La medida de gracia para los nueves independentistas catalanes es en los hechos un favor condicional que según algunos juristas traerá dolores de cabeza más adelante. La medida es un bálsamo para la imagen del Estado ante la Unión Europea, ya que la judicatura local recibe un varapalo tras otro desde Luxemburgo y Estrasburgo.
“El Estado no nos ha podido aguantar un sólo día más en la cárcel”, clamó el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, al salir de la prisión de Lledoners gracias a las medidas de gracia del Gobierno de coalición. En esas 14 palabras resume una idea que navega entre amplios sectores del independentismo: que los indultos, además de una operación política, han sido una gran operación de propaganda de España sobre sí misma.
Los “indultos” —los llamaremos así para abreviar palabras pero técnicamente no son tales— han sacudido el mapa político español, activado a la derecha y ultraderecha y dado un respiro al soberanismo más moderado, a la denominada “vía Junqueras”. El que padece los principales costos es el Gobierno —habrá que ver las encuestas por venir— y cosecha un enfrentamiento tácito con el Tribunal Supremo.
Así el panorama, cada vez se hacen más evidentes las intenciones del PSOE, como partido de Gobierno que aspira a continuar unos cuantos años más en La Moncloa, en enviar un guiño a los socios de la Unión Europea y a la prensa internacional y también a los tribunales de Estrasburgo —de Derechos Humanos— y Luxemburgo, máximo órgano judicial supranacional de los países miembros.
De hecho, el jueves pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo desde Bruselas una capciosa frase que parecía más una declaración de intenciones: señaló que ninguno de los jefes de Gobierno le había mencionado el asunto de los indultos y que ese silencio demostraba el “profundo respeto” y “confianza” a la democracia española. “Este es el mensaje que, sin decirlo, se traslada al no plantarse esta cuestión ni formal ni informalmente”, concluyó, como si alguien creyera que él admitiría en público recibir comentarios informales sobre el tema.
Desde La Moncloa han filtrado a los grandes medios españoles su satisfacción por la repercusión internacional de la medida de gracia. La operación de marketing, debe decirse, fue un éxito, con los grandes periódicos globales congratulando la decisión de La Moncloa, entre ellos, el Financial Times, The Washington Post, The Guardian y Le Monde. Un aliciente tras una semana negra para la judicatura española y la imagen del Estado en el exterior.
“La medida es un reconocimiento de culpa”
“Merci”, se le oye decir al otro lado del teléfono al experimentado jurista Gonzalo Boye. Se lo dice al taxista que lo ha dejando en el aeropuerto de Bruselas. Conversa telefónicamente con El Salto luego de mantener una mañana de reuniones con el president cesado Carles Puigdemont en Waterloo.
“Creo que los indultos lo que hacen es venir a reconocer que aquí ha habido una indebida judicialización de la política. La justificación de la concesión es intentar solucionar un problema político que bajo ningún concepto quedó solucionado por las vías que se pusieron”, afirma. Además, debido que el caso de los ahora expresos acabará en el TEDH de Estrasburgo y preguntado si los indultos impactarán cuando eso ocurra, Boye considera que “el hecho que el propio Estado haya restaurado o reparado previamente, es un reconocimiento de culpa”.
Preguntado si las medidas de gracia, además de la presunta búsqueda de “concordia” y mano tendida al soberanismo, son una operación de propaganda para blindar al Estado frente a Europa, responde: “Creo que sí, puede ser lo que pretenden, pero no es lo que van a conseguir. Ellos están reconociendo que hubo desproporcionalidad en las penas. Y que por mucho que criminalizan, reconocen que había que ir al perdón para instalar un clima social de convivencia. Se supone además que esto es lo que el derecho hace”.
“Esto no ayuda en nada al Poder Judicial español, de hecho han salido en tromba a quejarse de todo, las altas instancias al menos. Y próximamente se vienen las sentencias del TEDH y del Tribunal de Justicia de la UE (Luxemburgo) en el tema del suplicatorio y la demanda de inmunidad sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí. Estos temas se van a resolver allí y que a nadie le queden dudas que va a resolverse a nuestro favor, y será en torno a fin de año y principios del próximo”, añade.
