Estoy en paro y cobro una prestación. Me llaman del Servicio Canario de Empleo (SCE) para ofrecerme -aseguran- una gran oportunidad laboral de «reinserción», a la que debo dedicar -en palabras de Alberto Génova, director del SCE- responsabilidad, motivación y todo mi esfuerzo personal. Se trata de limpiar canales en el otro extremo de la […]
Estoy en paro y cobro una prestación. Me llaman del Servicio Canario de Empleo (SCE) para ofrecerme -aseguran- una gran oportunidad laboral de «reinserción», a la que debo dedicar -en palabras de Alberto Génova, director del SCE- responsabilidad, motivación y todo mi esfuerzo personal. Se trata de limpiar canales en el otro extremo de la isla por unos 500 euros al mes durante medio año. No sé si tirar voladores o gritarlo al viento. Pero claro, tendré que echar cuentas porque más que un salario parece una beca. Si es en el sur me tocaría almorzar fuera de casa y pagarme el transporte, bien la guagua o la gasolina del coche. Entonces, ¿cuánto dinero limpio llevaré a casa? ¿300 euros?, ¿qué familia vive con esa ridícula cantidad? Yo no puedo renunciar a mi subsidio de desempleo de 800 euros a cambio de sólo 500. Definitivamente les contestaré que no.
Sólo desde la atalaya del cinismo y mostrando una absoluta falta de empatía con el otro -siempre con el más débil, el más desfavorecido, el que menos tiene-, se puede acusar de presunto fraude al trabajador que dice no a un salario inferior a su -ya de por sí- paupérrima prestación por desempleo. Sólo sintiéndose socialmente a salvo y con el bolsillo y el estómago colmados, se puede criminalizar de forma tan ostentosa al parado, anunciando, cual orgulloso perro de presa, pesquisas administrativas encaminadas a detectar las posibles ilegalidades en las que haya podido incurrir un ser humano cuando entre dos miserias elige la menor de ellas. Sólo pueden apelar al esfuerzo personal y advertir contra el pasotismo ante el trabajo, tratando a los desempleados como a una panda de parásitos, unos responsables públicos que, subidos desde hace tiempo a la generosa noria de la política, nunca han sentido necesidad, ni perdido el sueño ante la posibilidad de verse en la calle y no tener suficiente para pagar una hipoteca o la comida diaria de sus hijos.
En España ha sido una constante la pérdida de peso de los salarios en el Producto Interior Bruto: entre 1996 y 2006 se ha pasado del 56,4% al 46,4% a pesar de incrementarse el número de trabajadores. Según un informe de la Agencia Tributaria, en el año 2007 el 63% de los trabajadores españoles cobraron menos de mil euros al mes. Y en el Archipiélago la situación es aún más penosa. Los canarios ganan cuatrocientos euros menos (unos 1.500 euros brutos) que la media nacional. Sólo unos empresarios acostumbrados a contratar trabajadores a precio de saldo, pueden sumarse al acoso del desempleado cuyo «delito» es percibir lo que le corresponde en justicia, porque previamente se le ha descontado cada mes de su salario. Sólo unos empresarios consagrados a la economía especulativa y a la contratación temporal, se escandalizan ante la lógica decisión del trabajador, y piden mano dura al Gobierno canario para evitar el fraude y la competencia desleal, sin plantearse si es posible sobrevivir sin verse forzado a redondear un salario indigno. En sólo 18 meses la economía sumergida ha experimentado un incremento de diez puntos.
No se equivoquen, señores cínicos. Lo irresponsable no es que un parado rechace un empleo cuando su prestación supera el salario; lo lamentable -y hasta perseguible- es que se permita la existencia de sueldos de miseria.