Son ya cuatro los días transcurridos desde el apagón eléctrico en Barcelona y todavía no se ha restaurado el suministro eléctrico en su totalidad. Con independencia de que el fallo en cadena se halla debido a un hecho accidental, dos son los problemas que arrastran las redes de distribución eléctrica en las grandes ciudades del Estado español: el […]
Son ya cuatro los días transcurridos desde el apagón eléctrico en Barcelona y todavía no se ha restaurado el suministro eléctrico en su totalidad. Con independencia de que el fallo en cadena se halla debido a un hecho accidental, dos son los problemas que arrastran las redes de distribución eléctrica en las grandes ciudades del Estado español: el aumento del consumo y la falta de inversiones por parte de las corporaciones eléctricas.
Sin embargo, a pesar de que los poderes públicos no tienen ninguna potestad para dictar a una empresa privada sus políticas de inversiones, todos los medios de comunicación (y Acebes, ese mentiroso compulsivo) se empeñan en señalar a las administraciones públicas como culpables del grave incidente. Ejemplo clamoroso de esa línea editorial es el primer titular de ayer del diario El País, «Cataluña se escuda en Endesa y el Gobierno ante el grave apagón». Seguidamente se justifica alegando que la Generalitat de Cataluña tiene plenas competencias para «inspeccionar los servicios de distribución eléctrica en su territorio y de sancionar a las empresas responsables».
Responsabilizar primordial y exclusivamente a los poderes públicos de un incidente de tal envergadura es manipulador y tramposo, algo que no solo está realizando el Grupo Prisa, sino también el resto de los medios de comunicación. Los responsables de suministrar energía eléctrica a los ciudadanos no son los poderes públicos, sino las empresas con que se contrata y a las que pagamos los recibos religiosamente mes a mes. Y estas empresas que comercializan la energía pueden pedir responsabilidades a quienes a su vez deben suministrarle la electricidad. En el caso que nos ocupa, Endesa es la empresa suministradora y Fecsa la que vende a los ciudadanos el suministro. Basar la responsabilidades que se deriven del apagón en la insuficiente inspección de la Generalitat equivaldría a que se responsabilizase de un homicidio a la policía por no haber detenido previamente al culpable.
Todos los medios pecan de un maniqueísmo zafio y burdo cuando se trata de informar sobre quién y cómo se prestan los servicios públicos. El esquema que siguen es claro: empresa pública es sinónimo de ineficacia y su privatización es la nueva piedra filosofal de la economía.
Esta es la gran mentira que pretenden hacernos creer, pero para desmentirla sólo hay que hacer un pequeño repaso a la historia de la empresa con mayor responsabilidad en todo lo ocurrido: Endesa. Era una empresa pública, eficiente y rentable, encargada de producir la mayor parte de la energía eléctrica que se consumía en España, sin mayores quejas que las empresas que comercializaban tal producción. Su privatización se produjo en dos fases (1988 y 1994), bajo el gobierno de Felipe González. La mayor parte del accionariado pasó a pequeños inversores bursátiles, quienes obviamente, y siguiendo la lógica del mercado, lo que desean es que aumente el valor de sus acciones. Una vez privatizada Endesa, los representantes políticos elegidos democráticamente dejaron de controlar las inversiones sobre la base de las necesidades de los consumidores y fueron los accionistas quienes tomaron el control. Para la empresa lo importante es su valor en bolsa y no el servicio que dan a su clientela, que se encuentra «atrapada», pues existe una situación de oligopolio en la que la libre competencia sólo es una coartada más en manos de los capitalistas.
Al ser una empresa «golosa» para el resto del sector y no tener unos accionistas mayoritarios, la siguiente fase predeterminada es que alguna otra empresa se haga con su control. Lo divertido, es que la empresa que va a comprar Endesa es Enel, cuyo accionista mayoritario es el estado italiano, participación que ¡ahora! preocupa al gobierno español.
La liquidación del sector público en España se llevó a cabo con los gobiernos, de infausto recuerdo, de Felipe Gonzalez y Aznar, bajo el pretexto de que las privatizaciones eran necesarias para ingresar en la Unión Europea. Sólo ahora nos damos cuenta de que empresas públicas italianas compran nuestras antiguas empresas públicas, algo que ha ocurrido también en el campo de la telefonía móvil, donde la empresa pública France Telecom ha comprado Amena, empresa creada por Retevisión, otra empresa pública privatizada.
No hace falta ser muy «socialista» para defender que los servicios públicos esenciales, que forman parte de los llamados «monopolios naturales», deben estar bajo la titularidad pública y no privada. Son muchos los servicios públicos que se prestan por medio de entidades públicas. Incluso en Estados Unidos (como nos ha recordado Michael Moore en Sicko) el servicio postal sigue estando gestionado por una entidad pública, pues ninguna empresa privada se comprometía a hacer llegar la correspondencia a todos los núcleos urbanos.
Por lo tanto, la decisión de prestar los servicios esenciales por una empresa privada o pública no dependen tanto de la eficacia, sino de la posibilidad de que haya algún capitalista que pueda obtener plusvalías por la prestación del servicio, independientemente de que la financiación se realice por medio de tasas o a cargo de los presupuestos públicos.
Cuando la ciudadanía permite la privatización de empresas como Endesa tiene que saber que las consecuencias son las que hemos visto estos días en Barcelona. La ausencia de inversiones no depende del partido que elijamos en las elecciones, ni del gobierno de Madrid, Generalitat o Ayuntamiento, sino de un gestor que únicamente se debe a sus accionistas. Sin ir más lejos, Endesa ha tenido la desfachatez de anunciar estos días que en el primer semestre del año ha obtenido un beneficio neto de 1.255 millones de euros, es decir, rendimientos de su explotación que van a parar a las cuentas corrientes de sus accionistas y que se detraen de inversiones.
Medios como El País también se deben a sus accionistas. Para esta prensa burguesa, los culpables siempre serán el sector público y los dirigentes políticos, nunca los honrados accionistas que viven del trabajo de los demás.
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