienen ingresos suficientes para un abogado particular.
La privatización del servicio de traducción jurada
«El modo en que se ejercen las competencias autonómicas sobre Justicia dice mucho del lugar en que cada Comunidad sitúa valores claves para la convivencia social: el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la Justicia Gratuita. (…) Madrid gestiona sus competencias sobre la justicia con una indolencia y un desinterés que no tienen parangón«.
Este es el duro diagnóstico que nueve jueces de la Comunidad de Madrid hicieron público, el 10 de marzo, en un artículo de opinión publicado en un diario madrileño. Entre otras críticas afirmaban: «El turno de oficio es uno de los peores gestionados y los afectados no son sólo quienes ejercen la abogacía y tardan meses en cobrar sus servicios: la calidad de la justicia gratuita se devalúa progresivamente en un camino con pocas posibilidades de retorno y plagado de amenazas de recortar derechos ciudadanos». Precisamente en defensa del sistema de Justicia Gratuita los abogados y abogadas del turno de oficio llevan meses de protestas. Protestas que se dirigen contra la Comunidad de Madrid (CAM) y contra su consejero de Interior y Justicia, Francisco Granados. Protestas en las que que se mezclan tanto reivindicaciones económicas como sociales.
«Mercantilización del derecho»
Respecto a las reivindicaciones económicas, Silvia Hervás, coordinadora de la comisión del turno de oficio de la Asociación Libre de Abogados (ALA), explica que básicamente son «cobrar por nuestro trabajo, actualizar los baremos, que llevan congelados desde 2003; y que nos paguen actuaciones que ni siquiera están cuantificadas». La Comunidad lleva varios años retrasándose en el pago de las cantidades destinadas a sufragar el trabajo de los más de 4.000 abogados del turno de oficio madrileño. Mientras, estos letrados han trabajado y siguen trabajando sin cobrar. Los retrasos han alcanzado, «un año entero y en teoría nos tienen que pagar a trimestre vencido», asegura Hervás.
La CAM, que llegó a deber 30 millones de euros a los abogados, pagó el pasado 24 de febrero el 90% de esta deuda. Pero a fecha de hoy todavía no ha pagado el 37,44% pendiente del cuarto trimestre de 2010. Otra de las reivindicaciones es la actualización del IPC en los baremos -lo que significaría un incremento del 23,4% de los honorarios-, junto al pago de determinadas actuaciones profesionales que no se tienen en cuenta como, por ejemplo, los desplazamientos. Los abogados de turno de oficio se quejan de que en Comunidades como Cataluña o el País Vasco se pagan actuaciones que en Madrid no se pagan, o si se hace, existen unas diferencias económicas importantes. Por ello, una de sus reclamaciones es que se equiparen sus retribuciones a las de la Comunidad vasca, que el pago sea puntual y que la Administración abone intereses por la demora.
A este respecto, Luz Molano, abogada del turno de oficio de Extranjería, sostiene que la CAM les acaba de pagar porque «van a ser las elecciones. Pero ya sabemos que todo lo que hagamos este 2011 no lo vamos a cobrar porque ya no hay presupuesto, se lo han gastado todo en pagarnos lo atrasado». Pero sus reivindicaciones no sólo son económicas. Denuncian que la Consejería de Justicia está llevando a cabo una externalización del servicio, lo que supone una forma indirecta de privatización. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es a través de «franquicias como Legálitas», según Hervás, «o a través de asesorías que la CAM pone como gratuitas para migrantes o víctimas de violencia de género». María Jesús Monjas, también del turno de oficio, asegura que con la excusa de que la justicia gratuita «sale muy cara», se está recurriendo a «grandes despachos con abogados sin ninguna experiencia [«a becarios», interviene Molano], a los que les pagan poco».
