Los cinco encausados de Askapena acaban de regresar de una gira europea en la que han recabado solidaridad y han dado a conocer un informe que recoge la vulneración de derechos que han sufrido, así como las de otros ciudadanos vascos. Han anunciado que seguirán trabajando para recoger nuevos compromisos frente a este juicio político. […]
Los cinco encausados de Askapena acaban de regresar de una gira europea en la que han recabado solidaridad y han dado a conocer un informe que recoge la vulneración de derechos que han sufrido, así como las de otros ciudadanos vascos. Han anunciado que seguirán trabajando para recoger nuevos compromisos frente a este juicio político.
Los encausados de Askapena se han reunido con cargos políticos como los alcaldes de Dublín y Belfast, diputados del N-VA (partido de gobierno en Flandes), varios europarlamentarios, representantes catalanes de CUP, ERC o Catalunya Si Que Es Pot, sindicalistas del SAT andaluz o electos del HDP en el Parlamento kurdo.
En el informe que entregaron recogen la escasa base jurídica de un proceso que comenzó en 2010 y cuyo juicio se ha celebrado en 2015. Destacan que los detenidos en setiembre de 2010 tenían una vida pública y rutinas de trabajo, pero que se les arrestó de madrugada con numerosos policías y periodistas a las puertas de sus casas «para la propaganda de guerra». Se les aplicó «la ley antetorrorista» y las consiguientes vulneraciones de derechos: incomunicación, no poder ser asistidos por letrados de su confianza, encarcalamiento a 400 kilómetros de Euskal Herria, fianzas altísimas, retirada de pasaporte o bloqueo de cuentas y bienes. Asimismo, han denunciado que al presentarse el escrito de acusación, cinco años después de las detenciones, se conoció la petición de ilegalización de Askapena, Elkar Truke y Herriak Aske, a pesar de que a ninguno de estos colectivos se les notificó nada.
Los enjuiciados han añadido que en la gira europea «hemos recogido en nuestras mochilas cercanía y solidaridad y hemos advertido que hoy en día vivimos bajo la amenaza de nuevas vulneraciones de nuestros derechos, porque a pesar de vivir bajo fianza, con nuestros proyectos de vida totalmente hipotecados, podemos ser encarcelados en cualquier momento de manera ‘preventiva'».
«Nuestro trabajo no ha terminado, con nosotros no se va a hacer justicia ni con una absolución. Por eso, nuestra labor es seguir denunciando este juicio tanto a nivel internacional como en Euskal Herria, tanto en ámbitos sociales como institucionales y transformar la solidaridad que recibimos en compromisos», han añadido.