Después de 15 años de investigaciones, la Audiencia Provincial de Madrid juzga la trama penal del ‘caso funeraria’ que permitió la privatización parcial de la empresa municipal al precio de cien pesetas.
Luis María Huete, primer teniente de alcalde; Simón Viñals, concejal de sanidad y presidente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios; y Antonio Moreno, concejal de régimen interior, todos en el equipo del entonces alcalde José María Álvarez del Manzano (PP), se enfrentarán, por fin, a las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
Se trata ahora de dirimir si existe delito en la actuación de los concejales que consiguieron privatizar casi la mitad de la antigua funeraria municipal convirtiendo en la segunda del sector a una pequeña empresa que, según el fiscal, carecía «de medios materiales y personales» y se dedicaba a coordinar telefónicamente traslados de cadáveres de una localidad a otra. Todo ello tras poner al frente de la empresa a una persona de su confianza.
La argucia utilizada por empresarios y concejales de presentar una supuesta situación de quiebra quedó muy pronto en evidencia. A los pocos meses la funeraria ganaba más de seis millones de euros. En 2002, la Fiscalía Anticorrupción, que instruyó el caso tras una denuncia presentada por Izquierda Unida, presentó ante la Audiencia Provincial su acusación. En ella aprecia, entre otros, delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Los acusados se enfrentan a penas de 25 años de inhabilitación y seis años de prisión por privar al Consistorio municipal de una importante suma.
La vía del contencioso-administrativo iniciada por el Partido Socialista quedó agotada por una sentencia del Tribunal Supremo que el año pasado dio la razón al Ayuntamiento de Madrid. Privatización fúnebre Hace tiempo que el sector funerario español no es un sector regulado en exclusiva por un monopolio público. El peso de las administraciones públicas en los servicios funerarios ha cambiado en gran parte del territorio dada la disparidad de las normativas locales que condujo a la liberalización de los servicios funerarios de 1996. De esta forma, mientras en algunos municipios dicha liberalización ha provocado la entrada en escena de numerosas empresas funerarias, en otros se mantiene vigente la responsabilidad pública.
El Gobierno del PSOE propuso en marzo de 2005 la liberalización absoluta del mercado funerario español, pretensión plasmada en la Ley de reformas para el impulso de la productividad, en la que básicamente se autoriza por parte de los municipios a las empresas funerarias al traslado de cadáveres y no la operación plena de estas empresas en el territorio nacional, con el propósito de salvaguardar la autonomía local y no invadir competencias ajenas. En general, el proceso de liberalización del sector funerario se ha regido por los mismos principios y objetivos vistos hasta ahora con carácter general. En este caso, se consideraba injusto el mantenimiento de un plus económico por parte de las administraciones públicas. Así, ésta sólo ha de garantizar el mantenimiento de unos requisitos mínimos sobre su práctica y de esta manera el servicio funerario deja de ser concebido como un servicio público en sentido estricto. Todo ello ha abierto paso a la libre competencia en el sector.
En la práctica, el sector se lo reparten hoy en día dos grandes compañías: Funespaña y el grupo Intur, esta última propiedad de Acciona en un 75% y de Caja Madrid en un 25%.
Ambas empresas han aumentado su gasto en suelo y edificación de tanatorios, inmuebles que han pasado de ser rechazados por la población a ser deseados, según el presidente de Intur, Ricardo Molina. De este modo invierten especialmente en pequeñas localidades que están registrando crecimientos de población y cuyas autoridades facilitan en algunos casos la adquisición de terreno para tal fin.
El grupo Intur, que asegura ser la primera compañía funeraria de España por beneficios, en 2005 invirtió 24,8 millones de euros de los que 20 millones se destinaron a este tipo de propiedades. La compañía cuenta actualmente con más de media centena de tanatorios.
Funespaña, la única empresa funeraria española que cotiza en Bolsa, con presencia también en Argentina y Hungría, cuenta con 12 tanatorios repartidos por la península, según la memoria de la empresa.