En España, uno de los líderes mundiales en embalses, no existen datos oficiales de cuántos pueblos yacen bajo las aguas ni de cuántas personas han sido desplazadas. Se oculta el dolor que estas construcciones generan
“¡Ojalá esta sea la última vez que nos juntamos para exigir la anulación de Biscarrués!”. El pasado domingo 23 de febrero, decenas de personas se manifestaron en Huesca contra este proyecto de pantano que lleva más de 30 años amenazando las aguas del río Gállego y terrenos de los pueblos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego. El proyecto se encuentra ahora en el Tribunal Supremo, después de que en 2017 la Audiencia Nacional anulara el anteproyecto y la Declaración de Impacto Ambiental de la presa. La apuesta por embalsar agua, lejos de ser una cuestión del pasado, sigue muy vigente en España, con diversos planes sobre la mesa para construir muros de hormigón en caudales de ríos ibéricos.
Con más de 1.200 represas de, al menos, 15 metros de altura, España es el primer país de Europa y el quinto del mundo en número de presas, solo por detrás de gigantes como China, Estados Unidos, la India o Japón. Se trata de una comparativa en términos absolutos. Si la relacionamos con el territorio, es el segundo país del mundo en densidad de diques por kilómetro cuadrado (0,23), solo tras Corea del Sur (0,77), según datos del profesor de la Universitat de València Luis del Romero.
Legitimación del Estado
Aunque la construcción de embalses arranca en el siglo I a.C., con las romanas Proserpina y Cornalvo, en las inmediaciones de Mérida, es durante la dictadura franquista cuando la política hidráulica de construcción masiva de infraestructuras llega a su máxima expansión. Entre 1950 y 1980 se construyeron 581 represas. El apodo de Paco, El Rana, como se conoció a Franco, es bien elocuente. La puesta en marcha de “una verdadera política hidráulica nacional” sirve, según Del Romero, de herramienta útil “para la consolidación y legitimación del Estado-nación en el interior”.
“Ni la historia reciente del país ni su actual configuración física se pueden entender sin tener en cuenta lo que ha significado la intervención sobre el modelo hidráulico y su transformación radical. Durante mucho tiempo, la política hidráulica se ha presentado como la máxima expresión de la política correcta que el país necesitaba, jugando un importante papel en la legitimación del Estado”, escribe en un artículo el catedrático de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral.
Así, para el investigador Lino Camprubí, “la construcción del Estado no es solo de afectos o imaginaria, como se suele decir, sino también una construcción física”. De hormigón. Y ahí las paredes que se construyeron para embalsar el agua de los ríos son más que visibles. “Para que esta expansión por la geografía española fuera posible, los científicos e ingenieros que la promovían explotaron y desarrollaron a la vez los recursos del Estado. Solo así se entienden las enormes redes de pantanos y canales que se construyeron en aquellos años. Los productos técnicos asumían de este modo un papel político”, recoge en su libro Los ingenieros de Franco.
La preponderancia de esta estrategia hidráulica ha ido, sin embargo, más allá de la dictadura. “Nos sacó la democracia; el agua, no. Aguantamos con Franco, pero con Felipe, a la calle”, lamenta Toni Garcés, natural de Jánovas e hijo del último matrimonio que resistió 20 años en el pueblo oscense. Fue también con gobiernos del PSOE cuando se llenó el pantano que arrolló Riaño, en la provincia de León.
Los impactos no contados
El llamado ‘desarrollo’ así como el aumento de la productividad agraria son rápidamente esgrimidos a la hora de resaltar los beneficios de los pantanos. Preguntarse por los impactos negativos implica una búsqueda más ardua, porque este lado de la balanza ha estado desequilibrado e incluso invisibilizado. No en vano, la Comisión Mundial de Presas (WCD, por sus siglas en inglés) denunció que es habitual que se carguen los impactos sobre poblaciones y territorios empobrecidos, mientras los beneficios se concentran sobre las regiones y los sectores sociales más enriquecidos y desarrollados. Este organismo, compuesto por miembros de la sociedad civil, integrantes de la academia y del sector privado, asociaciones profesionales y representantes de gobiernos, tuvo una corta vida. Solo estuvo en funcionamiento entre 1997 y 2001.
“Hay gente que no sabe, que no quiere saber o que no ha querido saber. Y eso se une al interés del Estado por ocultar lo que en guerra se llaman ‘daños colaterales’ y por mostrar solo la bondad de esas obras: que producen energía, regadíos, que aumentan la riqueza… Se cuidan mucho de ocultar el lado amargo y triste de eso, que hay mucha gente a la que le joden la vida para siempre”, señala el escritor Julio Llamazares, nacido en un pueblo que está hoy bajo las aguas, Vegamián.
