En la descripción de la actual crisis se han invertido ríos de tinta. Menos, aunque también, en la proposición de alternativas. Algunas de ellas, no por ser menos visibles, resultan de menor interés. Al contrario. Desde una perspectiva feminista, muchas voces plantean la necesidad de priorizar los cuidados, en un mundo cada vez más atravesado […]
En la descripción de la actual crisis se han invertido ríos de tinta. Menos, aunque también, en la proposición de alternativas. Algunas de ellas, no por ser menos visibles, resultan de menor interés. Al contrario. Desde una perspectiva feminista, muchas voces plantean la necesidad de priorizar los cuidados, en un mundo cada vez más atravesado por valores como la competitividad. Sobre esta cuestión se ha reflexionado en el foro «Mujer, migración y cuidados», organizado por COOMIGRAR y Sisma mujer, que se celebró el pasado 28 de noviembre en Valencia.
«Las cosas son imposibles mientras lo parecen», decía Concepción Arenal. Y recoge esta idea Carmen Castro, economista, feminista y experta en políticas públicas e igualdad de género. Opina, en ese sentido, que hay que romper con el paradigma neoliberal, «que nos dice que no hay alternativa», y caminar hacia «otro modelo de sociedad, donde los cuidados sean considerados una necesidad real de la población y, por tanto, centro de atención de las políticas públicas».
En pleno desmantelamiento del llamado estado del bienestar, afirma que el derecho al cuidado debería ser considerado un derecho universal. Ahora bien, matiza Castro, «esto no es sinónimo de remuneración del trabajo doméstico». Entre las propuestas de cambio, destaca la reorganización de los tiempos, por ejemplo, mediante la reducción de la jornada laboral («Ya se hizo en Francia en tiempos de Jospin y en Finlandia, hace 15 años, la jornada laboral máxima se estableció en 6 horas diarias», destaca Castro).
Otra cuestión decisiva es que los hombres asuman mayor cuota de responsabilidad en el reparto de los cuidados, asignados tradicionalmente a la mujer. La economista, y responsable de la mayoría de los planes de igualdad de las comarcas del País Valenciano, señala que hay «pequeñas reformas y muy localizadas que pueden llevar a cambios». Por ejemplo, en el caso de los permisos por el nacimiento de los hijos, que, tal como están establecidos, «genera en la sociedad el mensaje de que el cuidado de los recién nacidos recae sobre las mujeres; y ello conduce, finalmente, a brechas salariales y a la dificultad de acceso al mercado laboral», subraya Castro.
La necesidad de las políticas de igualdad puede demostrarse con números en la mano. Carmen Castro cita un estudio de 2009 (ya en plena crisis), en el que se analiza el impacto sobre el PIB de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado laboral; el crecimiento de la riqueza en el conjunto de la UE se cifra en el 28%, mientras que para el estado español se elevaría al 32%. Es decir, «la igualdad es una inversión», concluye, «aunque el PIB no incluya el valor de los cuidados no remunerados, o estime como factores positivos de crecimiento, las guerras o los daños ambientales, matiza.
Muchas de las tareas de cuidado las realizan en el estado español trabajadoras migrantes. Mujeres, migrantes y cuidadoras. El economista y activista por la justicia social y la paz, Arcadi Oliveres, introduce motivos de preocupación. Afirma que el rechazo a la población inmigrante ha estado siempre presente en la sociedad española, «pero con la crisis ha aumentado». Hoy, el 80% de la población se opone a la presencia de inmigrantes en España. ¿Cómo acabar con estos prejuicios? Primero, «hay que saber historia», señala Oliveres. «La historia de la humanidad es la historia de las migraciones: españoles en América hace 500 años y hace 50 en Suiza, Alemania o Francia. El 90% de la población irlandesa emigró en el XIX por el virus de la patata . Es algo que ha ocurrido siempre».
Según el profesor de Economía Aplicada, «también hay que saber de demografía». Nuestra población está fuertemente envejecida, según las cifras de la ONU, añade. La Fundación de Estudios la Caixa, recuerda Aracadi Oliveres, señala que España necesitará en el futuro 250.000 inmigrantes nuevos al año; además, si se mira «en sentido egoísta», la población inmigrante aporta 6.000 millones de euros a nuestro favor cada año, subraya el intelectual y activista. Otro factor en el que insiste es el cultural. En mi caso, «ser catalán es ser un poco de muchos sitios; nuestro país es fruto de todos los pueblos que nos han visitado».
Tras las ponencias, algunas mujeres de varios colectivos han relatado sus experiencias en la construcción de alternativas. Pilar Pérez, de la Asociación Mujeres Pa’lante de Barcelona, cuenta cómo hace cinco años emigró a España desde El Salvador, y entró a trabajar en un domicilio particular. «Allí hacía todas las labores de la casa, pero sin derechos ni horarios; es una realidad muy triste por la que pasan muchas mujeres y que, por miedo, no van a asociarse en su vida; nosotras siempre estamos en crisis», explica esta madre soltera, que trabajó durante cuatro años en el citado domicilio.
Apunta alguna alternativa Isabel Ochoa, de la Asociación de Trabajadores del Hogar de Bizkaia, que nació en 1985 para la defensa de sus derechos. «Es muy importante asociarse y formar grupos de presión», señala. En otras palabras, «meter miedo». Resume la labor de su colectivo: «Reclamamos ante el servicio de conciliación, el juzgado de lo social y en la calle, pero también ponemos carteles en la empresa o domicilio del empleador, si la ocasión lo requiere». A juicio de Isabel Ochoa, la nueva legislación sobre trabajo doméstico, aprobada en tiempos de Zapatero, tiene cosas positivas, «pero hay que ver si efectivamente se cumple; en muchas cuestiones, no. Por ejemplo, muchas trabajadoras discontinuas no han sido dadas de alta en la seguridad social; también es una barbaridad que el 30% del salario pueda pagarse en especie».
Carolina Elías, del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) de Madrid, pone el énfasis en la noción de «trabajo decente» para todos y todas. En el caso de las trabajadoras domésticas, defiende «su equiparación con el resto de trabajadores en el régimen general de la seguridad social. Es decir, la igualdad de derechos para todas las trabajadoras domésticas». Con este objetivo, SEDOAC se ha sumado a la «Campaña 12 para 12», que pide derechos y protección para los trabajadores y trabajadoras del hogar, así como el cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que apunta en la misma dirección. Mientras, «muchas mujeres continúan explotadas y esclavizadas». «Al sistema económico actual no le interesa que las trabajadoras de hogar cuenten con derechos básicos», remata. Pide, además, cambios en la nueva legislación que regula el trabajo del hogar.
«Mujeres, migración y cuidados» son los tres ejes de COOMIGRAR. Dos miembros de esta cooperativa, Cecilia Maturana y Luz María Arias, explican sus objetivos: la profesionalización del oficio del cuidado; la dignificación de las condiciones de migración de las mujeres y fortalecer la capacidad organizativa de las mismas. La iniciativa se desarrolla a caballo entre Alicante y Valencia (en el estado español), y Risaralda (Colombia). La cooperativa ofrece servicios de cuidado y acompañamiento profesional a población adulta, niños y jóvenes, hogares e instituciones.
Concluye el foro que «la crisis, unida a los recortes de la Ley de Dependencia y la reforma de la Ley de Empleadas del Hogar ha expelido a muchas mujeres a situaciones de desempleo y a mayor precariedad laboral en general». Frente a ello, «se hace necesaria una reorganización del sistema económico donde la economía no se reduzca a los mercados, que provoque una revolución de las relaciones de género, con incidencia definitiva en la estructura socioeconómica». Es decir, cambiar los valores del capitalismo -la competitividad y el individualismo egoísta- por otros basados en la solidaridad. Por la economía de los ciudados.
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