El periódico solidaritéS (Suiza) ha conversado con Anna Gabriel, ex-diputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) en el Parlamento Catalán, y ahora en el exilio en Suiza, para que nos cuente qué ha pasado este último año en Catalunya, así como el comienzo del juicio a lxs representantes institucionales del gobierno de la Generalitat […]
El periódico solidaritéS (Suiza) ha conversado con Anna Gabriel, ex-diputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) en el Parlamento Catalán, y ahora en el exilio en Suiza, para que nos cuente qué ha pasado este último año en Catalunya, así como el comienzo del juicio a lxs representantes institucionales del gobierno de la Generalitat y a los lideres de la ANC y Omnium Cultural, por el Tribunal Supremo.
SolidaritéS: Recuérdanos qué ocurrió el 1 de octubre de 2017.
Anna Gabriel: El primero de octubre es un día en el que ocurren varias cosas, pero sobre todo es un día en que uno de los conflictos más serios que tiene el Estado español cristaliza y sus imágenes dan la vuelta al mundo. El día 1 se celebró un referéndum de autodeterminación, que pretendía preguntar a la ciudadanía si deseaba constituirse en república, independiente del Reino de España. Pero es un referéndum que se celebra en condiciones de absoluta excepcionalidad, no solo por la actuación policial de ese día, que deja más de 1000 heridos, y que todos conocemos, sino porque durante los meses anteriores ya se habían clausurado centenares de webs, se habían registrado departamentos del gobierno catalán y detenido a 14 altos cargos, se habían presentado querellas penales contra la Mesa del Parlamento, se habían prohibido actos políticos y confiscado material de difusión del referéndum en imprentas o mientras la gente encartelaba en sus pueblos. O, por ejemplo, se había sitiado policialmente nuestra sede en Barcelona durante más de 8 horas y sin orden judicial.
El día 1, finalmente, la gente salió a defender los colegios electorales y las urnas con tanta dignidad porque sintieron que si no lo hacían, avalaban todas las vulneraciones precedentes; las del derecho de reunión, de manifestación, de expresión y de participación política. Sintieron que lo que estaba en juego era su voto sobre la independencia, pero otras muchas cosas más.
S.: En esas fechas proclamasteis la Republica Catalana. ¿Qué balance haces de esta experiencia?
A. G.: Creo que una de las posibilidades que ha comportado trabajar por la constitución de una república catalana, que es obvio que en este momento no es una realidad material, es que abrimos el abanico de todos los sueños. Y quiero insistir en este punto porque el debate existente en Catalunya durante estos años era también un debate sobre la sanidad, la educación o el ejército. Una parte importante de la población, que ve en el Estado español y en sus poderes una falta de voluntad de dar respuesta a la crisis económica, a la corrupción o a la perdida de soberanía económica y financiera, ve en la constitución de una república catalana posibilidades de abrir debates constituyentes sobre multitud de cuestiones. En los últimos años la consciencia critica, la sensibilidad social, el respeto por la pluralidad o la voluntad de trabajar por unas relaciones mundiales alejadas de las invasiones militares, ha crecido. Por lo tanto, y aunque la situación sea de auge de la derecha y la extrema derecha, y de discursos beligerantes y de odio, las personas republicanas, que nos sentimos herederas de la República que combatió contra el golpe de estado fascista de 1936, seguimos pensando que luchar por la república y contra el fascismo, siempre vale la pena.
S.: Observando desde fuera de Catalunya se tiene la idea que quien domina la acción politica hoy día en Catalunya es el gobierno de Madrid. Tú, ¿qué opinas?
A. G.: El Estado español es un Estado fuerte a nivel diplomático, es un Estado que controla la administración, con aliados económicos y financieros, también internacionales, muy influyentes. Es un Estado, además, que cuenta con un poder judicial que acepta instruir causas penales contra actores políticos, pero también sociales, culturales o educativos. La situación es de mucha excepcionalidad desde el punto de vista democrático y del estado de salud en que se encuentran los derechos civiles y políticos. Pero también es una situación en la que mucha gente adquiere conciencia de que solo una solución democrática puede resolver la situación.
S.: Este 12 de febrero comenzó el juicio contra 10 representantes del gobierno catalán y los portavoces de ANC y Omnium Cultural, que están actualmente en prisión desde hace un año. ¿Por qué este juicio?