Para la consultora en gobernanza de agua Nuria Hernández-Mora, no es maniqueo establecer ganadores y perdedores cuando se habla de proyectos hidráulicos: “Ganan las zonas con más capacidad de desarrollo, las que tienen más músculo político; incluso dentro de determinadas regiones, aquellos actores que pueden influir o que tienen más acceso a los ámbitos de toma de decisión y de poder. Pierden aquellos que están en las zonas más deprimidas. No es accidental: si se analiza dónde están las centrales nucleares, dónde están los almacenes de depósitos nucleares, de dónde salen las grandes infraestructuras y dónde se construyen, es siempre en las zonas deprimidas, aisladas, de montaña o rurales con grandes despoblaciones. La idea es llevar los recursos a las zonas más boyantes”.
El crecimiento de los grandes centros urbanos, como Madrid o Barcelona, demanda enormes cantidades de energía que provienen en gran parte de las centrales hidroeléctricas, recuerda Del Romero: “El mundo rural, ya deprimido desde antes de la Guerra Civil, es quien recibe la mayor parte de las externalidades negativas de este modelo: abandono forzoso de pueblos, pérdida de tierras fértiles por inundación de cubetas sedimentarias, pérdida de biodiversidad y de paisajes, alteración de la estructura territorial, etc.” Como botón de muestra, el libro de Camprubí recoge órdenes de cómo debían coordinarse la producción de electricidad en los pantanos hidroeléctricos aragoneses para que la producción alcanzara sus picos en las horas punta de consumo eléctrico en las industrias de Barcelona.
Eva Muñoz Buisán, nieta del otro matrimonio que resistió en Jánovas durante años, resume lo que vivieron las familias: “Entre Bilbao y Barcelona había un enclave que tenía oportunidades para embalsar agua y producir electricidad. Así que hicieron presas, mandaron a la gente a las ciudades como obra de mano barata y esa luz la llevaron allí y les hicieron pagar. Se puede dar el caso de que alguien en la ciudad pague por la electricidad que se produce en el pantano de su pueblo, de donde se le ha expropiado. No fue fortuito el hecho de que el Pirineo se regulara con saltos hidroeléctricos. Querían embalses y naturaleza”.
El desarrollo rural implica muchas veces que los habitantes locales, quienes gestionaban el territorio, pierdan poder sobre el mismo en favor de fuerzas externas, resume el experto en transformaciones de medio rural Cristóbal Gómez. Y añade: “El desarrollo no se ve casi nunca desde la perspectiva de pérdida de control, porque aparentemente apunta a lo contrario, pero en la práctica es una pérdida de control de las poblaciones locales de su propio entorno”. Los autores del libro Extremadura saqueada, Mario Gaviria, José Manuel Naredo y Juan Serna,hablaban ya de “robo” en 1978 para denunciar que la energía hidroeléctrica producida en la región iba a parar a Madrid y a Sevilla. “Todo lo hemos sacrificado, con resignación cristiana, por estimar que la riqueza que se obtendrá redundará en beneficio de la patria, al ser una obra de alto interés nacional”, exclamaba por aquel entonces Julio Arroyo, habitante de la hoy ahogada Talavera la Vieja, en Cáceres.
Ausencia de datos
¿Cuántos pueblos han sido inundados por pantanos?, ¿cuánta gente perdió sus casas, sus pueblos, sus tierras y su vida por la anegación de un territorio?, ¿se ha hecho justicia de este desarraigo?, ¿existe siquiera un relato sobre la construcción de pantanos, más allá de contarlos como casos aislados?, ¿cómo viven hoy esas personas?, ¿han logrado enraizar nuevamente? Su sacrificio esconde decenas de matices, intereses y procedimientos opacos. Es el “dolor oculto de los pantanos”, que diría el catedrático de Geodinámica e Hidrogeología Javier Martínez Gil.
A pesar de las muchas preguntas, apenas la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la del Segura (CHS) ofrecen datos del número de personas desplazadas y de los pueblos anegados. En concreto, la CHS afirma que no se ha inundado ningún pueblo, “solo pequeñas edificaciones”, si bien aseguran no disponer de datos concretos de personas. En la CHE cifran en 13.000 las desplazadas por todos los embalses que afectan a la cuenca del río más caudaloso. La Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases (Coagret) estima que solo en Aragón las afectadas directamente son unas 12.000. Ante la imposibilidad de acceder a los expedientes de expropiación, la fragilidad de las cifras es evidente.
