Concha tiene 70 años y párkinson. La medicación que toma para paliar esta enfermedad crónica dejó de ser efectiva a finales de este año. El pasado mes de enero en el hospital madrileño de La Paz le propusieron, como última opción, una operación con un implante cerebral que mejoraría su situación. La intervención, que estaba prevista para marzo o abril, no llegó a realizarse. “A mí nadie me dio ninguna explicación y en este impasse llegaron a no saber de qué médico dependía mi caso”, relata ella misma a este medio.
Esta adversidad no fue la única a la que tuvo que enfrentarse Concha, diagnosticada con párkinson desde hace ocho años, tras el estallido de la pandemia. Estos meses ha visto como se cancelaban la rehabilitación prescrita a causa de una tendinítis en un hombro -solo pudo ir un día- y el servicio de fisioterapia del Ayuntamiento de Madrid al que también acudía. Aunque su enfermedad no tenga un desenlace fatal, asegura que estos meses sin recibir el tratamiento adecuado la han convertido en una persona completamente dependiente. “Yo no me muero, pero mato a los que tengo a mi alrededor”, lamenta. “He trabajado durante toda mi vida. Tengo derecho a una mínima calidad de vida, soy algo más que un vegetal”, reclama.
Ahora Concha, tras reclamar al Servicio de Atención al Paciente, ha recuperado sus revisiones quincenales con el neurólogo y espera que la operen por fin en noviembre. La operación dependerá de nuevo de la situación sanitaria el mes que viene en Madrid.
El caso de Concha no es particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que con la pandemia ha empeorado la atención a los tratamientos contra el cáncer y las enfermedades crónicas en todo el mundo. Según alertó la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en julio, en España siete de cada 10 pacientes sufrió la cancelación de las consultas que tenía programadas antes de la crisis de la covid-19. Los últimos datos de mayo del Ministerio de Sanidad reflejan que la lista de espera para una cirugía alcanzaba las 704.997 personas, 36.709 casos más que el año anterior.
El viernes de esta semana Jóvenes Pensionistas lanzaban una campaña a través de las redes sociales bajo el hashtag #AtencionCronicosYa para exigir la atención sanitaria a enfermos crónicas y personas dependientes. Las quejas que reciben desde esta plataforma provienen de todas las comunidades autónomas y por eso han reclamado por escrito tanto al Ministerio de Sanidad como a las consejerías de las comunidades autónomas que pongan fin a esta desatención.
“Las cirugías prácticamente se han anulado, solo se han mantenido las oncológicas y aún así vemos mucho retraso. No se están haciendo pruebas ni revisiones y no se está consiguiendo contactar con el centro de atención primaria por la vía telefónica, cuando se nos desaconseja acudir al hospital por nuestras patologías”, señala la portavoz de esta plataforma, María Ángeles Poveda. “Los crónicos estamos abandonados”, añade.
Con la pandemia se ha pasado a priorizar lo apremiante, pero tras varios meses los enfermos crónicos y las personas dependientes alertan de lo insostenible de esta situación, con una sanidad pública “cada vez más diezmada” y muchos sanitarios “de baja” por la situación vivida. “El problema viene de atrás. Hay muchísima gente con enfermedades crónicas abandonada a su suerte. No tenemos queja de compañeros facultativos y sanitarios, pero las órdenes son que no haya citas presenciales a no ser que sea urgente”, explica Marta Serrés, portavoz de la Plataforma d’Afectades por l’ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas).
Llegar a la consulta de un médico especialista se complica en tiempos de covid-19, y esta falta de acceso es un lastre mayor para quienes sufren enfermedades crónicas. Serrés relata como en Catalunya, aunque le constan situaciones similares en otras comunidades, los enfermos crónicos están siendo atendidos por médicos de familia, pero les cuesta mucho ser derivados al especialista. “A mí me han recetado un cambio en la medicación muy fuerte. Yo he pedido que me hagan una analítica y mi médico está conmigo y me deriva, pero el sistema me lo niega”, relata. Y si el especialista además no está claro peor aún. El 94% de las personas con enfermedades raras ha visto interrumpida su atención por la pandemia, según la Federación Española de Enfermedades Raras (FEER).
La vía administrativa, también paralizada
Las pensiones por incapacidad que necesitan las personas con enfermedades crónicas se han estancado, denuncian desde Jóvenes Pensionistas. “Desde marzo se han paralizado todos los juicios, revisiones y resoluciones por incapacidad, todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, explica Poveda. “Además, las peticiones que vemos que han sido resueltas son negativas”, añade.
En el caso del ICAM -organismo que se encarga de realizar las inspecciones por incapacidad en Catalunya y que desde PAICAM acusan de “tener unos criterios economicistas”- no se están concediendo citas, asegura Serrés. Esto ocurre aunque los enfermos lleven tanto tiempo de baja que la empresa haya comunicado ya que se desatiende, añade. “Detectamos que ni en Catalunya, Madrid, Andalucía o Aragón hay voluntad de cambiar y mejorar el sistema”, analiza.
“Mucha gente no está cobrando nada y está en una situación muy desesperada porque no puede trabajar”, señala Poveda. “Sabemos de situaciones muy duras. Hay quienes tienen que elegir entre comer y pagar la medicación o entre pagar su vivienda o la medicación”, añade. Ya de partida el 75% de los pensionistas jóvenes, como Poveda, cobra tan solo 550 euros al mes, el 55% de la base reguladora, una cantidad que corresponde a la incapacidad laboral total. Llueve sobre mojado en el caso de las personas dependientes y enfermos crónicos que lanzan la voz de alerta por tener su salud y su economía al límite.