En una Carta Abierta, que será entregada a Mariano Rajoy y a los miembros de las Cortes, denuncian la falta de estabilidad del sector y anuncian una futura fuga de cerebros multigeneracional
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), CC.OO. (I+D+i), la Federación de Jóvenes Investigadores y la plataforma de Investigación Digna han consensuado una Carta Abierta que será entregada al Presidente del Gobierno y a los miembros del Congreso y del Senado. En ella, los investigadores piden a sus destinatarios que eviten «una nueva reducción de la inversión en I+D+i» como se viene haciendo desde 2010 en contra de lo recomendado por la Comisión Europea. En aquel año, 2010, la reducción de la inversión en I+D+i fue del 4,2%, mientras que en 2011 llegó al 7,38% respecto al año anterior. Para 2012 se prevé una disminución del 8,65%, situación que «dañaría a corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación español y contribuiría a su colapso».
Por otro lado, España se encuentra por debajo (1,35% del PIB) de la media de la Unión Europea (2,4%) en cuanto a inversión en I+D+i se refiere y muy por debajo del objetivo establecido en la Estrategia de Lisboa (3%). Mientras los países que están siendo rescatados reducen su inversión -que en ningún caso llega a la media del 2,4%-, los motores de la economía europea, Alemania y Francia, aumentan la dotación presupuestaria para la investigación. A diferencia de estas potencias, España presenta una política de I+D+i cíclica, cambiante en función del panorama político y económico, situación que denuncian los investigadores al considerar que hace «más vulnerable al país cuando peor está la economía, cortando vías para su recuperación».
El espejismo de la Ley de la Ciencia de 2011
En mayo de 2011, las Cortes españolas aprobaban por mayoría absoluta (con un 99% de votos a su favor en ambas Cámaras) la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Mediante este «Pacto de Estado tácito», el poder político se comprometía a priorizar la inversión, el desarrollo y la innovación. Así lo contempla el Preámbulo de la citada ley: «El modelo productivo español se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovaciñon como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible».
Los investigadores creen que es el momento oportuno, a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, para que los políticos refrenden aquel compromiso alcanzado hace menos de un año. No obstante, las previsiones no son nada positivas, ya que se baraja una posible reducción del 8,65% en la dotación presupuestaria para I+D+i. El propio Consejo Europeo ha advertido de las perniciosas consecuencias para la competitividad de este tipo de medidas de tipo restrictivo para la investigación, desarrollo e innovación. En su memorándum de 2 de marzo de este año, el organismo europeo confirmó a la «investigación y la innovación como motores del crecimiento y el empleo» y puso de acuerdo a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión en que «la estrategia europea de crecimiento y su respuesta integral al reto actual (…) requiere un impulso de la innovación, investigación y el desarrollo (…), componentes vitales de la futura competitividad y desarrollo de Europa».
Por todo ello, y con motivo de la inestabilidad a la que se encuentra sujeta la ciencia española, los investigadores consideran que la inversión en I+D+i «debe ser estable e independiente de ciclos políticos y económicos» y ponen como ejemplo los casos antes citados de Alemania y Francia, quienes van a aumentar en un 5% y en 35.000 millones de euros, respectivamente, su dotación a la inversión en I+D+i para los próximos años.
Fuga de cerebros multigeneracional
Los investigadores advierten de una próxima fuga de cerebros multigeneracional de personas con edades comprendidas entre los 25 y 45 años mientras se corre asimismo el riesgo de «cauterizar la vocación de niños y adolescentes» en un futuro cercano. Para formar a un «capital humano de calidad» son necesarias varias «décadas de formación». La situación actual de la ciencia es desalentadora ya que el sector privado «no puede aprovechar y absorber a investigadores altamente cualificados» por lo que el investigador de calidad ya formado durante varias décadas en España «se ve en la obligación de emigrar o dejar la investigación». En unos años, denuncian los investigadores, España no tendrá «más remedio que importar científicos». Por ello, «si España no toma medidas urgentes para conservar el capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado cambio en el modelo económico«.
En su Carta Abierta, los profesionales de la ciencia esperan del Ejecutivo que sea consecuente con la Ley de Ciencia de 2011 y que priorice al sector de la investigación. Así, si bien el reciente Real Decreto-Ley 20/2011 de Medidas urgentes para la corrección del Déficit Público (31 de diciembre de 2011) establece que «la contratación de personal se restringirá a los sectores que se consideren prioritarios», el Preámbulo de la Ley de 2011 otorga carácter prioritario a la I+D+i. Por ello, los investigadores consideran que el Real Decreto-ley «permite reactivar el empleo público en I+D, indispensable para fortalecer las instituciones de investigación». Pero una cosa es que lo «permita» y otra que lo vaya a llevar a cabo. Sin ir más lejos, la previsión de oferta de empleo público para este sector durante este año 2012 es de 0 plazas. Los investigadores se quejan del grave descenso de oferta pública de empleo en el sector desde el año 2007. Ese año el número de plazas para nuevos investigadores fue de 681. Para 2008, 2009, 2010 y 2011, el número descendió a 589, 106, 50 y 55, respectivamente. Si se tiene en cuenta que la edad media del investigador es de 53 años y que las plazas por jubilaciones no se recuperan, nos encontramos ante una «situación insostenible».
Por ello, la Carta Abierta de la ciencia española solicita al Gobierno, de cara a la promoción del empleo en el sector, que incluya a la I+D+i dentro de los «sectores prioritarios» a los que se refiere el Real Decreto-ley. Solo así podrá darse validez práctica al Preámbulo de la Ley de la Ciencia 2011 y solo así se podrá ser coherente con las propias palabras del ministro Luis de Guindos en el Congreso el pasado 21 de febrero: «vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora».