Representantes políticos que abarcan la mayor parte del espectro vasco y personalidades de ámbitos dispares de la sociedad han suscrito una declaración en la que consideran un «anacronismo» el juicio que arrancará el jueves en la Audiencia Nacional española contra Udalbiltza. Alertan de que ha llegado la hora de «pasar página, rectificar y acabar con […]
Representantes políticos que abarcan la mayor parte del espectro vasco y personalidades de ámbitos dispares de la sociedad han suscrito una declaración en la que consideran un «anacronismo» el juicio que arrancará el jueves en la Audiencia Nacional española contra Udalbiltza. Alertan de que ha llegado la hora de «pasar página, rectificar y acabar con este contrasentido», y solicitan la absolución para los veintidós procesados en el sumario.
En vísperas de que arranque el juicio contra la primera institución nacional del país, una amplia representación de personalidades de ámbitos muy diversos de la sociedad vasca han reclamado la absolución para los veintidós procesados en el «caso Udalbiltza». Todos y cada uno de ellos consideran que ha llegado la hora de «pasar página, rectificar y acabar con este contrasentido».
Conocidos cargos de formaciones tan dispares como PSN y PSE, PNV, Aralar, Alternatiba, EB, EA y la izquierda abertzale; delegados sindicales de CCOO, ELA y LAB; y personalidades de la cultura, de la educación y de organismos sociales han puesto su rúbrica en una declaración en apoyo a los ciudadanos vascos que pasado mañana se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional española por la labor ejercida en Udalbiltza tras ser elegidos democráticamente en las urnas.
El salón de un hotel donostiarra repleto de rostros conocidos sirvió de escenario para la presentación del manifiesto, de la mano de la bertsolari Maialen Lujanbio y del meteorólogo Pello Zabala. Los firmantes, independientemente de su posición en torno al proyecto de Udalbiltza o ante los avatares que rodearon su división en el año 2001, estiman que «difícilmente se puede negar que Udalbiltza fue una iniciativa destinada a generar y desenvolverse en un escenario de paz en que las fuerzas políticas intervendrían por medios exclusivamente democráticos».
Similitudes con «Egunkaria»
Los firmantes, así como las decenas de personas que acudieron al acto de ayer, observan similitudes entre este caso y el de «Egunkaria» «tanto en la naturaleza acusatoria original como en la carencia probatoria de la acusaciones».
Trajeron a colación el contexto político que se vivía en 2003, año en el que se produjeron las operaciones policiales contra «Egunkaria» y Udalbiltza, para recordar que «el impulso político se hacía evidente detrás de la intensa actividad judicial desplegada en torno al caso vasco».
La declaración alerta de que «el anacronismo de esta herencia» se hace más patente a día de hoy, a las puertas del juicio, y considera que, como ocurriera en el «caso Egunkaria», «sin impulso político no hay base probatoria», ante lo que solicitan la absolución para todos y todas las procesadas. «Sin pruebas en las que sustentar la acusación, sólo cabe esta demanda», se subraya en el texto.
Los firmantes creen que esta demanda, a la que dan voz con su firma, concita una «amplia y plural» adhesión en el espectro político y social vasco.
Tras la lectura de la declaración, fue el letrado de la defensa Kepa Landa quien tomó la palabra para advertir de que nos encontramos de nuevo ante un macrosumario que «no se corresponde a lo que debería ser un procedimiento penal».
Un detalle significativo de ello es, a juicio del abogado que ha participado en juicios similares, que no existan imputaciones concretas contra ninguno de los acusados. «No se les juzga por lo que han hecho, sino por lo que son», apostilló Landa antes de afirmar que este tipo de procesamientos se dan en el «típico derecho penal del fascismo».
El juicio que echará andar pasado mañana en el tribunal especial español prescinde, a ojos de Landa, de la realidad. Tras recordar que la asamblea nacional de electos nació en 1999 convocada por 1.800 concejales y alcaldes del país, insistió en que es «tal el absurdo de la acusación que se defiende que todo es un acto organizado por una banda armada».
El letrado detalló ante los medios la conexión existente entre los distintos aparatos del Estado en un entramado de esta índole. Por un lado, indicó que es la Policía la que «prepara unos informes a la medida de lo que quiere presentar como realidad»; en segundo lugar, «están los jueces que instruyen dando forma a lo que dicen los informes»; y el último elemento es «la acusación, personada por unos fiscales y unas acusaciones que se limitan a llevar a juicio los informes de la Policía». «Siempre la Policía, siempre los aparatos del Estado creando una realidad», aseveró trasmitiendo cierto hastío.
Este tipo de macrosumarios acarrea, según el abogado, «una vulneración sin fin de derechos y de garantías de los procesamientos penales». Como punta del iceberg, Landa comentó el caso omiso que se le hace al principio de legalidad ya que, a juicio de la defensa, «ni si quiera hay ley que ampare la acusación» que pesa sobre los imputados.
Reiteró que a ninguno de los 22 imputados se les achaca hecho concreto alguno, por lo que la acusación está sustentada en «la extensión de un tipo penal, bajo la teoría de `todo es ETA'». «La ley ya no es la ley, es como la quieran interpretar», sentenció Landa.
El letrado también se refirió al «drástico recorte» que la Sala presidida por el juez Javier Gómez Bermúdez ha realizado a los elementos que pretendía plantear para la defensa. En concreto, el tribunal no ha dado el visto bueno a ninguna prueba documental y sólo ha admitido a 20 de los 140 testigos propuestos por la defensa, vetando a todos los representantes del ámbito internacional.
La defensa considera que este veto significa que la Audiencia Nacional busca «un juicio rápido sin repercusión». Algo difícil desde su punto de vista, porque sostuvo que Udalbiltza «no puede ser juzgada por que es una realidad que no van a parar con un procedimiento penal».
Por el contrario, teme por la situación en la que puede quedar el derecho a la actividad política, y es que considera que este derecho se ve «atacado y criminalizado» en este sumario; «son los postulados de Udalbiltza los que quieren impedir y anular», advirtió.