Cuatro huelgas en agosto, los días 5, 11, 17 y 23; y otras tres en julio, las jornadas del 14, 20 y 26. Los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana han protagonizado siete huelgas este verano para reivindicar la estabilidad laboral.
Encabezan la lucha los sindicatos CGT, SPPLB-Bombers Forestals; STAS-Intersindical Valenciana, UGT y el Col·lectiu Bombers Forestals en Frau de Llei (no participa en el comité de huelga la organización mayoritaria en el comité de empresa, Comisiones Obreras).
El 23 de agosto promovieron una jornada de visibilización en las redes sociales. También han convocado protestas frente a la sede de la Generalitat Valenciana. Los bomberos forestales recuerdan que, ya desde hace años, arriesgan su vida en cada emergencia.
En el comunicado que anunciaba las huelgas de julio, resumían los objetivos en tres puntos; el primero, que la Generalitat cumpla con sus compromisos, de modo que permanezcan en su puesto de trabajo los bomberos forestales que se incorporaron, en abril de 2019, de la empresa estatal TRAGSA a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emèrgencies (SGISE), en la que actualmente están empleados; además los sindicatos reivindican “la transformación de los contratos a la forma adecuada para obtener, según cada caso concreto, la fijeza indefinida o discontinua”; por último, una solución con dictamen antes del 31 de agosto.
La SGISE es la empresa pública autonómica encargada de los servicios -“esenciales”- de extinción de incendios forestales y emergencias; hasta 900 efectivos integran las unidades de bomberos forestales, informa este organismo en su página Web. La SGISE se constituyó en noviembre de 2018 mediante un Decreto Ley del Gobierno Valenciano; “el personal de la sociedad pública estatal TRAGSA necesario para la prestación del servicio de bomberos forestales se incorporará a la SGISE con la misma relación laboral que tuviere (…)”, establece el Decreto.
Actualmente, los bomberos forestales en huelga califican su situación (debido a las contrataciones “en fraude de ley”) como “agónica” y denuncian la “mala praxis” tanto de la SGISE como de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo (la entidad pública está adscrita a la conselleria).
“Han llevado al servicio de bomberos/as forestales a un agravio comparativo entre los mismos trabajadores/as, porque habiendo superado convocatorias en igualdad de méritos, capacidad y publicidad, se nos obligó a denunciar (ante los juzgados) de forma individual y así hemos quedado: mismas pruebas y acceso pero diferentes resultados, con bomberos/as forestales condenados a irse a la calle por sentencia y otros consolidando la plaza”, añade el comunicado sindical. Denuncian que los despidos podrían afectar a un tercio de los bomberos forestales de la plantilla, que ya deberían estar consolidados en el puesto de trabajo.
Uno de los argumentos esgrimidos por los sindicatos es la sentencia dictada, el pasado 3 de junio, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que fallaba contra la utilización abusiva de sucesivos contratos con duración determinada en el sector público (en marzo de 2020 el alto tribunal europeo emitió otra sentencia en un sentido similar, también referida al caso español).
El 20 de julio –segunda día de huelga- las organizaciones integradas en el comité de huelga se reunieron durante dos horas con la consellera Bravo; en el encuentro pidieron la “estabilización del personal precarizado contractualmente desde hace muchos años”. Dado que no se alcanzó ningún acuerdo –“volvemos al mantra de abocar a un concurso-oposición a un personal que ya lo superó en su momento”-, las organizaciones decidieron mantener las protestas. En sus reivindicaciones cuentan con el apoyo de grupos parlamentarios como el de Unidas Podemos en las Cortes Valencianas y el de la coalición Compromís.
En abril tuvo lugar la presentación del Col·lectiu Bombers Forestals en Frau de Llei de la Generalitat. Integrantes del colectivo se desplazaron en mayo a Alicante, para apoyar las huelgas de hambre convocadas contra la precariedad en el empleo público. Entre las razones para el surgimiento del Col·lectiu, están las condiciones que atraviesan el 30% de los trabajadores (entre 275 y 300 bomberos forestales) con contratos temporales y “abuso de temporalidad” en la plantilla de la SGISE.