A. G.: El Fiscal General del Estado preparó una querella criminal contra el gobierno y toda la Mesa del Parlament de Catalunya. La acusación era de rebelión y sedición. Unos días antes, el 16 de octubre, ya habían encarcelado a los dos presidentes de la ANC y de Omnium Cultural, esta última una asociación que cuenta con 160.000 personas asociadas, alegando que hubieran podido cometer esos delitos por el hecho de invitar a la gente a movilizarse en las calles. Pero es que además en el proceso judicial, y esto es un aspecto diferencial de la justicia española, como acusación particular está también Vox, el partido político que recientemente consiguió representación en el Parlamento andaluz y que mantiene posiciones de extrema derecha. Esta misma semana ha sido invitado al Parlamento europeo de la mano del partido Ley y Justicia de Hungría, un partido que dice literalmente que «la inmigración puede traer a Europa pandemias erradicadas», o que hay que derogar la ley contra la violencia de género. Pues bien, esta formación es parte de la acusación, junto con la fiscalía y la abogacía del Estado, y pide 74 años de cárcel para estos presos y presas políticas. Ese juicio es la derrota de la sociedad ante sus propios retos. Ese juicio es la consecuencia de la irresponsabilidad de muchos dirigentes políticos del Estado que durante décadas han dicho que la unidad de España no se discute. Así que ese juicio es un despropósito. Por eso algunas defensas y personas acusadas tienen claro que van a aprovecharlo para ser ellas quien acusen al Estado de todos los atropellos de derechos fundamentales que se están produciendo en nombre de la unidad de España.
S.: ¿Qué errores piensas que ha cometido la izquierda radical independentista en este proceso?
A. G.: Seguramente muchos; si no se reconocen errores, difícilmente se puede intervenir en política con honestidad y, por lo tanto, difícilmente se puede seguir diciendo que se es de izquierdas. Diría que no supimos prever que el Estado y buena parte de los actores políticos principales invertirían todo el esfuerzo en generar división identitaria. El independentismo no se distingue, justamente, por fundamentos identitarios, y en cambio han conseguido que parezca que el conflicto es entre dos mitades. Ese es el relato oficial, de forma permanente: en Catalunya hubo un golpe de Estado, los responsables del referéndum son criminales y son responsables de un enfrentamiento civil. Esa guerra ideológica, mediática, de esa magnitud, no la supimos prever, por lo tanto, quizás no estuvimos atentas a la realidad que se generaría. También diría que quizás no fuimos suficientemente explícitos respecto a la represión que habría. Seguramente porque la gente vivía con tanta, tanta ilusión el hecho de poder votar y poder decidir que insistir tanto en la represión y en el dolor que esta podría causar en la gente no era fácil, y quizás no lo hicimos lo suficiente. También añadiría que podríamos haber hecho una campaña de difusión internacional mucho más intensa. Pero de lo que partidos contrarios al referéndum piden que digamos que fue un error, convocar el referéndum, no puedo aceptarlo. Nunca puede ser un error poner urnas.
S.: Y ahora, ¿qué piensas que hay que hacer?
A. G.: Pues yo creo que seguir pensando que luchar por la consecución de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, vale la pena. Seguir luchando porque todavía no ha habido ningún argumento razonable que indique que un referéndum no puede ser una buena forma de conocer cuál es el apoyo real a la independencia. Y es que desde nuestra perspectiva, solo la confrontación con el Estado nos permite además plantear alternativas a nivel económico. En el marco de la monarquía parlamentaria del Estado, por su propia génesis -y eso requeriría de mucho más espacio para ser analizado-, hay pocas opciones de gestar un sistema económico más justo, que genere menos desigualdades. Es por tanto importante nuestra alianza con las izquierdas de ámbito estatal, que muchas veces han tenido una posición, a nuestro entender, muy centralista: no os vayáis del Estado y ayudadnos a construir uno más de izquierdas. Nuestra respuesta siempre era: ayudadnos con la república, que es la mejor manera de democratizar el Estado y sentar unas bases que permitan, a su vez, generar otros marcos económicos que el sistema actual no permite.
Hay quien puede pensar que lo que deberíamos hacer es olvidarnos de todo lo que ha sucedido y esperar a si algún día 2/3 partes del Congreso español deciden cambiar la Constitución española de 1978 y ese artículo que plantea que la unidad de España es indisoluble. La respuesta es que nosotros no luchamos por establecer un nuevo marco territorial. Nosotros queremos contribuir a un mundo más justo, queremos poner la vida en el centro y deseamos establecer marcos jurídico-políticos que respondan a las necesidades de las mayorías y no de las elites. Nada de esto es posible en el seno del Estado español, desgraciadamente, porque la pulsión hacia el autoritarismo está aún demasiado presente. La república catalana no sé si sería feminista, por ejemplo, pero sé que como mínimo un proceso constituyente para definir las bases constitucionales desde una perspectiva de género sería posible. Es ya mucho más de lo que tenemos y es algo a lo que no podemos ni debemos renunciar.