Según sostiene una portavoz de la Consejería de Justicia «desde 2003 -año en que la CAM recibió las transferencias en esta materia-, el coste de la justicia gratuita se ha multiplicado por cinco». Y el presupuesto ha pasado de nueve a 50 millones de euros. Según la misma fuente, ese incremento se debe, «entre otras cosas», a la asignación «por premura» de un abogado de oficio, «tengas o no tengas ingresos suficientes», en el caso, por ejemplo, de los juicios rápidos de tráfico. Por eso, sostiene, la CAM quiere cambiar esta situación: «ahora mismo, no se está exigiendo que demuestren si tienen ingresos o no». Paradójicamente, quien toma la decisión final de la designación o no de un abogado de oficio es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, un órgano de la Comunidad de Madrid, en base a los trámites del Colegio de Abogados. En este sentido, para Endika Zulueta, abogado con más de 20 años de experiencia en el turno de oficio y miembro de ALA, el argumento del aumento del gasto «hace que puedan concluir que el sistema no funciona y haya que buscar una alternativa: la privatización». Pero Zulueta declara: «su proyecto [el de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre] es mercantilizar un derecho fundamental».
Nuevas movilizaciones
Los letrados del ámbito de extranjería añaden a las peticiones una muy concreta: que el tratamiento jurídico sea diferente para realidades diferentes; es decir, que a una persona sin papeles no le obliguen a acreditar una documentación y una vida laboral que no puede documentar. Al respecto, la portavoz de la Consejería niega un trato injusto y sostiene que se le exige lo mismo «a cualquier ciudadano del mundo; nosotros no hemos dicho ‘en el caso de los inmigrantes sin papeles'».
Sin embargo, Juana Malca, presidenta de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM), considera este requisito «xenófobo e incongruente, por vulnerar los derechos al tratar igual a los [jurídicamente] desiguales». Malca considera una «contradicción» exigir estos papeles «porque, normalmente, son extranjeros con un expediente de expulsión por carecer de documentación». Como no pueden cumplir con estos requisitos, no se les designa ningún abogado a pesar de que «la Ley de Extranjería establece la asistencia de un letrado». Así se ha reducido un 42% la asistencia jurídica gratuita para inmigrantes. Además los abogados del turno de oficio, no perciben honorarios si consiguen que el inmigrante sin papeles no ingrese en el Centro de Internamiento (CIE), ya que es innecesario interponer recurso de apelación. Si, por el contrario, el juez decreta el encierro, tampoco les pagan las visitas que realizan.
Los abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid llevan protestando desde hace años, pero desde febrero han intensificado sus movilizaciones. Han protagonizado concentraciones frente a la sede de la CAM o ante los Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares. El 15 de marzo se encerraron en la sede colegial de Madrid. Inicialmente ese día 15 tenían previsto suspender el turno de oficio. El inicio por parte de la CAM de una negociación frenó la protesta. Sin embargo, para Hervás, «entendemos que no se han cumplido todas las reivindicaciones, aunque nuestro Colegio ha decidido no suspender el servicio. Pero estamos aquí para recordarles que no han cumplido». Sobre la actitud del Colegio, Zulueta destaca: «en la Junta del Colegio no hay ningún abogado que pertenezca al turno de oficio y ello implica también una falta de sensibilidad respecto al problema». Aún así, se muestra decidido en la defensa de la justicia gratuita, y sentencia: «Las personas que creemos firmemente en el derecho de defensa para todos los ciudadanos, incluyendo los pertenecientes a las clases sociales económicamente más desfavorecidas, no vamos a permitir esta privatización. Es una lucha de todos. Los abogados vamos a aguantar el envite. Que no lo duden».
El fantasma de la privatización
Según denuncian los abogados, el fantasma que planea detrás de la estrategia de asfixia del Turno de Oficio no es otro que la privatización de este servicio público. Pese a que el consejero de Justicia, Francisco Granados, ha negado la intención privatizadora por parte de la Comunidad de Madrid, hay datos que demuestran lo contrario. En 2009, la Comunidad firmó un convenio -que no se sacó a concurso público- con uno de los grandes despachos de abogados de Madrid, Cremades & Calvo-Sotelo, para impartir cursos sobre derechos de los inmigrantes a pesar de que existe un servicio prestado, además de por algunas asociaciones y colectivos de barrio, por el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) a Extranjeros del Colegio de Abogados de Madrid. Otro indicio fue lo sucedido con el SOJ de Mayores, que fue sacado del servicio de Justicia Gratuita para concedérselo a la empresa de abogados Legálitas, conocida por brindar un servicio irregular de asistencia telefónica. Ese acuerdo de privatización del SOJ de Mayores fue paralizado gracias a las movilizaciones de los abogados de oficio en febrero de 2009.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Los-abogados-del-turno-de-oficio.html