Más a largo plazo, Estrasburgo resolverá los recursos presentados por los expresos, “en el que se tendrá muy en cuenta el informe de la Asamblea Parlamentaria del Tribunal, que es rotundo, así como el informe de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias”.
“Creo que Sánchez lo que trata es de proteger la marca España frente a actuaciones del poder judicial español. El que ha arrastrado a esta situación es el Supremo, que han tratado a la política de delictiva. Creo que los indultos —la forma en que se hicieron— están bien estructurados y son difíciles de revocar”, opina.
Con respecto a su defendido, recuerda que las medidas de gracia “no le afectan” y que Puigdemont, Comín y Ponsatí podrán volver a territorio español “cuando se resuelvan los temas a nivel europeo, antes no se podrá, porque la judicatura española siempre intentará impedirlo”.
“La española es una judicatura que tiene una agenda política. Me parece bien que sea autónoma del poder político, pero lo que sucede es que ellos van presionando a los gobiernos, encarcelando o presionando. Hay que recordar lo que sucedió en 2018, cómo impidieron y encarcelaron a varios elegidos para ser president de la Generalitat —caso de Puigdemont, Jordi Sànchez y Josep Rull—. Los jueces han tenido un papel muy claro en temas políticos y han interferido”, subraya.
Sobre qué opiniones escucha él en Bruselas y Europa en general, de juristas internacionales y políticos sobre la situación judicial en España, asegura: “En general, lo que hay, más que sorpresa es preocupación porque las altas instancias de la judicatura nunca hayan transitado a un terreno democrático. Mientras el 2 de noviembre del 2017 encarcelaban a los líderes independentistas, el día 5 en Bruselas dejaban en libertad a Puigdemont —que se había presentado espontáneamente— por entender que no había riesgo ni necesidad de una medida tan gravosa; por dar un ejemplo”.
Varapalo tras varapalo
El único estamento europeo que le dio una buena noticia al Estado español fue el Parlamento Europeo, cuando por una votación muy dividida admitió que Puigdemont y Comín pudiesen perder su inmunidad. Desde los órganos en los que la diplomacia de La Moncloa no puede influenciar, las noticias suelen ser adversas. La semana de los indultos tal vez fue de las peores.
En la víspera de las medidas de gracia, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa —órgano político, ya que el Consejo es liderado por los jefes de Gobierno— aprobó una resolución con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones en la que reclamaba el indulto a los independentistas condenados, la reforma del Código Penal en lo referente a los delitos de sedición y rebelión, así como la suspensión de los procedimientos de extradición pendientes.
Aunque el documento —redactado por el letón Boriss Cilevics— constata que se violó la legalidad española, califica a las penas impuestas de “desproporcionadas”. Como destacó Boye, este informe —que sufrió varias modificaciones antes de su aprobación— es oficial, considerado jurídico y será tenido en cuenta en los procesos de Estrasburgo. Es por ello que el CGPJ español explotó de furia y emitió un comunicado diciendo que “deplora” las recomendaciones europeas porque lo considera una injerencia a su trabajo y recalca que los soberanistas “no fueron condenados por sus ideas y por la libre expresión de las mismas”.
Pero unas horas antes de esta noticia sobre la calidad judicial española hubo otro golpe a la judicatura desde Europa, no tan promocionado en los grandes medios al ser un caso particular y de sucesos de hace una década: el caso de la condena al político independentista vasco Tasio Erkizia. El TEDH condenó al Estado y ha anulado la sentencia contra Erkizia.
El dirigente abertzale había sido condenado por presunto enaltecimiendo del terrorismo por haber participado de un acto de recuerdo a un miembro de ETA durante los tiempos previos a la Transición. El TC español ratificó la condena y el recurso de Erkizia llegó a Estrasburgo, que ahora obliga al Estado a indemnizarle con 6.000 euros al considerar que el abertzale estaba ejerciendo su libre derecho de expresión.
