Mientras la Audiencia Nacional ha rechazado la creación del sindicato OTRAS, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior aparecen asociaciones de empresarios dedicadas a los prostíbulos.
«¿Quiénes formarían la patronal, los proxenetas?», se preguntaba irónicamente Nuria González, presidenta de la organización L’Escola A.C., a finales de agosto, después de que saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado la inscripción del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). A mediados de noviembre, la Audiencia Nacional revocaba los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales, pero, sin embargo, sí existen -y siguen existiendo- asociaciones de empresarios de clubes de alterne.
A día de hoy, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior figuran dos organizaciones de empresarios bajo la denominación de «alterne». Una de ellas es La Associació catalana d’empreses de clubs de alterne, conocida como Aceca o Acla, y con domicilio social en Barcelona. Esta asociación se registró en 2003 y tiene como presidente a Tomás Penas, propietario del show-girls New Aribau, en la misma ciudad, según publicaba La Vanguardia. Aceca, que agrupa a empresarios que gestionan 40 locales de alterne, nació con el objetivo de impugnar una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona poco antes que restringía las condiciones que debían reunir los locales de alterne. La normativa iba a suponer el cierre del 90% de los clubs, según denunciaba entonces Penas. Uno de ellos era el que él regentaba, cuya clausura había sido demandada por los vecinos de la zona.
Uno de los abogados que daban asesoramiento legal a Aceca, al menos hasta 2007, es Alex Garberí, que en 2009 estaba imputado en el marco de un caso sobre corrupción policial y proxenetismo -del que fue absuelto en 2015- relacionado con los clubes Riviera y Saratoga, en Castelldefels. Garberí era también abogado en este caso, en el que fue condenado el empresario de clubes de alterne Antonio Herrero Lázaro a un año y once meses de cárcel, aunque posteriormente se rebajó la pena a una multa de menos de mil euros. Herrero Lázaro es también propietario del club Pipo’s, en Orihuela (Alicante), y del Club Flowers, en Madrid, contra el que una de las trabajadoras sexuales presentó una denuncia por las malas condiciones de trabajo, en marzo de este año, apoyada por el colectivo Hetaira.
Otro de los empresarios al frente de Aceca es Oriol Gessé, secretario de la asociación entre los años 2003 y 2010, según aparece en su perfil de la red social LinkedIn -visualizado a 26 de noviembre-. Gessé alertaba en 2007, desde Aceca, de que, si se cierran los locales, las prostitutas trabajarán en la calle. Este empresario dirigió varios negocios relacionados con el ocio y la administración de edificios, objetivo social tradicionalmente aplicado a los locales de alterne, como Instituto Indalo SL -entre 2002 y 2004-, o los hoteles por horas Love Hotel, bajo la nominación jurídica Luztal 177 y Luxtelo 123, entre los años 2005 y 2014. Actualmente aparece como administrador único de una sociedad llamada Noukuve2017.
La otra entidad que aparece actualmente en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior es la Asociación de Clubs de Alterne de IBIZA (ACAI), cuyo presidente es Adriano D’Indio, propietario del club Infraganti. D’Indio, que en 2015 arremetió contra los taxistas y los locales de alterne sin licencia, aparece actualmente como apoderado en una sociedad llamad Prats Ibiza 2011.
Clubes de alterne y extrema derecha
Pero la asociación de empresarios de clubs de alterne que más eco ha tenido es Anela, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne. Según publicaba en su día la revista Molotov -antecesora de Diagonal y El Salto-, esta asociación nació en abril de 2001, afirmando que representaban a 200 locales de todo el Estado. Como secretario general, hasta 2011, aparece José Luis Roberto Navarro, impulsor de la plataforma de extrema derecha España 2000 -que compartía local con Falange en Valencia- y jefe de la empresa Levantina de Seguridad, que también se ocupaba de los servicios de seguridad privada en varios de estos locales y que ha sido denunciada varias veces por agresiones en discotecas.
Como presidente de Anela figuró Pablo Mayo Sampedro, de Ourense y propietario del club El Romaní, el más grande de Valencia hasta que fue cerrado y el recinto vendido para ser usado como geriátrico en 2014. Como socio fundador aparece también Balbino García Caruel, propietario del club L’Estel, de Bellvei del Penedés, uno de los tres locales donde los Mossos d’Esquadra realizaron en 2009 una redada contra una trama de trata de mujeres. El Periódico publicaba en ese mismo año de García Caruel habría pagado la fianza de 12.000 euros impuesta a un guardia civil acusado de narcotráfico. Otro de los fundadores de Anela, Juan Rueda Salto, propietario del Club Changó, fue condenado por proxenetismo, según publicaba La Directa en 2011.
El caso Mesalina
Dos años después de que naciera Anela, la Asociación Nacional de Empresarios Mesalina intentó registrarse como tal, pero la Dirección General de Trabajo lo impidió, dando paso a un proceso judicial conocido como caso Mesalina que, con la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2004 -también citada en la sentencia de la Audiencia Nacional del caso OTRAS-, asentaría la jurisprudencia sobre la existencia de asociaciones empresariales de clubes de alterne y la negación a la relación laboral entre las trabajadoras sexuales y los establecimientos.
Mesalina tenía su sede social en Mocada, Valencia, y se definía como una asociación dedicada a proveer y gestionar locales hoteleros destinados a ofrecer «servicios o productos» a terceras personas «que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia». El depósito de sus estatutos, ya confirmados por el Tribunal Supremo, apareció publicado en el BOE el 31 de enero de 2005. En el anuncio aparecían como promotores de la asociación Costantin Craciun -en representación de Espacol 2000, SL,empresa dedicada a la gestión de espectáculos-, José Manuel Amela García -en nombre y representación de Hostelería Kasmi Castellón, SL-, Mercedes Pardo Navarro -en representación de Joviana Global, SL- y Juan Antonio Rodríguez Hevia -en representación de Malva y Rosa Negocios, SL-.