Los únicos guarismos estatales que se manejan son los de la estimación realizada por Ecologistas en Acción: bajo las aguas han desaparecido, al menos, 500 pueblos. Santiago Martín Barajas, uno de los expertos de esta organización, explica que “es una estimación a la baja, menos seguro que no hay”. Esta cifra lleva a determinar que el número de personas desplazadas ronda las 50.000. “Hay webs de la Administración que dicen que ha habido unos 26.000 desplazados, aunque creemos que son más, dado que estos procesos llevan una serie de años en los que la zona en concreto deja de desarrollarse y la gente deja de invertir y se va antes. De ahí que, solo en el siglo XX, hablemos de 50.000 desplazamientos, cuando la población española no era la de ahora, sino mucho menor. Sorprende la ausencia de datos, pero es así. Ni tesis, ni informes; ni el Ministerio lo tiene”, añade.
La falta de estadísticas y la vaguedad de los cálculos no son únicamente un problema local. La Comisión Mundial de Presas concluyó que era imposible determinar el número de desplazamientos provocados por las casi 50.000 grandes presas construidas a lo largo del siglo XX en todo el mundo. La estimación que más se maneja a la hora de cuantificar a quienes perdieron sus casas y sus pueblos por inundación directa oscila entre los 40 y los 80 millones de personas. Una cantidad o el doble. Es decir, ni idea. Pedro Arrojo, uno de los mayores expertos en políticas de aguas en el mundo, lo califica de “holocausto hidrológico” y habla de “desconocimiento e invisibilidad del dolor humano”.
Sacrificio y desmemoria
“Venga, os marcháis, que se va a hacer un pantano. Y tienes que dejarlo todo. Porque, ¿te vas a llevar a un piso las cosas del campo? Nada. Venga, a marchar. Y yo no me voy de Jánovas hasta que no nos saque el agua”. Francisca Castillo, integrante del último matrimonio que resistió en Jánovas y que falleció el pasado verano, reflexionaba hace un año sobre lo que supone abandonar un pueblo y un modo de vida. Jánovas nunca se construyó, pero las casas fueron dinamitadas para evitar que la vecindad volviera.
La lucha continúa vigente, ahora como reivindicación por una reversión justa de los terrenos. “Aquello fue una vergüenza. Ya que hay que abandonar el pueblo, por lo menos que se pague a la gente decentemente; y en cambio los echaron de manera forzosa y dándoles cuatro perras”. Los recuerdos de Indalecio sobre el desalojo de Talavera para construir el embalse de Valdecañas en el río Tajo han sido recogidos en una investigación de Manuel Trinidad.
“Si una población se tiene que sacrificar en beneficio de la colectividad nacional, deben ser personas muy bien indemnizadas. Y las indemnizaciones han sido siempre muy cicateras: solo pagaban por el valor de las casas y a veces eran tierras muy marginales. Y si una persona tiene que cambiar su vida, no solamente se le puede valorar el valor de sus tierras y casas, hay unos bienes inmateriales que hay que valorar y eso no se ha hecho nunca. Se pagaba mal y tarde”, sostiene Gómez.
En la novela Distintas formas de mirar el agua, Julio Llamazares narra cómo afectan los recuerdos de un pueblo ahogado a los miembros de una familia. El escritor y periodista, que reporteó sobre el violento desalojo de Riaño, lleva años entrevistando a personas desahuciadas por pantanos: “Es algo que les ha cambiado de tal forma la vida que siguen viviendo en ello, pasan los años y siguen con la memoria ahogada”. Y matiza: “Te lo puedes imaginar, pero hasta que no oyes testimonios de gente, no te das cuenta de lo que realmente significa”.
Simón Pardo llevaba varios días angustiado porque no sabía adónde ir. Las crónicas de la época recogen que este vecino de Riaño se suicidó tras conocer que su casa iba a ser demolida. Otra mujer sufrió un infarto y falleció al recibir la carta de desalojo, recoge también la prensa de entonces. La ausencia de lugares de memoria o de memoria en sí es otra de las páginas opacas de esta historia de ‘desarrollo’ y de desarraigo. “Cuantas menos huellas de lo que supone la construcción de un embalse queden a la vista, mejor. Y por eso es una de las páginas más desconocidas de la postguerra, del franquismo y de la democracia”, reflexiona el escritor. “No hay una voluntad de recordar, ni por lo menos de guardar la memoria histórica de esos lugares. La de los pantanos es una página doblemente ahogada”, finaliza Llamazares.
Las entrevistas forman parte de una investigación realizada por los autores durante 2019.