Además criticaron, en relación con la estabilidad en el empleo, que la Conselleria de Justicia incumpla los acuerdos alcanzados sobre los trabajadores subrogados de TRAGSA; también el incumplimiento de los convenios colectivos vigentes y del Estatuto de los Trabajadores. Además reclamaron al Gobierno Valenciano que dejara de judicializar los problemas laborales.
En su presentación, el colectivo de bomberos forestales destacó el informe del Síndic de Comptes de 2020 (periodo 2016-2019). Entre otras conclusiones, el documento señala: “Los órganos de dirección de SGISE deberían adoptar las medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, respetando los derechos laborales de los trabajadores que prestan el servicio de extinción de incendios forestales (…)”.
Asimismo la Sindicatura, que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, pedía que la Administración evite gastos jurídicos cuando exista la certeza de que las sentencias resultarán favorables a los bomberos forestales que reclaman la consideración de “indefinidos discontinuos”.
Un esquema difundido en las redes sociales por el sindicato SPPLB Bombers Forestals aproxima a las condiciones laborales en las que se halla el colectivo. Es el caso de Marta, quien se presenta a un proceso selectivo y logra una plaza en una unidad de refuerzo de la SGISE; pero la empresa pública de la Generalitat mantiene a la bombera forestal con un contrato de obra y servicio.
Se da la circunstancia de que Marta trabaja durante dos campañas y cumple con las condiciones para ser “fija discontinua”, sin embargo la SGISE la mantiene con un contrato –en “fraude de ley”- que no se ajusta a la condición del servicio que la empleada presta; ante la denuncia de Marta, el juez resuelve que su contrato se corresponde con la modalidad de “indefinido no fijo a tiempo parcial”. En el último apartado del gráfico, la plaza de esta trabajadora –ahora subjefa en una unidad de refuerzo- aparece incluida en una Oferta Pública de Empleo, de modo que podría terminar despedida.
Por otra parte, la batalla de los bomberos forestales valencianos no es un fenómeno de última hora; por ejemplo, en septiembre y octubre de 2018 convocaron huelgas de hambre, huelgas indefinidas y concentraciones para lograr mejoras salariales y en su situación laboral.
“Este problema se localiza en todos los estratos de la Administración Pública, nosotros lo arrastramos desde hace mucho tiempo”, subraya uno de los portavoces de los huelguistas, Miquel Férriz, en el programa CGT en Acción de Radio Klara. “Trabajamos en todo tipo de emergencias, incendios pero también montando hospitales de campaña, en nevadas, desinfecciones o rescates de personas; hay trabajadores que llevan, hasta 15 años, demostrando su profesionalidad en la extinción de incendios, a tiempo completo o en unidades de refuerzo”, añade en la entrevista realizada el 14 de julio.
“Tras pasar -en su día- por exámenes o procesos selectivos, hay casos de trabajadores que empezaron destinados dos o tres años lejos de sus familias (eran las únicas plazas disponibles) e hicieron el concurso de traslados; consiguieron su plaza y ahora se les pide que comiencen de nuevo con un concurso-oposición; son personas que pueden tener edades de 40-50 años, con cargas familiares e hipotecas o mujeres con hijos; la consellera nos tira flores y agradece la profesionalidad, pero nosotros queremos que esto se refleje en las condiciones laborales”, explica Férriz en Radio Klara.
En una nota informativa del 12 de julio, la CGT sitúa las huelgas de los bomberos forestales en un contexto más amplio. Por ejemplo, en las concentraciones convocadas por este sindicato el 8 de julio –en Valencia, Castellón y Alicante- contra el denominado icetazo (Real Decreto-ley del 6 de julio sobre temporalidad en el empleo público), y por la consolidación del personal temporal e interino de las Administraciones Públicas.
Asimismo, en el contexto de la huelga general del pasado 18 de junio convocada por la CGT, la CNT, Intersindical Valenciana y la Coordinadora Valenciana de Empleats Públics en Frau de Llei, contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas del País Valenciano. Los bomberos forestales de la sección CGT en SGISE ha anunciado, el 27 de agosto, que continuarán las protestas en septiembre contra la temporalidad y las contrataciones en “fraude de ley”.