El Estado español expulsó en 2015 de su territorio a 2.871 personas internas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), según cifras del Ministerio del Interior, lo que supone el 41,4% de los inmigrantes ingresados en los CIE. «Aquellos que no han sido expulsados -el 51% restante- fueron privados de libertad de manera gratuita», […]
El Estado español expulsó en 2015 de su territorio a 2.871 personas internas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), según cifras del Ministerio del Interior, lo que supone el 41,4% de los inmigrantes ingresados en los CIE. «Aquellos que no han sido expulsados -el 51% restante- fueron privados de libertad de manera gratuita», advierte el abogado Santiago Yerga, coordinador del informe «Vulnerables vulnerabilizados-2015» del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), presentado ayer en el Centro Arrupe de Valencia. En el apartado de conclusiones, el documento condena que se prive de libertad a una persona migrante «por motivos administrativos», y defiende la supresión de los CIE. El Gobierno de España abrió en 2015 un total de 30.614 procedimientos de expulsión a inmigrantes; y fueron dictadas 20.552 órdenes de expulsión, de las que se ejecutaron 6.869.
Talibou, de 42 años, vive en España desde hace una década, mientras su esposa y dos hijos permanecen en su país de origen. Carece de «papeles», y no tiene antecedentes penales ni policiales. Le ofrecieron un contrato de trabajo por seis meses en el campo, pero le faltarían otros seis meses para solicitar el «arraigo», detalla el informe «Vulnerables vulnerabilizados». Talibou fue ingresado durante 20 días en un CIE. Después fue puesto en libertad con sus pertenencias y apenas cuatro euros. Pidió, antes de salir a la calle, que se le facilitara el retorno a la ciudad donde fue detenido. El de Talibou es uno de los testimonios recabados por el SJM durante la visita a los CIE de Madrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca) y Valencia (Zapadores) en 2015. A la hora de redactarse el documento, el inmigrante duerme al relente mientras busca medios de desplazamiento, y su solicitud de asilo -después de ser admitida a trámite- continúa varios meses sin resolver.
En los CIE de Algeciras, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Las Palmas y Tenerife permanecieron internos 6.930 personas en 2015, según el Ministerio del Interior. Los autores del informe llaman la atención sobre dos CIE que superaron los mil inmigrantes presos: el de Algeciras («y su anexo paralegal de Tarifa») sumó 2.303 internados, lo que representa el 33,2% de las personas que pasaron por estos centros; estas cifras se explican por su condición de «CIE de frontera». En el CIE de Madrid permanecieron 1.469 inmigrantes (el 21,9% de los internos del estado), cifras que se explican por dos razones: las expulsiones por el aeropuerto Madrid-Barajas y el cierre del CIE de Barcelona, que llevó a «derivar» a personas desde Cataluña. «Hay un dato demoledor -apunta Santiago Yerga-, el 41,53% de las mujeres internadas en los centros de todo el estado lo fueron en el CIE de Algeciras, que es en el que se ingresa a la población que proviene de África». Asimismo, de las 4.084 personas llegadas en patera e internas en los CIE durante 2015, la mayoría (1.976) fueron encerradas en el centro de Algeciras. En este apartado, Yerga subraya otro «detalle lamentable»: el 58% de las personas ingresadas en un CIE llegaron a España en patera.
En cuanto a las órdenes de expulsión ejecutadas desde los CIE (2.871), la mayor parte correspondió al centro de Madrid (1.036), seguido por los de Murcia (648), Algeciras (472) y Valencia (421). Además, subraya Santiago Yerga, «sólo con que se identificara a un menor en los centros de internamiento ya sería un fracaso», y el Ministerio del Interior contabilizó en 2015 a 19. El abogado señala el problema en los procedimientos de determinación de la edad en las zonas de acceso en patera (el litoral sur del estado español), pues «no identifican al menor de edad primariamente, lo que causa el internamiento posterior en un CIE». Más que al Ministerio del Interior, Yerga achaca la responsabilidad en este caso a abogados, jueces y fiscales. El informe «Vulnerables vulnerabilizados» recuerda el fin de estos procedimientos: «Que ningún menor de edad sea tratado como mayor y deba pasar por la privación de libertad, por muy corta que ésta pueda llegar a ser». En contraste con las cifras de Interior -19 menores en los CIE-, el SJM localizó sólo en el CIE de Barcelona a seis personas que alegaban ser menores de edad. En cuanto a las solicitudes de protección internacional admitidas a trámite desde los CIE, resultan nuevamente llamativos los datos del Ministerio del Interior. Sólo un 10% del total (196) se plantean en los CIE de frontera (Algeciras y Tarifa, Tenerife y Las Palmas), en los que se interna a personas que llegan de África y países en conflicto.
