El acuerdo no preserva el sistema público de pensiones, sino que lo recorta Mientras la patronal, la banca y el Gobierno alaban la llamada «responsabilidad de los dirigentes sindicales», el Pacto Social ha caído como un jarro de agua helada sobre las familias obreras. El miedo ha atenazado a los dirigentes sindicales y, dando la […]
El acuerdo no preserva el sistema público de pensiones, sino que lo recorta
Mientras la patronal, la banca y el Gobierno alaban la llamada «responsabilidad de los dirigentes sindicales», el Pacto Social ha caído como un jarro de agua helada sobre las familias obreras. El miedo ha atenazado a los dirigentes sindicales y, dando la espalda a los cientos de miles que fuimos a la huelga general el 29 de septiembre, han decidido la peor de las rendiciones, la de aceptar la derrota sin lucha. El anuncio del acuerdo entre el Gobierno, la CEOE y las direcciones de UGT y CCOO, es una mala noticia para el conjunto de los trabajadores. Primero porque es falso que preserve el sistema público de pensiones, lo que hace es condenarnos a la inmensa mayoría de los trabajadores a tener pensiones míseras en el futuro. Segundo, porque facilitará nuevos ataques a los derechos de los trabajadores. Y este recorte se hace con el aval de los líderes de CCOO y UGT que aceptan las tesis de la patronal y el Gobierno. Izquierda Unida tiene la responsabilidad de decir que estos dirigentes se equivocan y que hay otra política posible, que pasa por defender con valentía los derechos de los trabajadores.
Dicen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo que «las reformas son necesarias (…) para garantizar la calidad de las pensiones y preservar sus niveles de protección en el futuro como consecuencia del reto demográfico y financiero que deben afrontar». El hecho es que la calidad de las pensiones no se garantiza, sino que empeora: la jubilación se retrasa a los 67 años, que para jubilarse a los 65 habrá que cotizar 38 años y medio, que para alcanzar el 100% de la jubilación habrá que cotizar 37 años -en lugar de los 35 actuales-, y que el cálculo de la pensión se hará contando con 25 años en lugar de 15. En otras palabras, se «pacta» que la mayoría de los trabajadores (jóvenes, mujeres, inmigrantes, precarios…) están condenados a tener pensiones míseras y a jubilarse a los 67 años.
Tampoco se garantiza la «sostenibilidad del sistema», al contrario. El acuerdo prevé revisar de forma automática el sistema cada 5 años para, en función del aumento de la esperanza de vida, ajustar automáticamente la pensión, lo cual avisa de futuros recortes. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, manifiesta que la «reforma se debe aprovechar para crear el espacio necesario para que se reduzcan las cotizaciones sociales», avisándonos de que la patronal y los «mercados» propiciarán nuevas reducciones de las pensiones.
¿Qué conclusión puede sacar un trabajador ante estos hechos si no que sus dirigentes se rinden? ¿Para qué sirvió la huelga del 29S? No es de extrañar que la patronal y el Gobierno estén contentos, han conseguido lo fundamental de lo que pretendían, recortar las pensiones y forzar a los trabajadores con más recursos a suscribir planes de pensiones privadas con los bancos. Y con el respaldo de los líderes de los dos principales sindicatos.
No es verdad que la sociedad no tenga recursos suficientes para mantener en el futuro un sistema público de pensiones digno. De lo que se trata de es de cómo se reparte la riqueza que millones de trabajadores generamos con nuestro trabajo diario, y con este Pacto Social se garantiza que los pensionistas recibirán menos mientras las grandes empresas y las grandes fortunas ganarán más dinero.
Pero los recortes no terminan aquí. Esta claudicación envalentonará aún más a la patronal, mientras siembra el desconcierto y el desaliento entre los trabajadores, alentando la idea de que la lucha no sirve y de que es inevitable que los asalariados aceptemos estos sacrificios para salir de la crisis. Méndez y Toxo han decidido volver a su postura de diciembre de 2009, cuando escribían en la prensa que las huelgas generales son inútiles frente a la crisis. Y se equivocan. La obligación de los dirigentes sindicales es decir la verdad al conjunto de los trabajadores: estos sacrificios sí que son inútiles para la causa obrera, la única vía que hay es la de la lucha y esa es la que deberían estar preparando.
IU, que atesora el mérito se ser la única fuerza parlamentaria de ámbito estal que ha manifestado su oposición a este acuerdo, debería haber sido más exigente públicamente con los dirigentes sindicales, presionándoles para seguir la lucha y emplazándoles a fraguar una alternativa política capaz de derrotar a este Gobierno y cortar el paso al PP, un auténtico Frente de la izquierda. Y se equivocaría si ahora exculpara a los dirigentes sindicales. Hay que llamar a las cosas por su nombre, denunciando que han actuado mal y deben cambiar de política. UGT y CCOO fallan a la clase obrera al darle un balón de oxígeno a este Gobierno, y avalando su política de recortes le animan a continuar con ella. Es más, están debilitando a UGT y CCOO, al movimiento obrero, pues alejan a los trabajadores, y a los jóvenes en particular, todavía más de sus sindicatos ya que, tras este acuerdo sólo pueden sentirse abandonados por quienes deberían representarles.
El Gobierno se las promete muy felices pensando que con el Pacto puede minimizar el desgaste electoral que supone estar aplicando una política de derechas, que se están «reconciliando con sus bases sociales». Pero no puede haber tal «reconciliación» con semejante práctica. Mientras sigan haciendo lo que exigen los bancos en lugar de lo que beneficia a los trabajadores, lo único que propician es la abstención del voto de izquierdas y una victoria de la derecha. La patronal es la única que realmente se frota las manos.
Muchos trabajadores puede que acepten el Pacto, pero no porque estén de acuerdo con él, sino con resignación porque no ven alternativa y no se la dan los primeros que deberían hacerlo, sus dirigentes sindicales. IU no debe temer quedarse sola, debe denunciar la política del Gobierno y exigir a los dirigentes sindicales que rectifiquen y retomen el camino de la lucha. No sólo en la calle y en los puestos de trabajo, hay que derrotar a estas políticas en las urnas. La obligación de los dirigentes sindicales no es apuntalar a este Gobierno, sino pelear por fraguar una alternativa capaz de derrotarlo y, al tiempo, frenar al PP. IU debe exigírselo y llamar a la continuidad de la lucha. Es también una forma de dejar meridianamente claro que las propuestas de IU no son un mero reclamo electoral, sino que tienen la voluntad sincera de defender los intereses de la clase trabajadora hasta las últimas consecuencias.
Lamentablemente, no parece que las direcciones de UGT o de CCOO vaya a rectificar. Si se mantienen en su actual línea, a las tareas de aquellos que luchamos por transformar la sociedad se suma una muy urgente: generar una oposición interna en ambos sindicatos que defienda los intereses de nuestra clase en lugar de los de la patronal, y que esté dispuesta a luchar por nuestros derechos, pues estos dirigentes quedan descalificados por su cobardía.
Alberto Arregui es miembro de la Presidencia Federal de IU, Jordi Escuer de la Presidencia Regional de IU-Comunidad de Madrid y Jesús Mº Pérez García, del Consejo Político Regional de IUCM
Fuente: http://nuevoclaridad.es/revista/index.php/estado-espanol/313-los-dirigentes-de-ugt-y-ccoo-se-equivocan
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