Los promotores del manifiesto militar franquista no son unos nostálgicos y menos aún unos ingenuos, pues han desarrollado su carrera después de la llamada Transición y muchos de ellos han alcanzado los más altos puestos de confianza del gobierno del Reino de España y del rey. La mayoría, si no todos, pertenecen a la Orden […]
Los promotores del manifiesto militar franquista no son unos nostálgicos y menos aún unos ingenuos, pues han desarrollado su carrera después de la llamada Transición y muchos de ellos han alcanzado los más altos puestos de confianza del gobierno del Reino de España y del rey.
La mayoría, si no todos, pertenecen a la Orden de San Hermenegildo, cuya máxima autoridad es el rey. Por si fuese poco, uno de ellos ocupa un puesto de alta dirección en Eurodefense y un almirante fue nada menos que Jefe del Cuarto Militar del Rey, un cargo de absoluta confianza que han utilizado históricamente los reyes Borbones para borbonear en las Fuerzas Armadas.
Al igual que los ex generales Armada y Milans del Bosch, todos los generales y almirantes firmantes del manifiesto son monárquicos, muy vinculados a los Borbones, como lo fue el ex general Franco, cuyo padrino de boda fue el rey Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe de Borbón, y lo fueron los ex generales Armada y Milans, cabezas visibles del golpe del 23-F de 1981. Golpe militar monárquico cuyo resultado final proyectó la falsa imagen de un rey salvador, cuando hoy se sabe que en realidad el rey estuvo detrás del citado golpe, con el fin de consolidar su mandato ilegítimo y dar un «golpe de timón» a la «deriva» democrática de la Transición.
El rey felón, Alfonso XIII, padrino de Franco, una vez proclamada la República, huyó al exilio, desde donde negoció la compra de material de guerra con el régimen de Mussolini. ¿Con qué fin?
Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI, se ofreció al ejercito franquista para participar en su guerra de exterminio de demócratas, es decir republicanos, junto a Hitler y Mussolini.
La monarquía reinstaurada por Franco es la del golpe militar del 18 de julio de 1936, pues de ese acto de sublevación militar contra el Gobierno legal y legítimo de la República Española y de su Constitución democrática se deriva jurídicamente el actual régimen borbónico.
Juan de Borbón envió a su hijo Juan Carlos de Borbón y Borbón a «educarse» a las órdenes de Franco.
Franco nombró Príncipe de España y heredero de su régimen genocida a Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Juan Carlos de Borbón y Borbón es proclamado rey por las cortes franquistas, que deciden abrir un proceso de reformas que dieron paso a una «democracia» franquista sin Franco.
Juan Carlos de Borbón y Borbón abdica en su hijo Felipe de Borbón y Grecia para salvar un régimen monárquico en ruinas, sin la menor legitimidad democrática.
Podría pensarse, ingenua o interesadamente, que la modélica transición significó el fin del franquismo, pero estamos viendo que nada es lo que parece. Las Fuerzas Armadas son mayoritariamente monárquicas, por tanto franquistas, pese a lo que han venido afirmando desde la llegada de la «democracia» todos los medios a su servicio y los Gobiernos de turno.
La llamada Ley de Amnistía fue la ley de «punto final» y cortafuegos militar frente a los procesos democráticos que eventualmente pudiesen desarrollarse en la Península, como consecuencia de la Revolución de los claveles en la República Portuguesa.
El sistema monárquico, nacido de la Transición, está diseñado para perpetuar el franquismo, camuflado de monarquía parlamentaria. La bandera bicolor es la bandera de los Borbones, pero también la de la dictadura. Nunca representó al pueblo español. Solo la tricolor -roja, amarilla y morada- fue establecida por un Parlamento salido de unas elecciones constituyentes libres y democráticas.
El régimen no puede reformarse sin renunciar a la monarquía, impuesta por Franco, pues los pactos de la Transición «manu militari» lo hacen inviable.
El núcleo duro del Estado borbónico, en particular sus Fuerzas Armadas, son mayoritariamente franquistas, también la judicatura y otras importantes instituciones.
La Corona, y los poderes que la sustentan, no tolerarán que el franquismo sea erradicado de forma efectiva, pues en él basa su legalidad. De ahí la defensa furiosa de un asesino genocida, es decir asesino en grado superlativo, por parte de sus generales y almirantes, constituidos en autentica guardia pretoriana del monarca.
Es la razón por la que el régimen del 78, procedente del 18 de julio de 1936, no tiene la voluntad política de sancionar con penas severas a los promotores del manifiesto franquista, pues ello equivaldría a condenar el origen ilegítimo de la Corona. Tan solo aplicarán «sanciones» ridículas a fin de proyectar una imagen de nueva «Paz» Borbónica bajo el mandato de Felipe VI.
No es, por tanto, ilógico que el Govern de la Generalitat de Catalunya acuse de franquista al Reino de España.
Tan solo la proclamación de la República, que restituya la legalidad republicana arrebatada por el franquismo borbónico, devolverá a España el prestigio democrático que la dignifique ante el concierto internacional de naciones libres. Y ello es bien fácil, basta voluntad política de hacerlo. Sería suficiente que el Congreso de los Diputados declarase nulos los dos referéndum franquistas de los que pende la Corona.
Intentemos hacer un esfuerzo de prospectiva de lo que lamentablemente puede suceder en esta segunda Transición:
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El Gobierno del Reino de España anuncia su voluntad política de exhumar los restos del dictador.
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Una turbamulta de generales y almirantes, del más alto rango, acompañados de sus conmilitones, lanza un amenazante manifiesto oponiéndose a la exhumación del dictador que alcanza adhesiones de más de 600 militares.
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Un capitán de navío (coronel), antiguo miembro del colectivo Anemoi, apadrinado por un ex JEMAD (nº 2 en la cadena de mando militar; el nº 1 es el rey, según la Constitución) lanza un contramanifiesto oponiéndose al «mini-golpe» contra el Gobierno de su Majestad, consiguiendo la adhesión de 30 militares demócratas, entre ellos algunos miembros activos del Colectivo Anemoi y antiguos miembros de la UMD afiliados al Foro Milicia y Democracia.
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Una relación tan desfavorable de 600 militares firmantes del manifiesto contra la exhumación, frente los escasamente 30 militares demócratas firmantes del contramanifiesto, incluido el ex JEMAD, escenifica el dramatismo del momento.
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Por si fuera poco, el Gobierno abre un expediente a varios de los militares firmantes del manifiesto franquista y también a un valeroso Cabo del Ejército en activo -firmante del manifiesto antifranquista- a fin de mostrar su ecuanimidad.
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Su Majestad Felipe VI firma el Decreto-Ley que le presenta el Gobierno del Reino de España y ordena la exhumación del dictador, erigiéndose en nuevo rey salvador de la «democracia».
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Varios valerosos Cabos del Ejercito y de la Armada, miembros del colectivo Anemoi, firmantes del contramanifiesto, son expedientados.
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Los militares demócratas del contramanifiesto a la vista del éxito deciden disolverse y organizan una cena para celebrarlo. Uno de los comensales se levanta y propone un brindis: «El franquismo ha muerto ¡Viva el Rey!»
Un «déjà vu» ¿no les parece, queridos y queridas lectoras?
Manuel Ruiz Robles. Capitán de Navío (coronel) retirado, antiguo miembro de la Unión Militar Democrática UMD, firmante junto a mis compañeros del contramanifiesto franquista, miembro del colectivo de militares demócratas ANEMOI, de la Asociación Civil Milicia y República ACMYR y del Foro Milicia y Democracia FMD
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