Aún hay más, pero ya desde las instancias mediáticas, seguramente las que más le duelen al Gobierno: el caso del Tribunal de Cuentas y su proceso contra el exconseller Andreu Mas-Colell. El economista no es un soberanista más. Fue jefe de la cartera económica en tiempos de Artur Mas, pero es un personaje de prestigio internacional que, a las puertas de quedar en bancarrota por la sentencia del Tribunal de Cuentas, ha despertado una fuerte solidaridad internacional.
De hecho, esta semana firmaron más de 33 premios Nobel de Economía y 20 renombrados economistas una carta pública de apoyo a Mas-Colell, expresando su “profunda preocupación” por este proceso, que puede acabar con la incautación de todos sus bienes, al sindicado como responsable de la ejecución de los presupuestos catalanes. El órgano de Cuentas, que no es parte del Poder Judicial y tiene autonomía para fiscalizar las cuentas del Estado, va a por quienes facilitaron recursos no sólo para la organización de los referéndums —el de 2014 y 2017—, sino por la estrategia de Diplocat, la diplomacia de la Generalitat. Hay 40 ex altos cargos procesados.
Libertad condicional
La hiperventilación política que han provocado las medidas de gracia no se ha escapado a algunos juristas, y menos que menos al independentismo, que los indultos no son tales y que son muy restrictivos, con baches legales que podrían traer consecuencias complejas que empeoren, más que subsanen, el escenario político.
Dos juristas de renombre, como Joan Queralt y el exmiembro del Supremo y Premio Nacional de Derechos Humanos 2006, José Antonio Martín Pallín, han señalado estos problemas en artículos publicados en El Nacional y La Vanguardia.
Con diferentes palabras, recalcan que a los nueve soberanistas no se les ha indultado de forma irrevocable el tiempo de pena de prisión remanente sino que se les ha sometido a un régimen de suspensión de la pena condicionado a la no comisión de delitos graves. Algo que se asemeja más a un favor de un juez basado en buena conducta que a una histórica decisión política y apuesta por la conciliación.
Martín Pallín, además pide una “rectificación” en los reales decretos de las medidas de gracia por un problema que avizora ante la “deficiencia de técnica jurídica”: la marcha atrás de los mismos ante una eventualidad. Poco se ha hablado de la trampa política que supone esa suspensión condicionada de la pena.
Al estar la medida de gracia supeditada a la no realización de un “delito grave”. Los reales decretos no excluyen los delitos que se puedan cometer por imprudencia grave y existen delitos imprudentes que permiten imponer penas superiores a los cinco años, algo que el Código Penal considera “delito grave”.
Blanco sobre negro: si uno de los beneficiarios de las medidas de gracia cometiera un delito que nada tuviera que ver con la política, como ser el de conducción temeraria de un vehículo, o el de homicidio por imprudencia, entonces un juez —sí, de vuelta a la judicatura— podría darle un castigo tal que implique la revocación automática de los indultos.
Esa es la preocupación que señalan varios juristas, Martín Pallín el de más renombre de ellos. En su artículo en que reclama por modificar los textos de los indultos apela al sentido común: “No se trata de elucubraciones sino de realidades que pueden darse en la vida diaria de cualquier persona. Son hechos que darían lugar a la revocación del indulto y la vuelta a la casilla de salida”.
La necesidad de mostrar un poco de dureza frente a los indultados y no verse carcomido por la crispación de la derecha política y mediática han hecho que La Moncloa ponga en marcha unas medidas de gracia que son una bomba de tiempo por su ambigüedad. Europa, el soberanismo, la judicatura, la derecha, el hartazgo pospandemia, demasiados frentes. Lo único que le faltaría al Gobierno, y a toda España, es un accidente de mala suerte que vuelva a foja cero unos indultos que han sido tan difíciles de parir.