El Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024 de la APDHA se centra en analizar la situación en los CIES del Estado español «opacos y faltos de transparencia” y en arrojar luz sobre la vulneración de derechos que se dan en estos espacios.
En el Estado español actualmente están en funcionamiento siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES),
unas instituciones que a pesar de llevar 23 años en funcionamiento
siguen envueltas en una opacidad y silencio que impiden a la sociedad
entender en qué consisten y qué prácticas se dan dentro de ellos.
Estos centros han retenido desde 2011 a 83.133 personas. Su objetivo es retener a las personas migrantes para finalmente deportarlas a sus países de origen. Sin embargo, como indica el informe de la APDHA, más del 50% de las personas retenidas no fueron deportadas al no cumplirse los requisitos expuestos por el Tribunal Constitucional. Miles de personas permanecen privadas de libertad durante varios meses a pesar de que la Constitución española en su art.25.3 recoge que “la administración civil no podrá imponer sanciones que, indirecta o subsidiariamente impliquen privación de libertad”. Desde la APDHA apuntan que: “en el Estado español se ha contemplado la privación de libertad de personas extranjeras en situación irregular como instrumento administrativo”.
Los coordinadores del informe, Diego Boza y Ana Rosado, comentan que estos espacios cumplen una doble función simbólica: “por un lado, la de intimidación hacia la población inmigrante y por otro, el de una segregación criminalizadora como mensaje hacia la opinión pública autóctona”. Rosado además explica que “en los CIEs se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido”.
En 2019 el Ministerio de Interior admitió que durante el año 2018 se retuvo en estas instituciones a 89 menores de edad procedentes de Argelia y Marruecos. El informe también recoge que estos espacios tienen un carácter segregador con la población procedente de África, especialmente, con las personas de origen magrebí, que de media anual siempre se encuentra en torno al 40% de la población de estos espacios. En 2018 las personas magrebíes en estos centros supusieron más del 65% de los internos.
Boza además expone que estos emplazamientos son el símbolo de un modo de entender las políticas migratorias: “a partir de los primeros años del siglo XXI se ha intensificado un modelo migratorio en el que la expulsión se convirtió en elemento de referencia y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia”.
La privación de libertad de forma injustificada es la primera vulneración de derechos humanos que una persona migrante se enfrenta al entrar en un CIE, pero no es la única. Las personas encerradas viven en unos espacios que en su mayoría fueron antiguas prisiones “que hubieron de cerrar por las lamentables condiciones en que se encontraban”, sostiene Boza. El informe recoge las vulneraciones que se dan en el día a día en estas cárceles reconvertidas: torturas, violencia sexual, escasez alimentaria y hasta muertes.
Rosado expone al respecto que: “el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIEs son las numerosas muertes evitables que se han producido en dichos centros” unas muertes sin“consecuencias penales para los responsables”.
El caso más conocido fue el de Samba Martine, que en 2011 fue encerrada en CIE de Melilla, donde en las pruebas médicas dio positivo en VIH-1. Al poco de su llegada a Melilla fue trasladada al CIE de Madrid a donde no le hicieron llegar su historial médico. Durante los 38 días que estuvo en el Centro de Internamiento de Madrid pidió asistencia médica 11 veces, donde los facultativos no hicieron las pruebas médicas necesarias a pesar de su estado de salud. Finalmente, murió al no recibir el tratamiento adecuado. “Samba Martine murió bajo la custodia del estado y cuando el estado encierra a una persona se convierte en garante de la vida, la salud y el resto de sus derechos”, recuerda en el Informe Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho penal e investigadora Principal del Proyecto Iusmigrante.
Otro caso por esclarecer es el de la muerte de la joven de 21 años Idrissa Diallo el 8 de enero de 2012 en el CIE de Barcelona. Una muerte que los médicos certificaron como causa natural, y que, sin embargo, los testigos internos han alegado que Diallo tenía problemas de salud y no fue atendida durante su estancia. “El caso de Idrissa Diallo es clara evidencia de que las políticas migratorias y las prácticas del Estado español son racistas y provocan sufrimiento y muchas muertes”, sostiene Andrés García Berrio, Abogado y codirector de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. En estos centros además se producen decenas de suicidios, como el Mamadou Balde en 2023 en Ceuta, que acabó con su vida tras no recibir la ayuda que necesitaba como consecuencia del daño psicológico sufrido durante su trayecto migratorio.
La
coordinadora del Informe, Ana Rosado, hace hincapié además en las
violencias sexuales que se viven en estas instituciones a través de
diversos ejemplos: “En 2006, un grupo de mujeres internadas en el CIE de
Málaga, hoy ya cerrado, denunció como habían sido obligadas a
participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que
las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Un caso que no fue
juzgado a nivel legal hasta 2015. El resultado del proceso legal fue
una sentencia absolutoria para los policías implicados “por pruebas
insuficientes”. Otro caso de violencia sexual en estos espacios es el de Olga,
una mujer de nacionalidad rusa que en 2013 fue violada a punta de
pistola en Galicia y a la que la Guardia Civil impidió interponer una
denuncia. El juez determinó su ingreso en el CIE de Aluche en Madrid.
El informe recoge intimidaciones por parte de los agentes, y la falta de infraestructura para la vida digna en esos espacios. También denuncian la escasa alimentación que proporcionan a las miles de personas encerradas: “es insuficiente y poco variada, con quejas continuas de escasez y el largo tiempo que transcurre sin facilitar ningún alimento”. En muchos centros como el CIE Barranco Seco de las Palmas durante la noche las personas internas tenían que orinar en botellas de plástico, ya que las celdas eran cerradas y no podrían abrirse.
A pesar de las múltiples denuncias de los colectivos por los derechos humanos y observatorios para la erradicación de la tortura, los CIES siguen en funcionamiento. Además, el gobierno de España ha destinado unos 20 millones de euros a un nuevo centro en Algeciras, donde ya existe un CIE, que pretende ser el más grande del Estado y poder albergar a 700 personas. El gobierno pretende que se encuentre a pleno funcionamiento a principios de verano.