El SJM realizó 1.536 visitas a internos (503) de los centros de Madrid, Barcelona y Valencia en 2015, lo que hace posible por ejemplo hacer un desglose por nacionalidades. En el CIE de Barcelona predomina la población magrebí (57%), principalmente de Marruecos y Argelia. En Madrid son mayoritarios los inmigrantes subsaharianos (37%), sobre todo procedentes de Nigeria, Senegal y Camerún; asimismo destaca la presencia de latinoamericanos (31%), sobre todo de Colombia, Ecuador y la República Dominicana. En cuanto al CIE de Valencia, la mayor parte de migrantes proviene del África subsahariana (45%), de países como Camerún, Nigeria y Liberia. Las visitas a los centros también permiten observar la situación de «arraigo». La mayor parte de los internos visitados contaba con un mínimo de cuatro años de estancia en España, de lo que el informe extrae la siguiente conclusión: «El arraigo no ha sido óbice para que la policía solicite, y los jueces de instrucción decidan, la privación de la libertad». Se constatan, así pues, «automatismos policiales» que llevan al encierro en los CIE sin atender a las circunstancias personales (uno de cada cinco ingresos se llevan a término pese a los vínculos familiares de primer grado y/o a su cargo del migrante).
Los autores del documento sostienen que el Ministerio del Interior criminaliza a los internos de los CIE y a los expulsados del territorio español, ya que estas situaciones sólo afectarían a «delincuentes» o personas de «alta peligrosidad». Sin embargo, el 54% de las personas visitadas por el Servicio Jesuita a Migrantes no contaba con antecedentes penales, y sólo el 29% se hallaban incursas en un procedimiento judicial pendiente de sentencia. ¿En qué circunstancias se producen las detenciones que terminan con la reclusión en un CIE? Los informes anuales del SJM vienen constatando que un elevado número -más del 36% de las personas detenidas en 2015- es consecuencia de la demanda de documentación identificativa en la calle por parte de la policía. El informe se refiere asimismo a la existencia de «redadas aleatorias». En relación con los internamientos, se consideran «desproporcionadamente largos» para su fin, la expulsión. Así, el 40% de las personas visitadas por el SEJ en el centro de Aluche permanecieron más de 40 días. En Barcelona, el 24% de los migrantes a los que se visitó habían estado internos en ocasiones anteriores.
En el capítulo de los derechos vulnerados, el equipo del SJM constató la presencia en los CIE de 17 personas con signos de sufrir una enfermedad mental. En Barcelona visitaron a dos pacientes que perdieron, debido al internamiento en el CIE, la operación quirúrgica que tenían programada en un hospital público. Padecían dolores constantes dentro del centro, que se trataron con analgésicos o «con la prescripción médica de colchón doble en la celda para conciliar el sueño mínimamente», apunta el informe. Otras nueve personas afirmaron ser objeto de agresiones por parte de la policía, cinco por otros internos y 19 dijeron sufrir tratos intimidatorios o degradantes. Por otro lado, el 30% de los internos informó de que no contaban con ninguna persona cercana que les visitara. En muchos casos, los inmigrantes se hallan recluidos en CIE que no coinciden con las ciudades donde fueron detenidos, y donde tal vez vivieran con sus familiares. Otras veces cunde el miedo en las familias a realizar las visitas en el CIE, al hallarse en situación «irregular». Entre las barreras detectadas resalta la lingüística, ya que el 16% de los inmigrantes visitados tenían dificultades para entender el castellano y no se les garantizó el derecho a un intérprete. Por último el documento critica las «desigualdades en el régimen interior de los CIE», ya que no existen normas comunes en los diferentes centros. Se producen, asimismo, «evidentes diferencias en el grado de garantía y cumplimiento de derechos entre unos CIE y otros».
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